Los ministros de Interior de los 28 celebran este jueves otra reunión urgente y extraordinaria en respuesta a los atentados de Bruselas. Su objetivo es mostrar solidaridad con Bélgica y reiterar su determinación común de hacer frente a la amenaza terrorista del Estado Islámico.
Pero más allá de las buenas palabras, los desacuerdos institucionales, la desconfianza y la lentitud en la toma de decisiones han bloqueado durante meses, incluso años, la mayor parte de las medidas antiterroristas de la Unión Europea para combatir el yihadismo. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha lamentado este miércoles que la UE sólo reacciona a golpe de atentado y que todavía no se comparte suficiente información entre los servicios secretos de los estados miembros.
Estas son las principales medidas antiterroristas que la UE aún no ha tomado.
El registro de datos de pasajeros aéreos
Los líderes europeos lo consideran un instrumento imprescindible para detectar a los yihadistas que viajan a combatir a Siria e Irak y a los que regresan para cometer atentados en Europa. Este registro existe ya en Estados Unidos desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. De hecho, la UE ha firmado acuerdos con EEUU, Canadá y Australia para ceder los datos de los pasajeros comunitarios que viajan a esos países. Pero todavía no cuenta con un registro propio (PNR, por sus siglas en inglés).
La Comisión Europea presentó una propuesta legislativa para crear un PNR europeo en febrero de 2011. Los Gobiernos la apoyaron, pero la Eurocámara la bloqueó durante muchos meses alegando que ponía en riesgo la intimidad y la protección de los datos de los pasajeros. Tras los atentados contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo y los ataques del 13-N en París, el Parlamento flexibilizó su postura. El acuerdo entre los eurodiputados y las capitales se cerró en diciembre del año pasado. Pero todavía no se ha votado en el pleno, último paso para que entre en vigor. Para presionar a los gobiernos, la Eurocámara quiere que se apruebe al mismo tiempo que la nueva directiva sobre protección de datos. Eso podría retrasar el trámite a mayo.
La directiva para reforzar los controles sobre las armas de fuego
Esta norma tiene como objetivo prohibir totalmente las armas semiautomáticas para uso civil. Aquí las culpas del retraso están compartidas. La Comisión presentó su propuesta en noviembre del año pasado, pese a que Francia la venía reclamando desde los atentados contra Charlie Hebdo hace más de un año. Sin embargo, las negociaciones entre los gobiernos también se han atascado. Algunos países, como Finlandia, piden mayor flexibilidad por razones culturales. En particular, para que las armas semiautomáticas puedan seguir siendo utilizadas por cazadores.
La norma para penalizar el adiestramiento pasivo de terroristas
Aquí la responsabilidad vuelve a ser del Ejecutivo comunitario. España, por ejemplo, reclamó ya en 2013 que todos los países de la UE castiguen con penas de cárcel el adiestramiento pasivo o el viaje con fines terroristas. Muchos estados ya lo han hecho siguiendo las instrucciones de Naciones Unidas. Pero Bruselas no lo propuso hasta diciembre del año pasado. Las capitales ya han alcanzado un acuerdo sobre la legislación, que ahora sólo debe ser ratificada por la Eurocámara.
El plan de acción contra la financiación del terrorismo
Ha sido una de las prioridades de Francia desde Charlie Hebdo. Pero también aquí la Comisión ha reaccionado con lentitud y sólo puso un plan encima de la mesa el pasado 2 de febrero. Una de las medidas estrella, retirar los billetes de 500 euros, muy utilizados por terroristas y gran delincuencia organizada, ni siquiera depende de los ministros, sino del Banco Central Europeo. Su presidente, Mario Draghi, ha adelantado que podría tomar una decisión en mayo.
El refuerzo de los controles fronterizos
Es una medida que reclama el Gobierno de París desde hace más de un año para blindar las fronteras exteriores de la UE y detectar el regreso de yihadistas europeos desde Siria. Se trata de obligar a los estados miembros a controlar a todos los ciudadanos que entren en el espacio Schengen, tanto los extracomunitarios como los comunitarios. Sus documentos deberán ser escaneados para ver si figuran en alguna base de datos de personas buscadas. Tras resistirse durante meses, Bruselas planteó esta reforma legal el pasado diciembre. Los gobiernos ya han alcanzado un acuerdo, pero todavía está pendiente de ser aprobado por la Eurocámara.