Punto y final a una de las excepciones más inexplicables de la legislación de Bélgica. La comisión de lucha contra el terrorismo del Parlamento belga ha aprobado este martes por unanimidad el proyecto de ley que autoriza los registros policiales las 24 horas del día. A la norma todavía le queda un trámite más, la votación en pleno después de las vacaciones de Pascua.
En la actualidad, los registros policiales en Bélgica están prohibidos entre las nueve de la noche y las cinco de la madrugada. Esta limitación tiene su origen en una ley de 1967. Ya existen algunas excepciones, por ejemplo, si se está cometiendo un delito en ese momento o en casos de tráfico de droga. La reforma legal añade los casos de terrorismo y también los de crimen organizado cuando existan indicios de posesión de armas, explosivos o sustancias peligrosas.
El fin de la prohibición de las redadas nocturnas es una de las medidas que anunció el primer ministro belga, Charles Michel, el pasado noviembre como respuesta a los atentados de París, en los que murieron 130 personas. Pero han tenido que producirse los ataques de Bruselas del 22 de marzo antes de que la ley se apruebe.
El ministro de Justicia belga, Koen Geens, causó una fuerte polémica en diciembre al sugerir que la prohibición de las operaciones policiales entre las 21:00 y las 5:00 horas permitió escapar a Salah Abdeslam, el único terrorista vivo de los comandos que atacaron París. Dos días después de la masacre, Abdeslam se escondía en un piso del barrio bruselense de Molenbeek y las fuerzas de seguridad belgas conocían su paradero, según su relato. Pero no pudieron actuar hasta por la mañana, lo que dejó al terrorista tiempo para escapar. Tanto el ministro como la fiscalía matizaron después estas declaraciones y aseguraron que en la redada no se habían encontrado pruebas de la presencia de Abdeslam, que no fue detenido hasta el 18 de marzo.
Otras dos leyes aprobadas
El Parlamento belga ha aprobado además otras dos leyes para mejorar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. La más polémica consiste en crear una nueva base de datos sobre terrorismo que sea compartida por todas las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia. Los partidos de oposición han avisado de que esta medida podría aumentar la burocracia en lugar de mejorar la cooperación. Los datos, por ejemplo de los yihadistas que han viajado a Siria, se conservarán durante 30 años, aunque cada tres años se revisará si son útiles.
Finalmente, los parlamentarios han extendido la posibilidad de realizar escuchas telefónicas a los delitos de tráfico de armas.