“Las fuerzas de seguridad me seguían muy de cerca. Me fui a Maastricht [en Bélgica] cinco meses para que las autoridades me olvidaran un poco. Cuando estaba volviendo a mi país el pasado 3 de agosto, me enteré de que lo habían tiroteado y huí a Ruanda. No podía volver a Burundi”. Richard Nimubona ahora vive en Bélgica.
Cuando huyó habían detenido al presidente de la ONG para la que trabajaba. Ahora vive en Bélgica al igual que el presidente de la organización para la que trabajaba en su país, Pierre Claver. A su hijo y nieto los asesinaron después de detenerlo.
Todo comenzó cuando en abril de 2015 los burundeses salieron a las calles a protestar en contra de las intenciones del presidente, Pierre Nkurunziza, de repetir mandato después de las dos legislaturas de cinco años cada una que permite su Constitución. En julio resultó elegido tras un fallido golpe de Estado en unos comicios sin oposición real y después de haber reprimido las protestas violentamente.
Fosas comunes, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desapariciones forzosas, detenciones ilegales, torturas… es la sangrienta ristra de crímenes presuntamente cometidos en este tiempo por las fuerzas de seguridad burundesas y, en algunos casos, por grupos armados de la oposición. Y en todas las denuncias, menos en la primera, coinciden los observadores internacionales.
Lejos de amainar el temporal con el paso de los meses, no hizo más que acrecentarse y hoy Burundi sigue alejándose de la paz. “Las tensiones políticas en el país amenazan con escalar hacia una espiral de violencia con el surgimiento de grupos armados opositores al Gobierno”, ha declarado recientemente el secretario general adjunto del Alto Comisionado, Ivan Simonovic.
Asegura que se cuentan por cientos los asesinados, miles los detenidos, cientos las denuncias de torturas y decenas los desaparecidos. El activista burundés Nimubona cree que las cifras aumentarán tras una investigación internacional independiente.
“Mientras la violencia de 2015 parece disminuir, la violencia encubierta en forma de desapariciones parecen haber aumentado: ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, torturas y desapariciones han tenido lugar durante la crisis, atribuibles al Estado y en algunos casos también a la oposición armada”, completó el enviado especial de la ONU en Burundi para este tipo de casos, Christof Heyns. Son las principales conclusiones de la visita que realizó a principios de marzo una misión de Naciones Unidas al país para examinar la actual situación.
Al menos 250.473 personas han huido del horror burundés en el último año. La mayoría están en Tanzania y Ruanda, aunque todos los países vecinos acogen a refugiados. Es el recuento de Acnur desde que Nkurunziza anunciara sus planes de postularse para un tercer mandato a principios de abril de 2015.
“A muchos los mataron, hay fosas comunes, mi organización tiene pruebas y fotos de 690 muertos hasta febrero de 2016. Pensamos que la cifra [conocida] de muertos aumentaría si tenemos la suerte de que se produzca una investigación internacional”, denunció Nimubona en una reciente visita a Madrid de la mano de Amnistía Internacional. “Pedimos a la comunidad internacional que empiece a actuar para evitar un genocidio como el de Ruanda”.
Evitar que Burundi caiga en el abismo
Esa investigación comenzó en marzo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU espera obtener conclusiones definitivas para septiembre. Uno de los investigadores, Sahli-Fadel, ha confirmado que su objetivo es “ayudar a evitar que Burundi caiga en el abismo”. Simonovic ha pedido investigaciones específicas urgentes sobre las supuestas fosas comunes.
John Ngigi Njuguna es un misionero salesiano afincado en la vecina Ruanda que visita dos veces al mes las misiones de su congregación en Burundi. Él no cree que la situación allí sea comparable al genocidio de Ruanda en los años 90, cuando se calcula que en sólo cinco meses fueron asesinados al menos 800.000 personas, mayoritariamente de la etnia tutsi. Al otro lado del hilo telefónico reconoce que “la gente todavía no puede volver a la vida normal” en las zonas donde están sus misiones, pero después de una ola de asesinatos en diciembre, la situación parecía haber mejorado.
Amnistía Internacional denuncia en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo los “homicidios sistemáticos y otras tácticas violentas generalizadas de las fuerzas de seguridad, y sus intentos de reprimir a la comunidad que defiende los derechos humanos”. Lo que comenzó como un conflicto político está cobrando una dimensión étnica alimentada por los líderes del Gobierno, opina Joanne Mariner, investigadora de Amnistía que el año pasado visitó varias veces Burundi.
“Un polícía nos gritaba: 'acogéis y alimentáis a los combatientes'. Dejad que Kagame [el presidente de Ruanda], Obama y la Unión Africana vengan a salvaros. Los blancos os están mintiendo. Sois terroristas tutsis. Nkurunziza será presidente de por vida. Nadie puede combatir a aquellos en el poder”. Es el recuerdo de un hombre de 30 años y su esposa tras abrir la puerta a un policía después de un tiroteo en su barrio el pasado diciembre, que fue recogido por un informe de Human Rights Watch publicado en febrero.
HRW asegura que mientras los cuerpos sin vida en las calles de Buyumbura, la capital, eran un suceso que se veía a diario durante la segunda mitad de 2015, muchos abusos ahora se cometen a escondidas, con fuerzas de seguridad llevándose a personas de forma oculta sin ofrecer explicaciones. Además, la organización ha registrado una “nueva y alarmante tendencia de secuestros y posibles desapariciones, especialmente desde diciembre”.
Violencia encubierta
Sólo en lo que va de año, se han registrado 20.000 personas más como demandantes de asilo en los países vecinos. El misionero Njuguna explica que aunque tienen una parroquia en Ruanda a 30 kilómetros de la frontera, no han podido acoger refugiados hasta ahora, porque la ley del país les exige ser una ONG para poder hacerlo.
“Si ellos acuden a nosotros, no hay problema. Pero nosotros no podemos abordarlos”, resume mientras explica que están en trámites para convertirse en una ONG para poder cambiar esta situación. “Actualmente no hay una migración masiva. Eso fue el año pasado. Ahora la cuestión está en cómo atenderlos”. Él cree que la tensión de 2015 ha disminuido y “la gente necesita volver a sus casas”.
Sin embargo, su percepción sobre una mayor tranquilidad quizá se deba a la “violencia encubierta” que se está produciendo en los últimos meses, según el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y Human Rights Watch. “Las fuerzas gubernamentales y el partido gobernante están tratando a los supuestos opositores con extrema crueldad y vicio, que podría acrecentar aún más la violencia”, comentó Daniel Bekele, director de HRW en África, a finales de febrero.
Por si fuera poco, los investigadores del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas advierten sobre la difícil situación económica y social que sufre al mismo tiempo Burundi, considerado uno de los países más pobres del mundo. La libertad de prensa es otra de las víctimas del conflicto, con la mayoría de las radios privadas cerradas y sólo un periódico de 37 percibido como independiente. “La preocupación persiste [tras la decisión del fiscal general de levantar la prohibición de algunos medios]”, ha aclarado Simonovic. “Los periodistas están operando en un espacio muy limitado y la sociedad civil está bajo fuertes restricciones”.
El activista Nimubona asegura que muchos defensores de derechos humanos en Burundi se encuentran exiliados, como él y Claver. Y espera que su voz se oiga para que les ayuden a defender a su gente, las personas más infelices del mundo según un informe mundial sobre la felicidad.
El misionero de Ruanda cree que hay posibilidades de resolver pronto el conflicto civil. Al menos una buena señal es la facilidad que al parecer dio el Gobierno burundés a los investigadores de la ONU para acceder a altos cargos oficiales en su primera visita. Hay programados al menos dos más en los próximos meses. Las conclusiones sobre el papel, en septiembre, mientras los burundeses siguen intentando sacar adelante sus vidas.