El fin de la 'era Dilma' parece cada día más palpable. El domingo, la brasileña Cámara de los Diputados aprobó en pleno el proceso de impeachment contra la mandataria. La pelota está ahora en el tejado del Senado, que debe decidir si condenar a la heredera de Lula da Silva al mismo destino que sufrió Fernando Collor de Melo en 1992: la destitución.
El Gobierno de Brasil se ha tambaleado hasta los cimientos en las últimas semanas. El juicio político contra la presidenta avanza inexorable mientras Dilma Rouseff descubre enemigos entre sus aliados. La semana pasada no dudó en tildar a su vicepresidente, Michel Temer, de “golpista” después de que éste se grabara practicando un hipotético discurso de toma de posesión.
El Congreso de Brasil aprueba el impeachment de Rousseff
Los sondeos señalan que la mayoría de los ciudadanos quiere ver a la dirigente petista fuera del Palacio de Planalto. Una encuesta realizada hace unos diez días por Datafolha mostraba que el 61% de los brasileños defiende la salida forzosa de la gobernante, que este lunes compareció para valorar la votación de la Cámara a favor de su juicio político.
"Es muy malo para Brasil que el mundo vea que nuestra joven democracia afronta un proceso con esa baja calidad", aseguró ante la prensa Rousseff, que dice sentirse "triste" con la aprobación del impeachment por parte de la cámara baja del Parlamento. "Se usa la apariencia de un proceso democrático para practicar un abominable crimen, como es condenar a un inocente".
Pero la gestación de esta crisis política e institucional se extiende años atrás.
Tan pronto como Rousseff ganó la reelección en 2014, simpatizantes de su rival en las urnas, Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), salieron a la calle al grito de “impeachment!”. La formación intentó invalidar el resultado de los comicios alegando que Rousseff había financiado su primera campaña en 2010 con desvíos de la petrolera estatal Petrobras, foco de la Operación Lava Jato.
Los esfuerzos del PSDB no cuajaron y Rousseff inició su segunda legislatura entre el creciente descontento social por la desaceleración de la economía y la corrupción acuciante. Por aquel entonces, el escándalo de las llamadas pedaladas fiscales -que motiva el vigente proceso de impeachment- estaba asomando.
El término pedaladas se refiere a maniobras realizadas por el Tesoro sin conocimiento del Congreso presuntamente para maquillar las cuentas públicas y ocultar el gasto de la Administración. El Gobierno admite las maniobras, pero niega que atentaran contra la ley.
Ya en 2015, el escándalo de las pedaladas escaló y el Gobierno se enzarzó en una refriega con el Tribunal de Cuentas, que declaró que el Ejecutivo había violado en la anterior legislatura la ley de responsabilidad fiscal. Mientras tanto, la oposición consideraba impulsar un juicio político contra la presidenta.
Después de haber recibido decenas de peticiones de impeachment, el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, enfrentado abiertamente con Rousseff, aceptó el pasado diciembre una iniciativa basada en la presunta irresponsabilidad fiscal del Gobierno.
Tras un intento fallido en diciembre, la cámara baja brasileña creó una comisión especial para el proceso en marzo compuesta por 65 legisladores. El equipo de diputados realizó un informe favorable a la destitución de Rousseff, que el pasado lunes fue aprobado. El viernes, comenzó el debate en pleno de la Cámara de Diputados sobre el impeachment y el domingo se aprobó el proceso.
El informe de la comisión de la Cámara Baja se sostiene en las pedaladas que el Gobierno habría continuado desarrollando en 2015 -si bien el Tribunal de Cuentas no se ha pronunciado todavía sobre ese año. No incluye las realizadas en 2014 porque corresponden a un mandato anterior, explica Folha de São Paulo, pero abre la puerta a que el Senado las incorpore en su evaluación. Lo mismo ocurre con el caso Petrobras o las denuncias contra Lula da Silva.