Buenos Aires
La Justicia argentina cierra el cerco alrededor de la expresidenta peronista Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por causas de supuesta corrupción, en una versión 'a la Argentina' de la célebre operación 'Mani Pulite' (Manos Limpias), ejecutada en Italia en 1992.
El fiscal Carlos Rívolo imputó el lunes a la ex jefa de Estado en una tercera causa penal. Esta vez es por los delitos de "enriquecimiento ilegal", "falsificación de documentos públicos" y "adulteración de declaraciones juradas". El juez Claudio Bonadio impulsó la acción penal.
Ya en la década pasada, el matrimonio presidencial Kirchner-Fernández había sido denunciado penalmente en la Justicia federal por presunto "enriquecimiento ilegal". Pero dos jueces, Norberto Oyarbide y Julián Ercolini -que ascendió a magistrado durante el periodo kirchnerista- los sobreseyeron.
En la última declaración de la renta que Fernández entregó, en 2014, a la Oficina Anticorrupción -trámite obligatorio para los funcionarios políticos-, reconocía que su fortuna asciende a 64.629.891 de pesos -entonces casi 6,5 millones de euros- en propiedades y metálico. 
Ahora la investigación judicial ha puesto el foco en la sociedad comercial "Los Sauces", que fundaron en 2006 el entonces presidente argentino Néstor Kirchner -fallecido en 2010-, su esposa Cristina Fernández, y los hijos del matrimonio, Máximo y Florencia.
La empresa tenía a su nombre varias propiedades -pisos, casas, garajes y terrenos- en la capital argentina y la provincia de Santa Cruz -cuna de la familia Kirchner-. Y se las alquilaba a los empresarios amigos Cristóbal López y Lázaro Báez, ahora detenido en otra causa judicial.
La diputada que ha realizado la denuncia, Margarita Stolbizer, ha asegurado que esos alquileres eran ficticios. Aseguraba que López y Báez habían pagado "retornos" (comisiones) en devolución por las adjudicaciones de licencias de juego y obras públicas, respectivamente, que les convirtieron en magnates.
"La familia Kirchner, primero Néstor hasta su muerte y después Cristina y sus hijos retiraron como adelantos de dividendos en forma rara, complicada y en algún punto desde lo ilegal: 20.700.000 pesos (1,2 millón de euros)", ha planteado este martes la legisladora.
Báez se encuentra procesado con prisión preventiva por supuesto "lavado de dinero". La Justicia ha descubierto en Santa Cruz que posee 150 propiedades, varias de ellas inmensos cortijos en la meseta patagónica. La prensa crítica de los Kirchner asegura que es testaferro de ese clan familiar.

Las otras 2 imputaciones que pesan sobre la expresidenta

Además de esta causa, Fernández afronta una imputación en la causa denominada "Hotesur", nombre de uno de los hoteles de la familia. Allí también se investigan los alquileres de habitaciones a Báez y su empresa Austral Construcciones, principal adjudicataria de la obra pública.
Y otra causa penal es el supuesto fraude en las operaciones de venta de divisas a futuro, durante los últimos meses de su gobierno. El 13 de abril pasado declaró como imputada en ese proceso y unos 100.000 manifestantes cristinistas se concentraron en su apoyo frente al juzgado.
 
Sin embargo, parece que el juez ya tiene a punto el auto de procesamiento contra la expresidenta y lo puede dar a conocer en los próximos días, según ha adelantado este martes la prensa de Buenos Aires.

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