El gobierno de Hollande se enfrenta este jueves a una moción de censura tras acogerse al artículo 49.3, que le permite adoptar su polémica ley laboral sin consultar a la Cámara.
La reforma de la ley laboral francesa presentada en Consejo de Ministros el pasado 24 de marzo ha suscitado durante las últimas semanas un sinfín de reacciones venidas de todos los ámbitos. Desde la patronal hasta la derecha francesa, que juzgan la norma demasiado tímida para flexibilizar el mercado laboral, hasta los sindicatos y partidos de izquierdas, unidos contra lo que consideran la destrucción del código del trabajo.
El artículo 49.3
El texto ha sufrido desde finales de marzo varias modificaciones, todas ellas en respuesta a la masiva contestación que esta posible reforma ha recibido por parte del pueblo, que ya prepara su próxima huelga general para responder al último movimiento de Manuel Valls. El primer ministro francés, consciente de la impopularidad de la ley El-Khomri, optó este martes por no esperar el voto del parlamento, donde sabe que la medida no alcanzaría las voces necesarias para ser aceptada. Por ello, ha recurrido al polémico artículo 49.3, que le permite, después de una deliberación con el Consejo de Ministros, eludir este sufragio ante la Cámara.
Transcurrido el plazo de 48 horas desde el anuncio de la aplicación de este artículo, la norma se considera aceptada por los diputados sin que éstos hayan opinado sobre la misma, y por lo tanto, en vigor. Desde su creación en 1958, este controvertido artículo ha sido utilizado un total de 80 veces, dos de ellas bajo el mandato de François Hollande; la anterior se aplicó esta norma para huir del voto de la Cámara ante la ley Macron, considerado el primer paso al frente con que el gobierno socialista comenzó a liberalizar la economía francesa ampliando la apertura de comercios el domingo y el acceso a profesiones reguladas.
LAS DOS MOCIONES
Ante esta norma, los diputados sólo tienen una bala de repuesto: la moción de censura. Este martes, el centro derecha la presentó horas después del anuncio de Valls, y será debatida este mismo jueves. Desde 1958, ninguna moción de censura ha conseguido tumbar a un gobierno en funciones, y la derecha francesa necesitaría 100 diputados más para llegar a los 289 parlamentarios necesarios para tal fin.
El diputado socialista Christophe Caresche se adelantaba este martes a la estampida hacia el lado de la moción de una treintena de diputados socialistas en desacuerdo con esta ley, advirtiendo sin complejos que tal acto conllevaría su inmediata expulsión de la formación. “Por supuesto, tienen la posibilidad de votar esta moción, es la lógica del artículo 49.3. Pero si la votasen, serían expulsados del Partido Socialista y no podrían presentarse a las próximas elecciones en nombre de la formación. Está muy claro, extremadamente neto. No hay debate sobre esta cuestión y no la habrá”, aseguraba Caresche para iTele este martes.
Durante la tarde de este miércoles se ha confirmado que, ajenos a esta amenaza, 56 diputados de izquierdas en desacuerdo con la aceptación de esta norma han intentado sin éxito reunir las 58 firmas necesarias para presentar una moción de censura de izquierdas, independiente a la presentada por el centro derecha. "Había más de treinta socialistas", ha anunciado a la cadena francesa BFMTV Laurent Baumel, diputado socialista en Indre-Et-Loire.
En esta misma entrevista, ha defendido que los motivos por los que el centro derecha intentan bloquear esta norma son estrictamente contrarios a los que mueven a estos socialistas en desacuerdo. "Ellos consideran que la ley no es lo suficientemente liberal. Nosotros queremos bloquearla porque consideramos que lo es demasiado", ha explicado.
Por su parte, el líder del Partido de Izquierda Jean-Luc Mélenchon ha hecho un último llamamiento para movilizar a los diputados de izquierdas en torno al bloqueo de la ley El Khomri, aunque esto se produzca votando a favor de la moción de censura que el el centro-derecha sí ha logrado presentar. “56 diputados de izquierdas a favor de la censura + 234 diputados de derechas = 290. Hacen falta 288. Asumid vuestras responsabilidades. Bloquead la ley El Khomri”, ha tuiteado.
TRABAJAR MÁS
Aunque en la forma la ley prevé el respeto de las 35 horas semanales de trabajo, el texto también permite que un compromiso entre el trabajador y la empresa prime por encima de los diferentes acuerdos de cada sector. Además, por motivos ligados a la organización de la empresa, la jornada laboral podrá pasar a durar 12 horas (cuando la máxima se sitúa hoy en 10 horas diarias).
Hasta hoy, al trabajador que realizaba horas suplementarias, la empresa estaba obligada a pagarle un suplemento del 25%, generalmente fijado por cada sector. La ley El Khomri permitirá que sea un acuerdo empresarial el que fije esta tasa de recargo, “que no podrá ser inferior al 10%”.
EL DESPIDO ECONÓMICO
Este es otro de los polémicos puntos de la ley laboral francesa. Los criterios han sido precisados en función del tamaño de la empresa, y prevé que la sociedad en cuestión podrá poner fin al contrato en caso de “baja significativa de los encargos o del volumen de negocios”, comparando estas cifras con las del año anterior. En el caso de las empresas de menos de 11 trabajadores, la empresa deberá justificar un descenso de un trimestre en términos de beneficios para que el despido sea aceptado como económico. La norma será de dos trimestres en el caso de las empresas de 11 a 50 trabajadores, tres trimestres para las sociedades de entre 50 y 300 miembros y cuatro para aquellas que superen los 300 contratos.
Imágen del Parlamento francés este miércoles
La ley El Khomri también permite a las empresas ajustar su organización con la finalidad de “preservar o desarrollar el empleo”. Este punto de la norma respalda a la empresa a la hora de privar a un empleado de una prima a la que ambas partes se habían comprometido a través del contrato. En este sentido, el acuerdo empresarial, que deberá ser fijado por cada sociedad con una perduración de cinco años, será prioritario al contrato de trabajo en sí mismo, y los empleados que rechacen este compromiso serán víctimas de un despido individual con motivo económico.
EL PAPEL DE LOS SINDICATOS
Los acuerdos y referéndums de cada empresa también serán ritmados por una nueva modificación. Hasta hoy, el Código Laboral de Francia prevé que todo acuerdo empresarial exige la firma de uno o varios sindicatos que representen al menos el 30% de las voces de los empleados. La ley El Khomri ha modificado este punto al alza: las organizaciones sindicales necesitarán representar a la mayoría, al menos 50% de los empleados, para poder actuar.
MENOS COBERTURA SOCIAL
La cobertura social del trabajador en caso de despido improcedente también se verá disminuida con esta nueva ley. Hasta hoy, el empleado podía dirigirse al Juzgado de lo Social y cada caso de despido era estudiado individualmente, por lo que las sumas de indemnización podían eran libremente fijadas por los jueces. Esta reforma prevé la instauración de un tope de indemnización por parte de la empresa, regulado por un baremo.
Este último se elaborará por defecto poniendo en marcha un cálculo en función de la antigüedad. Así, un empleado que haya trabajado entre 2 y 5 años no podrá, por ley, cobrar una indemnización superior al equivalente de 6 meses de sueldo. En las primeras versiones de la ley, este baremo fue presentado por Valls como de obligatoria aplicación. Las continuas movilizaciones en torno a esta norma han hecho que la modificación del texto presente hoy este cómputo a título indicativo.
En esta misma línea, el texto también prevé la supresión de la visita médica obligatoria al comienzo del contrato, reservándola únicamente a casos de empleados expuestos a riesgos particulares. Los demás, tan sólo realizarán una visita “de información y prevención”, que podrá ser dispensada por una enfermera al comienzo de su vínculo laboral.
Hollande y Valls, este miércoles en el Elíseo