París se ha convertido este martes en el epicentro del rechazo a la reforma laboral del Ejecutivo socialista liderado por Francois Hollande. La gran manifestación a escala nacional convocada ha reunido a cerca de 1,3 millones de personas según el sindicato CGT, el principal convocante de la protesta, aunque la Prefectura de Policía de París rebaja la cifra a entre 75.000 y 80.000 asistentes.
Se trata de la primera manifestación a nivel nacional y los organizadores buscaban superar la del 31 de marzo, la más numerosa hasta el momento, que reunió a 1,2 millones de personas según los sindicatos, y a 390.000, según la prefectura.
Cerca de 600 autobuses llegados de toda Francia a la capital francesa fletados a iniciativa de siete organizaciones sindicales, con la CGT a la cabeza, quisieron reafirmar que se mantiene la presión contra la reforma laboral. La de este martes ha sido la novena gran manifestación contra ese proyecto de ley desde principios de marzo y, como en las jornadas anteriores, no han faltado los altercados entre radicales y fuerzas del orden.
Disturbios de nuevo
Fuentes de la Prefectura han señalado a Efe que 58 personas han sido detenidas y 29 agentes y once manifestantes resultaron heridos por los disturbios, que fueron disueltos con gases lacrimógenos y cañones de agua.
Radicales encapuchados lanzaron proyectiles contra los policías y reventaron escaparates de diferentes negocios y mobiliario urbano, provocando las escenas de guerrilla urbana habituales en las últimas protestas contra el proyecto de la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri.
El texto en cuestión, que empezó a tramitarse este lunes en el Senado, debe volver en julio a la Asamblea Nacional, donde podría ser aprobado de nuevo por decreto. Su aspecto más polémico para los sindicatos sigue siendo el artículo 2, que da prioridad a los acuerdos de empresa sobre los convenios sectoriales.
El secretario general del sindicato Fuerza Obrera, Jean-Claude Mailly, asegura haber empezado a mantener "intercambios constructivos" con El Khomri, y su homólogo en la CGT, Philippe Martínez, tiene previsto ser recibido por la ministra el viernes 10 de junio, pero el acercamiento de posturas se vislumbra improbable.
"Ante este rechazo masivo de parte de una mayoría de empleados y de la opinión pública, ¿cuánto tiempo va a seguir dando la espalda el Gobierno a las legítimas reivindicaciones del mundo laboral? ¿Hasta dónde deberemos ir?", se preguntó la CGT en un comunicado donde avanzó que en esa reunión exigirá su retirada.
La protesta de este martes era importante para medir el nivel de apoyo popular que acaparan todavía los sindicatos, tras tres meses de oposición marcados por manifestaciones y huelgas intersectoriales, en especial en el transporte y la energía. El secretario general del sindicato CGT, Philippe Martínez, mantendrá este viernes con la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, un encuentro en el que, respaldados por esas últimas cifras, mantendrán su exigencia de que el Gobierno abandone el proyecto de ley.
Francia, en el foco de la atención internacional
En plena celebración de la Eurocopa, que desde el 10 de junio y hasta el 10 de julio ha puesto a Francia en el foco de la atención internacional, esta nueva cita en las calles se produce cuando las huelgas sectoriales, que mezclaban su rechazo a la protesta con reivindicaciones propias de su trabajo, comienzan a perder fuerza.
El seguimiento de los paros en la empresa pública ferroviaria SNCF descendió este martes al 7,3%, frente al 17% del 1 de junio, y las cuatro jornadas consecutivas de protesta en Air France, que obligaron a la aerolínea a suprimir 1.030 vuelos, concluyen este martes.
Pero los sindicatos han advertido que, de no haber avances, esta gran protesta nacional no va a ser la última.
El 23 de junio, día de la votación del texto en el Senado, instan de nuevo al conjunto de trabajadores en activo, desempleados, jubilados y estudiantes a manifestarse o hacer huelga, lo mismo que lo previsto para cinco días después.
La patronal Medef, en boca de su presidente, Pierre Gattaz, ha pedido al Ejecutivo que "haga respetar el Estado de derecho y no ceda a las amenazas e intimidaciones", que en su opinión "no tienen nada que ver con el diálogo social responsable y constructivo" al que dice aspirar.
"Bloquear y añadir dificultados cuando el país está afectado por las inundaciones y cuando alberga un acontecimiento deportivo de amplitud mundial simplemente es irresponsable", señaló el organismo en un comunicado en el que transmite "la exasperación e inquietud en la que se encuentran" los empresarios del país.