La presión tras la victoria electoral de la oposición en Venezuela abre grietas en el régimen de Maduro

El 29 de julio, el todavía presidente del país se declaró vencedor con un 51% de los votos sin más aval que su palabra, y sometiendo el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su voluntad. Ahora utiliza el Tribunal Supremo para sentenciar que un ciberataque dirigido desde Macedonia del Norte torpedeó el conteo electoral para favorecer a sus adversarios, y así dar por bueno el fraude.

La coalición democrática, al maliciarse que Maduro se resistiría a reconocer su derrota, se había organizado para disponer de delegados en los puntos de votación y para reunir todas (o casi todas) las actas. Con un 83,5% de ellas, digitalizadas y publicadas en una página web, avaladas por organismos independientes como Human Rights Watch, acreditó que el candidato Edmundo González Urrutia venció con el 67% de los votos.

Maduro se quedó en el 30%, con cuatro millones de apoyos menos que el aspirante consensuado por la oposición, a pesar de la intensa persecución de la disidencia, de la maquinaria de propaganda controlada por el régimen y de las artimañas para impedir la participación de más de cinco millones de venezolanos en el extranjero. Las pruebas del fraude han llevado a las democracias de la región a no aceptar todavía el resultado de Maduro, y a criticar su atrincheramiento con mayor (Chile, Argentina o Uruguay) o menor (Brasil, México o Colombia) determinación.

Ahora, la presión está abriendo grietas dentro del chavismo.

“Lo que más repite Maduro en el Palacio de Miraflores es que aquí volvió Hugo Chávez”, sostiene una fuente con información interna del régimen, a condición de preservar el anonimato, para dar cuenta del recelo del dirigente hacia su círculo y de su voluntad de acaparar todo el poder en un momento “crítico”. “La derrota lo ha tomado por sorpresa”, añade, “se veía ganador de las elecciones con sondeos que le habían presentado”.

Maduro atribuye el descalabro, entre otros, a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hombre de confianza, con línea directa con Estados Unidos, quien le propuso una estrategia que garantizase su victoria en un proceso que incluyese a la oposición, aunque fuese una oposición “perseguida y anulada”. “A Maduro”, afirma, “le vendieron una tesis según la cual la participación iba a ser mucho menor”, y menospreció las posibilidades de María Corina Machado de unir a la oposición y convencer a una mayoría suficiente de venezolanos.

Del sentimiento posterior de “exposición”, resume el informador, nace el mensaje directo del dirigente a los hombres de la primera línea. Jorge Rodríguez es uno de los grandes señalados. Pero la fuente apunta otro nombre, Diosdado Cabello, número dos del chavismo, al que Maduro responsabiliza de una movilización insuficiente de las bases. Las fricciones entre ambos son cada vez más notorias, pese a la opacidad del régimen, y el escenario relatado es de guerra fría. Tras la derrota, dice la fuente, “a mucha gente se le ha despertado el instinto de supervivencia”.

“Maduro está haciendo todo por su cuenta”, continúa, “y eso puede generar en cualquier momento una movida interna en contra del propio Maduro”.

Un manifestante sostiene un cartel de apoyo a Nicolás Maduro en una marcha de esta semana en Caracas. Maxwell Briceno Reuters

El futuro pasa por los militares

La corriente más fuerte del movimiento fundado por Chávez está encabezada por el todavía presidente de Venezuela, escoltado por su esposa, Cilia Flores, y por figuras como Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República bien conocida en España, o como Rafael Lacava, gobernador del importante estado de Carabobo y enlace con China. Pero existen otros dos grupos con un poder enorme dentro del país. Uno está liderado por Diosdado Cabello, respaldado por la vieja camarilla militar, y el otro por Vladímir Padrino López, ministro de Defensa desde 2014, con control sobre los cuarteles en Venezuela. “Ninguna movida interna tendrá éxito”, explica el informador, “si no la apoya el grupo de Padrino López”.

La certeza compartida por los políticos dentro y fuera del régimen es que el futuro del país depende del bando escogido por los cuerpos armados. Desde el día después de su victoria, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se han dirigido directamente a militares y policías para hacer valer la voluntad popular, y no al líder que la usurpa, para que se pongan “del lado del pueblo y de sus familias”.

Mientras tanto, la situación empeora. El 15 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó una ley para asfixiar a las organizaciones no gubernamentales, guardándose el chavismo el derecho de suspender o neutralizar su actividad, como en Nicaragua. Al tiempo, hay miles de detenidos en todo el país (ni siquiera es posible sacar una cuenta exacta, pues hay multitud de desaparecidos) a quienes se les condena a la indefensión al negarles la elección de abogado e imponerles uno público.

“Ni la familia, ni el mismo detenido, ni el abogado que no tiene, pueden ver su expediente, no pueden saber de qué se los acusa específicamente, no hay investigaciones individuales”, explica un renombrado activista por los derechos humanos, sin adscripción política, para ilustrar el atropello de las garantías básicas de justicia y la relación entre la nueva ley y las detenciones masivas.

Este abogado venezolano, igual que la fuente anterior, prefiere mantener el anonimato por miedo a las posibles represalias contra su familia. Pero detalla que las organizaciones independientes están “atadas de pies y manos”, “sobrepasadas”. Critica el perfil bajo del Gobierno español en la crisis. “España debería hablar más sobre las personas detenidas de doble nacionalidad”, agrega, “su nivel de esfuerzo ha sido tan débil que no dan prácticamente asistencia consular”. Lamenta una presión de los vecinos que asume como insuficiente. Brasil y Colombia no concretan si rechazarán la legitimidad de Maduro si no presenta pruebas de su resultado, y México ya lo ha invitado a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, el 1 de septiembre.

La semana pasada, los dos países sudamericanos presentaron al oficialismo y la oposición dos fórmulas para desencallar la situación. Una proponía un gobierno de coalición y otra, la repetición electoral. El abogado desgrana que son “inviables”. La primera, porque ninguna “configuración” será “conveniente” a ojos del contrario. La segunda, porque hay miles de detenidos y desaparecidos, cientos con el pasaporte retirado, hay “abusos”, hay “represalias”. “El costo humano de repetir elecciones”, dice, “es un sinsentido”.

El camino más viable para restituir la democracia en Venezuela es, a juicio del activista, la demandada por la Organización de los Estados Americanos o la Unión Europea. “No hay que desviar la atención”, sigue, “hay que pedir los resultados por mesa que sustentan los datos del CNE [en manos de Maduro], y no apartarse de ahí. Presionar, pedir y que no haya reconocimiento ni legitimidad internacional hasta que eso pase”.

El opositor González Urrutia abrió un horizonte de transición y amnistía a los dirigentes chavistas para promover el cambio. Después del fracaso electoral de Maduro impera, sin embargo, la incertidumbre sobre sus próximos pasos. “No confía en nadie”, aclara la primera fuente, con acceso a las discusiones del Palacio de Miraflores, “y no ve suficientes garantías de que haya impunidad tras una transición, de que no pase como en Chile y después de 25 años llegue un juez Garzón y lo detengan en cualquier lugar del mundo”.

Pero, de nuevo, regresa a lo esencial. “No importa lo que digan Biden, Lula, Petro, quien sea”, resuelve. “Sin apoyo militar, ninguna solución tiene futuro”.