“No puedes esperar que los policías honestos trabajen bien si viven constantemente con miedo, no sólo por los miembros de las bandas, sino también por sus propios jefes”. La policía brasileña y sus ejecuciones extraoficiales son un sistema corrupto per se, no se trata de casos aislados. Así lo declara Laura Canineu, directora en Brasil de Human Rights Watch (HRW), y lo contábamos el lunes en EL ESPAÑOL.
Según el último informe de la organización, la policía de Río ha matado a más de 8.000 personas en la última década, al menos 645 en 2015. Es cierto que muchas de esas ejecuciones se han dado en contextos de uso legítimo de la fuerza. Pero no todas.
Policía Brasil
“La violencia criminal es un problema real en Río, pero ejecutar a supuestos criminales no es la solución”, confiesa Canineu. “Estas muertes ilegales ponen a las comunidades contra la Policía y minan la seguridad para todos”.
En la investigación llevada a cabo por HRW dos de los policías confesaron estar directamente relacionados con ejecuciones. Uno de ellos recordaba una operación en la que el oficial al mando ejecutó a un supuesto miembro de una red de tráfico de drogas mientras el sospechoso yacía herido en el suelo. Otro describió una operación pensada para matar a supuestos miembros de una banda, sin arrestarlos antes.
"Invadían los barrios pobres, secuestraban a traficantes y los extorsionaban. Cuando los traficantes pagaban los rescates, les dejaban irse. Cuando se daban cuenta de que el secuestrado no era un traficante o el traficante se negaba a pagar el rescate, lo ejecutaban", confiesa uno de los agentes a HRW.
Además, algunos de los oficiales han reconocido que ellos no reportarían los crímenes de sus compañeros por miedo a que ellos sufrieran la misma suerte. “Ellos no pensarían ni un milisegundo antes de matarme a mí o a mi familia”.
Son las mismas fuerzas de seguridad las que se encargan de encubrir las ejecuciones. Según HRW la policía amenaza a los testigos para que callan, ponen armas o drogas junto a los cadáveres o cogen los cuerpos y los llevan a hospitales cercanos “para salvarlos”.
De hecho, el observatorio ha encontrado claras evidencias de 64 casos (el más antiguo es de 1995) en los que la policía encubrió las muertes bajo alguna de estas formas. En esos casos, 116 personas perdieron su vida, incluyendo a, al menos, 24 niños. Todas esas muertes constan en los informes como “tiroteos”.
Las autopsias que se realizaron después lo desmienten. En una veintena de los casos, las víctimas mostraban marcas de haber sido disparadas a quemarropa. En otros casos, los análisis de las zonas del crimen y las declaraciones de los testigos desmintieron los “tiroteos”.
Sin embargo, la justicia de la ciudad brasileña no suele llamar a declarar a los responsables de las ejecuciones ilegales. “Dejando de investigar las muertes de la policía, las autoridades no sólo están negando la justicia a las familias de las víctimas; también están haciendo un gran deservicio a las fuerzas de seguridad, afirma Canineu. “Mientras que no haya una buena contabilidad, seguirá habiendo oficiales que cometan ejecuciones ilegales, lo que hará el trabajo de la policía aún más difícil y peligroso”.
En los “tiroteos” documentados entre 2013 y 2015, los policías de la ciudad que acogerá los Juegos Olímpicos en un mes mataron a cinco veces más personas de las que hirieron. En esos mismos “tiroteos”, casi 25 personas fallecieron por cada policía caído en servicio, un ratio que triplica al de Estados Unidos.