El Gobierno de Juan Manuel Santos intenta calmar la tempestad política desatada en Colombia tras los resultados del plebiscito del domingo, donde se impuso el ‘no’ a los acuerdos de paz firmados entre el Estado y la guerrilla de las FARC.
La primera orden dada por el presidente fue para sus ministros y su bancada en el Congreso: todas las carteras debían seguir con sus proyectos adelante. El Gobierno no para. Asimismo, ordenó a los jefes negociadores viajar a La Habana para realizar sondeos con los líderes guerrilleros con el fin de iniciar nuevas negociaciones.
Allí encontró lo que parecía un primer tropiezo. Humberto De la Calle, quien liderara el equipo negociador del Gobierno durante los últimos cuatro años, presentó formalmente su renuncia. Pero su dimisión fue rechazada. Santos designó a De la Calle, a la ministra de Exteriores, María Ángela Holguín, y al titular de Defensa, Luis Carlos Villegas, para retomar el diálogo.
El Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe ha anunciado el nombramiento de tres representantes para formar parte de las negociaciones, algo que Santos ha recibido "con entusiasmo". Se sentarán a la mesa con el Gobierno el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, el número 2 de este en las elecciones de 2014, Carlos Holmes Trujillo, y el senador Iván Duque.
Fue el alivio después de la otra piedra inicial en el nuevo camino negociador que emprende Colombia, pues la bancada uribista había decidido no aceptar la reunión convocada para este lunes por el presidente Santos con los diversos sectores políticos del país.
Los partidos que sí asistieron a la reunión con el presidente pidieron al mandatario que mantuviera en su cargo al jefe negociador y decidieron crear la comisión para dialogar con los partidarios del 'no'.
Por su parte, las FARC han reiterado su compromiso por abandonar la lucha armada y transicionar a la vida civil, manteniendo el alto el fuego bilateral implantado en septiembre, y han defendido la necesidad de un pacto nacional para la paz.
Un nuevo pacto nacional
Desde la noche del domingo, desde diferentes sectores políticos se hablan de una salida política que incluso el Gobierno había logrado descartar, pues era una de las principales peticiones de las FARC: la posibilidad de una Asamblea Constituyente para refrendar los acuerdos suscritos en La Habana.
Las elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente serían convocadas por el Congreso colombiano para que representantes de distintos sectores de la población, incluida las FARC, decidan la nueva hoja de ruta del país con una nueva Constitución.
Colombia no es ajena a estos procesos. En 1989 el presidente Virgilio Barco convocó a unas elecciones para conformar una Asamblea Constituyente en la que participaron todas las fuerzas políticas más representantes de los indígenas y de la guerrilla del M-19, que habían culminado recientemente un proceso de paz. Producto de esta Asamblea surgió la Constitución de 1991 que rige desde entonces.
El mundo político colombiano ha sido cauto con sus palabras y ha mencionado la necesidad de un gran pacto político nacional. Analistas consultados por EL ESPAÑOL señalan que ese escenario sería el de la Constituyente.
Algunos de los líderes de la guerrilla, tras los resultados del plebiscito, han vuelto a montarse en el que fuera su caballo de batalla durante los años de negociaciones, solicitando de nuevo la Asamblea. Incluso, pidieron un espacio en el diálogo político que anunciara el presidente en su alocución.
Según Mauricio Lizcano, presidente del Congreso, el diálogo nacional es necesario. Concuerda con el senador Roy Barreras, quien estuvo en el equipo negociador del Gobierno durante la última fase, y quien señaló que se debe escuchar a todos los colombianos para encontrar una solución política a la actual coyuntura.
El partido Conservador, por su parte, en un comunicado firmado por su presidente, David Barguil, afirma que se hace urgente convocar a un gran acuerdo nacional “que busque la reconciliación política en los colombianos, fortalezca la democracia, las instituciones y que incluya el liderazgo de todos los sectores políticos y sociales, representando el mandato recibido, que desemboque en una Constituyente, respetando el fin último de este debate que es la búsqueda de la paz”.
El senador Iván Duque, del Centro Democrático hace una llamada a la memoria. Cuando el Gobierno dijo no a la Constituyente, frente a la petición de las FARC, el único sector que destacó las bondades de este mecanismo fue el uribismo.
¿Qué pedirá el uribismo?
En la campaña por el ‘no’, el uribismo dejó claro que el Gobierno debía sentarse a renegociar algunos puntos del acuerdo con la guerrilla, en caso de no aceptarse los acuerdos con el plebiscito, como ocurrió el domingo.
Entre los temas que piden revisar se encuentran la elegibilidad política para los señalados de delitos atroces y que aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad paguen algunos años de cárcel frente a la "impunidad" por sus presuntos delitos, como indicó el jefe del Centro Demócratico y mano derecha de Uribe, Óscar Iván Zuluaga, a EL ESPAÑOL.
“Nada justifica permitir la elección de ‘Timochenko’ al Senado de la República o a la Presidencia, o de ‘Joaquín Gómez’ a la Gobernación de La Guajira. Nuestra democracia les dio todas las oportunidades y prefirieron seguir con el asesinato”, dijo Uribe en agosto pasado.
También se estima que, en esta nueva fase, los uribistas buscarán que las FARC se comprometan a aportar el dinero que han obtenido como fruto de sus actividades ilegales a modo de reparación para las víctimas del conflicto. Y se solicitará que el narcotráfico no sea tipificado como delito político, tal y como quedó en el Acuerdo de La Habana.
Uribe manifestó, además, este lunes estar a favor de dar la "amnistía a aquellos del grupo de las 5.700 personas (...) que no estén inclusos en delitos no amnistiables a la luz de la legislación de hoy". Ello permitiría la amnistía para la mayor parte de los guerrilleros que no hayan cometido delitos graves.
El acuerdo de paz firmado con las FARC rechazado este domingo incluía ya un proyecto de Ley de Amnistía que preveía el perdón jurídico para aquellos guerrilleros que no hubieran cometido delitos graves como los recogidos en el Estatuto de Roma.
Quienes hubieran violado ese estatuto -que incluye crímenes de lesa humanidad, torturas, abusos sexuales o reclutamiento de menores- afrontarían penas privativas de la libertad de hasta ocho años, pero con una condición que limitaba esta aplicación del acuerdo: dependía de que esas personas reconociesen haber cometido los delitos en cuestión.
El partido del exmandatario Álvaro Uribe tiene la sartén por el mango y ha salido muy fortalecido del plebiscito. Tal como dijo Zuluaga, es ahora el momento en que deben prepararse de cara a las elecciones presidenciales para 2018.