El nuevo acuerdo de paz entre Gobierno y FARC está firmado, aun sin el apoyo del expresidente Álvaro Uribe y los suyos. Este jueves el dirigente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de la guerrilla, Timoleón Jiménez 'Timochenko', suscribieron en el bogotano Teatro Colón el documento reformado, de 310 páginas, que busca enterrar más de cinco décadas de conflicto.
El texto pasa ahora al Congreso, que en esta ocasión será el encargado de refrendar lo acordado en La Habana. La votación podría tener lugar tan pronto como el martes que viene. Si sale aprobado, el Parlamento procederá entonces a implementarlo; esto es, a desarrollar la legislación necesaria para trasladar el contenido del acuerdo a la práctica.
Pero las opiniones sobre si el Legislativo es la vía adecuada para evaluar el segundo acuerdo después de que el original fuera tumbado en un plebiscito, divergen. Sus detractores creen que, una vez más, el pueblo colombiano debe valorar el nuevo texto, ya sea en su totalidad o los puntos más conflictivos. El Gobierno y las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia aseguran que llevar el acuerdo al Congreso es “la mejor opción”.
“Están representadas todas las visiones y opciones políticas del país, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha”, dijo Santos al dar a conocer su decisión el miércoles. “[Y] una nueva campaña polarizaría de manera peligrosa al país y éste es el momento de la unión y no la división”.
Los que respaldan el acuerdo gozan de una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, donde los partidarios del 'no' verían su poder frustrado. Pero los motivos de Santos para optar por el Legislativo como mecanismo para ratificar el acuerdo no acaban ahí.
En primer lugar, la convocatoria de un referéndum exige un mayor tiempo de preparación que dar el visto bueno al acuerdo por medio del Congreso. Mientras tanto, las FARC, que dicen no poder aguardar más, se hallan en una suerte de limbo con guerrilleros concentrados en diversas zonas del país para iniciar la desmovilización una vez se consagre el acuerdo.
Con la decisión del Centro Democrático de no apoyar el nuevo acuerdo estamos ya en campaña para las elecciones de 2018
Asimismo, la puesta en práctica del texto de La Habana puede demorarse muchos meses por el procedimiento ordinario y en 2018 se celebran elecciones legislativas y presidenciales en Colombia. De ocurrir un cambio en la balanza de poder, la implementación del acuerdo podría toparse con obstáculos.
“Con la decisión del Centro Democrático [de Uribe] de no apoyar el nuevo acuerdo estamos ya en campaña para las elecciones de 2018, donde claramente el acuerdo de la paz otra vez será el tema básico”, dice Ralf Leiteritz, profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario de Bogotá.
Por otro lado, cabría la posibilidad -si se realizara un nuevo referéndum- de que los ciudadanos volvieran a decir 'no' al pacto entre Ejecutivo y FARC. Hay quien opina, sin embargo, que un nuevo plebiscito no sería el mejor escenario para los detractores del acuerdo de Cuba.
Tampoco al uribismo le conviene demasiado que se convoque un plebiscito, porque por poco que se movilicen los partidarios del 'sí', el resultado puede cambiar
“Tampoco al uribismo le conviene demasiado que se convoque un plebiscito porque si uno analiza la situación electoral y ciudadana en Colombia, por poco que se movilicen los partidarios del 'sí' y sobre todo la izquierda, que no se movilizó en el anterior plebiscito, el resultado puede cambiar y eso sería un desastre para Uribe”, asegura Carlos Malamud, investigador principal del español Real Instituto Elcano para América Latina. “Uribe sabe que puede insistir en la necesidad de convocar el plebiscito porque sabe que no se va a convocar”.
Malamud señala además que el cambio de Gobierno en Estados Unidos también mete prisa a Santos, ya que la Administración Obama es favorable al proceso de paz, pero la posición estadounidense podría cambiar bajo el mandato de Donald Trump.
El Centro Democrático de Uribe considera, con todo, que el Congreso no está “facultado” para refrendar el acuerdo y, por tanto, el partido de Uribe no votará la proposición para refrendar el acuerdo de paz, ha afirmado a EL ESPAÑOL la senadora de este partido Charo Guerra.
“Nosotros no vamos a votar”, ha asegurado en conversación telefónica. “El Congreso no está facultado, estaría prevaricando si votara este acuerdo. Y nosotros no vamos a conectar con violar la Constitución y la ley simplemente para darle el gusto al presidente Santos”. No ha aclarado si el uribismo se abstendrá o no hará acto de presencia en el Congreso.
Para detener el pacto, el Centro Democrático buscará un método de refrendación popular y saldrá a la calle para recoger firmas con las que sacarlo adelante, asegura Guerra.
Por su parte, Jorge Illera, profesor de la Universidad Icesi de Colombia especializado en Derecho Constitucional, sostiene que la Corte Constitucional dejó la puerta abierta a otras vías de refrendación y que el Gobierno está explotando esta oportunidad: “Para el primer acuerdo es el plebiscito, pero no decía qué iba a pasar si no se aprobaba y en ese sentido el Gobierno está aprovechando las facultades constitucionales que tiene para implementar los acuerdos”.
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