Este martes, cinco días después de que el Congreso colombiano ratificara el nuevo acuerdo de paz y tras 52 años de conflicto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiana (FARC) debían emprender el camino a las veintitantas áreas de transición designadas para entregar las armas.

Pero las FARC han demorado el traslado aludiendo que la infraescructura de algunos de estos enclaves no está lista así como "obstrucciones jurídicas" y han reclamado que se suspendan las órdenes de captura contra los guerrilleros.

La guerrilla, sin embargo, ha reiterado su compromiso con la paz y se ha ofrecido a ayudar a preparar los lugares donde se alojarán.

Aquí, las claves de lo que queda por delante ahora en Colombia:

LA DESMOVILIZACIÓN

El miércoles pasado, el Parlamento de Colombia aprobó el pacto forjado en La Habana aun sin el apoyo del Centro Democrático de Álvaro Uribe, que no votó. El jueves 1 de diciembre, FARC y Gobierno confirmaron que se trataba del Día D, con lo que comenzaba la cuenta atrás para la desmovilización de la guerrilla.

Este martes, los guerrilleros tenían que iniciar su desplazamiento a los 27 lugares designados para entregar las armas, siguiendo el calendario original. Pero algunos de ellos no están listos para acoger a los miembros de las FARC y sus líderes han pedido que se suspendan las órdenes de captura. 

Según lo acordado, una vez congregados en estas zonas, la entrega de las armas se realizará de manera progresiva y, en teoría, seis meses después del llamado Día D las FARC deben haber desaparecido como grupo armado. El material de guerra se utilizará para erigir monumentos.

Durante el proceso de dejación de armas, representantes del Ejecutivo y la guerrilla decidirán cómo inventariar los bienes y activos de las FARC obtenidos con su actividad delictiva, que se destinarán a reparar a las víctimas del conflicto, una de las novedades del nuevo texto.

Aparte de la cuestión logística, a los guerrilleros les inquieta trasladarse a las zonas de concentración sin que esté aprobada una ley de amnistía que les otorgue seguridad jurídica.

LA LEY DE AMNISTÍA

Una de las prioridades de Gobierno y FARC en esta fase de implementación -esto es, de traducir a la práctica el acuerdo de paz- es la aprobación de una ley de amnistía para los guerrilleros.

Según el acuerdo de paz, los delitos políticos asociados a la rebelión son amnistiables, mientras que los crímenes de guerra o de lesa humanidad no pueden ser objeto de aministía, como las desapariciones forzosas o la violación.

El sistema de justicia especial para el conflicto dibujado en el acuerdo sí ofrece sentencias reducidas de restricción de la libertad para quien confiese sus fechorías. El narcotráfico puede ser considerado un delito conexo al político y, por tanto, amnistiable dependiendo de cada caso.

Asimismo, aquellos que ya afronten condenas por delitos políticos se beneficiarán también de la amnistía, indica la ley.

El Gobierno todavía no ha presentado al Legislativo su propuesta de ley de amnistía a la espera de una importante decisión de la Corte Constitucional, que se ha pospuesto a la semana que viene.

EL 'FAST TRACK'

Una de las palabras que más resuena estos días es el término inglés fast track, un proceso legislativo abreviado que permitiría agilizar -y facilitar- la implementación del acuerdo de paz.

Los defensores del acuerdo con las FARC y la guerrilla lo ven como un elemento imprescindible para la puesta en práctica de los acuerdos, mientras que Uribe defiende que se trata de una herramienta para “favorecer a las FARC”.

Antes de la firma del primer acuerdo, el Congreso aprobó el Acto Legislativo para la Paz, que diseñaba este instrumento para acortar los tiempos de implementación del acuerdo y otorgaba facultades extraordinarias al presidente por un periodo prorrogable de seis meses. Así, una reforma constitucional se podía aprobar en tan sólo cuatro debates, por ejemplo, e impedía que se tocase lo acordado.

Sin embargo, el Acto Legislativo supeditaba el uso del fast track a “la refrendación popular del acuerdo”, refiriéndose al plebiscito que tendría lugar en octubre y donde los ciudadanos tumbarían el primer texto.

Ahora, la Corte Constitucional estudia una demanda contra el Acto Legislativo para la Paz y se espera que la semana que viene decida si resucita el mecanismo del fast track para que el Congreso pueda sacar adelante el acuerdo que él mismo ha refrendado.

De seguir la vía ordinaria en el Parlamento, el proceso se toparía con importantes obstáculos, en primer lugar el tiempo. Transponer el acuerdo a la práctica podría llevar muchos meses y en 2018 Colombia celebra elecciones legislativas y presidenciales, con lo que el poder puede cambiar de manos.

La propia ley de amnistía podría, en el peor de los casos, demorarse más de los seis meses establecidos para completar el desarme de la guerrilla. La semana pasada, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, adelantó que el Gobierno prepara un paquete de indultos para guerrilleros encarcelados por delitos políticos mientras se soluciona la ley de amnistía.

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