Tras la jornada de protestas del lunes con choques entre manifestantes y autoridades, líderes de la oposición en Venezuela se han personado este martes ante la comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para exigir que se ponga freno a la “represión”.
“Pensamos que el papel en este momento de las Fuerzas Armadas es ayudar a que haya elecciones en Venezuela y no que haya represión”, ha afirmado el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ante la sede caraqueña.
“Ayer [por el lunes] la Guardia Nacional salió a reprimir al pueblo venezolano y eso no es la función de una fuerza que lo que debe hacer es cumplir la Constitución”.
La oposición reportó decenas de heridos en las protestas antigubernamentales del lunes y el uso de gas lacrimógeno en Caracas. También denunció la muerte de un joven manifestante por un disparo en el cuello en el estado norteño de Carabobo. La Fiscalía ha confirmado su fallecimiento este martes.
La semana pasada otro joven fue abatido en el estado interior de Miranda. Ignorando la versión de la Fiscalía, el Gobierno afirmó que el incidente no había ocurrido durante una protesta.
La ONG Foro Penal ha contabilizado 281 personas arrestadas en las protestas celebradas en la última semana, de las que 134 permanecen detenidas, y ha informado de ocho nuevos “presos políticos”.
Las manifestaciones responden a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de despojar a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, de sus funciones por considerarla en desacato.
Ante el revuelo dentro y fuera de las fronteras venezolanas, el Gobierno pidió al Supremo que diera marcha atrás a la maniobra, denunciada por la oposición como un “golpe de Estado”.
Aun así, los opositores consideran que el “orden constitucional” no se ha restituido y reclaman la destitución de los magistrados del alto tribunal.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha emitido un comunicado donde llama al Gobierno de Nicolás Maduro a que garantice el respeto a “los derechos a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión” e insta “a todas las partes a renunciar a la violencia”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha urgido a las autoridades venezolanas “a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país”.
Por su parte, el defensor del pueblo venezolano, Tarek William Saab, ha denunciado en Twitter que siete de sus oficinas han sido atacadas por “grupos violentos”. La oposición ha intentado protestar ante la Defensoría del Pueblo en Caracas, pero sus esfuerzos se han visto frustrados por las autoridades.
Entre tanto, el presidente, Nicolás Maduro, acusó el lunes desde Cuba a la oposición de emprender un “golpe de Estado” apoyado por EEUU y la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general es una de las voces más críticas con el Gobierno chavista en la comunidad internacional, recoge El Universal.
En La Habana, Maduro, que ahora pide celebrar comicios regionales para “dar una pela” a la oposición, logró el respaldo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que incluye entre otros a Bolivia y Ecuador.
“Rechazamos las agresiones y manipulaciones concertadas contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, así como los engaños y mentiras que amenazan tanto su soberanía, independencia y estabilidad, como las de toda la región”, reza la declaración de la organización.
La Asamblea Nacional ha convocado este martes a representantes de diversos sectores de la población, como los juristas o los estudiantes, para elaborar una agenda de trabajo para devolver el “orden constitucional” al país.
“Tenemos el gran compromiso histórico de trabajar pueblo y Asamblea Nacional unidos”, ha asegurado Freddy Guevara, vicepresidente primero de la institución.
La oposición prevé una gran protesta para el 19 de abril, que el chavismo pretende contrarrestar con su propia marcha.