El chavismo recurre a la mano dura para neutralizar a la oposición

“Todo el peso de la injusticia revolucionaria ha caído sobre mí. Se nos condena por hacer nuestro trabajo, por garantizar el legítimo derecho a la protesta pacífica. Se nos condena por luchar por un cambio en Venezuela”. Con estas palabras alzaba la voz Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, un municipio de Caracas. El edil opositor es la última víctima de la mano dura que el chavismo está imponiendo contra los cargos incómodos para Nicolás Maduro.

El Tribunal Supremo de Justicia ha decretado este martes la inhabilitación política de Muchacho, para el que pide además 15 meses de cárcel por permitir el desarrollo de protestas antigubernamentales en su municipio. Chacao, al este de Caracas, ha sido uno de los principales focos de la ola de manifestaciones que vive el país desde hace ya cuatro meses. Según el último dato del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social son ya 162 los fallecidos desde el 1 de abril.

El alcalde, que no ha sido aún detenido, adelantó en un mensaje en Twitter que las próximas horas serán “difíciles” y las “comunicaciones serán limitadas”. Asimismo agradeció el apoyo de sus vecinos y pidió “serenidad y fortaleza en esta coyuntura difícil para todos”.

Muchacho forma parte del grupo de 14 regidores que la justicia venezolana ha señalado como culpables de permitir las protestas opositoras. El procedimiento ha sido el mismo para todos. El Supremo los acusa de desacato por los recursos que presentan personas que no quieren manifestaciones, son convocados a audiencias para destituirlos y se tramita la orden de arresto.

Los 15 meses de prisión que el alto tribunal pide para este alcalde son los mismos que solicitan para Josy Fernández, regidor de San Antonio de los Altos, un municipio a 15 minutos de Caracas. La acusación se basa en el testimonio de cuatro miembros del partido del Gobierno que sostienen que las manifestaciones les impidieron el paso.

De los 14 regidores procesados por el Supremo, son 6 los destituidos junto a Muchacho, según el balance del diario Efecto Cocuyo: Enzo Scarano (San Diego, estado de Carabobo) Daniel Ceballos (San Cristóbal de Táchira) Carlos García (Mérida), Alfredo Marcano (Táchira) y Gustavo Marcano (Lechería).

Tanto el Parlamento, de mayoría opositora, como la fiscal Luisa Ortega, recientemente destituida por la Asamblea Constituyente impuesta por Maduro, rechazan la legitimidad del Supremo, al que acusan de servir a los intereses del presidente venezolano.

En un nuevo movimiento para neutralizar a la oposición, el Consejo Nacional Electoral ha anunciado este martes que vetará la participación de la coalición opositora en las elecciones regionales de diciembre. Los candidatos de siete de los 23 estados de Venezuela no podrán concurrir por “los procesos legales pendientes” que acumulan, según ha esgrimido el organismo dirigido por la chavista Tibisay Lucena.

Víctimas de una "persecución"

El alcalde Gustavo Marcano habla directamente de una “persecución” hacia los opositores. “Con la activación del fraudulento proceso constituyente ha escalado la persecución. Hemos sido llevados hasta el ilegítimo Tribunal Supremo más de 20 alcaldes, yo fui el primero”, ha explicado en una entrevista con la agencia Efe desde Washington, donde se encuentra tras haber escapado de Venezuela.

Marcano defiende su ‘desobediencia’: “Hubo protestas porque es un derecho, cumplimos cabalmente con los preceptos establecidos por la Constitución. Nosotros actuamos amparados en los artículos de la Constitución que establece que todo ciudadano tiene el deber y el derecho de contribuir con el restablecimiento del orden constitucional”.

El colectivo de alcaldes opositores, encabezados por David Smolanski, ha iniciado una campaña para pedir protección a las organismos internacionales para hacer visible la “persecución” de la que dicen ser víctimas: “Vamos a acudir a distintas federaciones de alcaldes de América Latina y el mundo, a la OEA, la ONU y la Unión Europea para pedir protección y resguardo, no solamente a los alcaldes y concejales, sino a nuestros vecinos”.