Imagen de los archivos confidenciales encontrados en la residencia de Trump durante el registro policial. Departamento de Justicia de EEUU
Los abogados de Trump, en el punto de mira legal por "ocultar" archivos clasificados en Mar-a-Lago
Los juristas Christina Bobb y Evan Corcoran declararon por escrito que no habían más documentos confidenciales en la residencia del expresidente.
2 septiembre, 2022 03:43Hace casi dos años que Donald Trump abandonó la Casa Blanca, pero los efectos de su mandato siguen hoy tocando (y hundiendo) a quienes le rodean. Los últimos en verse afectados son dos de sus abogados, que podrían convertirse en objetivos o testigos de la investigación criminal que pesa sobre el expresidente por la retención no autorizada de documentos gubernamentales, clasificados y no clasificados, en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.
Se trata de Christina Bobb, expresentadora de televisión, y Evan Corcoran, los miembros del equipo legal del exmandatario que estuvieron en contacto durante meses con el Departamento de Justicia para devolver las 15 cajas de registros presidenciales y documentos oficiales que el magnate guardaba en su residencia. Un material que, de hecho, se entregó, pero no en su totalidad.
Eso es lo que trató de demostrar la Fiscalía General de Estados Unidos el pasado martes en un documento de 36 páginas que sirve de respuesta a la apelación del equipo legal de Trump contra el "allanamiento" de su casa de Palm Beach. Una notificación donde se expone que los agentes del FBI que registraron la casa del expresidente el 8 de agosto recuperaron archivos clasificados de un almacén anexo a un despacho, en contra de lo que habían confirmado (por escrito) los abogados del republicano.
El expresidente estadounidense Donald Trump sale de la Torre Trump para una declaración dos días después de que agentes del FBI allanaran su casa en Mar-a-Lago Palm Beach.
Para más pruebas, el Departamento de Justicia que lidera el fiscal Merrick Garland distribuyó una fotografía que mostraba los documentos encontrados esparcidos en el suelo de una habitación no identificada. Varias de las carpetas están marcadas como "secret" (secreto), "top secret" (alto secreto) y "SIC" (información compartimentada sensible, por sus siglas en inglés).
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"Una búsqueda diligente"
En la notificación del Departamento de Justicia se detallan los esfuerzos que la Administración Nacional de Archivos y Registros lleva realizando desde 2021 para que Trump devuelva los papeles presidenciales que se llevó al acabar su mandato.
Estos intentos se remontan a febrero de 2022, cuando el FBI logró recuperar 15 cajas con 700 archivos, entre ellos "periódicos, revistas, artículos periodísticos, fotos, notas, correspondencia personal, registros personales posteriores a la presidencia y documentos clasificados".
Y son precisamente esos "documentos clasificados" lo que puso en alerta a los Archivos Nacionales, que avisaron al Departamento de Justicia. Este, a su vez, envió una citación al expresidente republicano para que devolviese todo lo que faltaba. Tardó en contestar, pero accedió.
Los abogados del expresidente firmaron una declaración conforme no quedaba ningún documento oficial sin devolver
El 3 de junio, tres agentes del FBI se presentaron en la mansión de Mar-a-Lago para recoger una carpeta con otros documentos oficiales que no formaban parte de las 15 cajas. Quien facilitó ese material fue "un abogado de Trump" y quien lo recogió, Jay Bratt, funcionario de contrainteligencia del Departamento de Justicia.
Al entregar esos registros, el abogado en cuestión, que ha sido identificado por el New York Times como Christina Bobb, firmó una declaración que certificaba, "en nombre de la oficina de Trump", que se había llevado a cabo una "búsqueda diligente". Asimismo, afirmaba que se estaban devolviendo todos los documentos que respondían a la citación y que "ninguna copia, anotación escrita, reproducción de ningún tipo permanecía retenida". Esa declaración fue previamente redactada por su compañero Evan Corcoran.
Una lista detallada de los bienes incautados en la ejecución de una orden de allanamiento por parte del FBI en la propiedad de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, firmada al recibirla por la abogada de Trump, Christina Bobb .
Ese mismo día, los miembros del equipo legal del expresidente condujeron a los agentes del FBI a un almacén que, según señalaron, era la única sala de la gigantesca mansión donde se guardaban los papeles relacionados con la Administración. Sin embargo, según la notificación de la Fiscalía, los juristas "prohibieron de forma explícita" abrir cualquier caja para comprobar su contenido.
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De la carpeta que los asesores de Trump entregaron durante la visita, el Departamento de Justicia encontró 38 documentos nuevos: cinco confidenciales, 16 clasificados como secretos y 17 como alto secreto. Según detalla la respuesta de la Fiscalía, "los abogados del expresidente no dieron ninguna explicación de por qué cajas con documentos del Gobierno estaban en las instalaciones cinco meses después de la entrega de las 15 cajas y un año y medio después del fin de la Administración".
Obstrucción a la justicia
Esa visita hizo sospechar a los agentes del FBI de que no se había retornado todo el material, así que el Departamento de Justicia emitió una orden de registro que se fraguó el 8 de agosto. En esa búsqueda se hallaron más de 100 documentos clasificados que Trump no había devuelto a pesar de los requerimientos.
En este sentido, según lo redactado por fiscales en la declaración, "existen causas probables para pensar que se encontrará evidencia de obstrucción" por parte del exmandatario, que podría presentarse a las elecciones presidenciales de 2024.
"Existen causas probables para pensar que se encontrará prueba de obstrucción"
En este sentido, también podrían haber repercusiones legales para Corcoran y Bobb por, supuestamente, decirle a los fiscales y agentes del FBI que habían entregado todos los documentos cuando, en realidad, muchos todavía se encontraban en la mansión de Mar-a-Lago.
Y aunque es poco probable que se presenten cargos contra los dos abogados, en el mejor de los casos, si el Departamento de Justicia decide presentar formalmente cargos contra Trump, estos podrían ser llamados como testigos y verse obligados a testificar contra su cliente.
