Los olvidados de Petro: su 'paz total' con la guerrilla de Colombia empuja a los indígenas al "exterminio"

Las intromisiones empezaron en los años setenta del siglo pasado, cuando emergieron los primeros movimientos guerrilleros, como el M-19. En cuestión de años, el conflicto interno de Colombia convirtió la pequeña región en campo de batalla entre las fuerzas de seguridad del Estado, el Ejército Nacional de Liberación (ELN), grupos disidentes del proceso de paz con las FARC-EP, y otras estructuras armadas organizadas de crimen.

Poco tardaron en llegar los cárteles del narcotráfico, que hasta la fecha han campado a sus anchas "para cultivar coca, explotar minas y talar bosques vírgenes que para nosotros eran sagrados", cuenta Sebastián. Hoy, la Sierra Nevada es el terreno donde grandes empresarios proyectan la construcción de hoteles. Entre ellos, un hijo del expresidente Álvaro Uribe.

Cuatro personas de la comunidad wiwa, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Gobierno de Colombia

"Nos vimos forzados a desalojar y, cuando regresamos, donde antes estaban nuestras casas ahora había represas", denuncia el líder wiwa en una cafetería de Madrid. Por aquí pasa durante su gira europea, con la que, amparado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), pretende que en La Haya, Bruselas y París se hagan eco de la lucha de su pueblo.

Además de los efectos medioambientales, las desapariciones forzosas han marcado la vida de las comunidades de la Sierra Morena --que son cuatro de las 115 agrupadas en Colombia--. Piden que las más de 6.000 víctimas por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en el área sirvan para categorizar como genocidio las operaciones de los grupos armados en la zona. Hoy, la Justicia declara a comunidades como los kankuamo en riesgo de exterminio físico y cultural.

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Pero las pretensiones de Sebastián y su equivalente kankuamo distan de la realidad. Más aún desde que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunciara medidas para alcanzar la 'paz total' con el ELN y otros organismos paramilitares. Desde que asumió el cargo, el mandatario ha favorecido el reposicionamiento de los grupos armados en la Sierra Nevada, lo que supone un reto para las comunidades autóctonas: la justicia no es lo bastante restaurativa con los indígenas por los crímenes y abusos a los que han sido sometidos durante décadas. Principalmente, porque el acuerdo de paz entre Colombia y el ELN, firmado en 2016 y puesto en marcha en 2018, establece penas restaurativas y no de prisión para los condenados. 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dependiente del Estado colombiano, califica las operaciones de los grupos armados en los alrededores de Santa Marta como crímenes de lesa humanidad y de guerra. Esto no asegura la justicia transicional, ni garantiza la no repetición de los abusos por los que estos organismos fueron condenados. El viaje a Europa ha reunido a Sebastián y a Jaime Luis en Bruselas con el magistrado de la JEP, Roberto Vidal. Según un comunicado de los representantes indígenas, la JEP "ha dado muestras de su interés en avanzar en la superación de la impunidad histórica en los crímenes y afectaciones cometidos contra nuestros pueblos".

La demanda de los wiwa y los kankuamo también exige al Estado una reapertura del proceso encargado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes. A la comunidad internacional, estos pueblos le solicitan apoyo técnico "que no defraude los derechos de las víctimas, y que incorpore el papel de los organismos internacionales y de criterios establecidos mediante la apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional", señala Jaime Luis.

Además, una paz integral satisfactoria tiene que asumir un enfoque medioambiental, territorial y con la naturaleza: "Fortalecer las políticas de protección del territorio y de los pueblos que somos uno con la Madre Tierra, y articularse con agendas globales que demandan un cambio en la matriz energética que reduzca drásticamente el impacto del cambio climático en nuestros territorios causados por proyectos minero-energéticos y de infraestructura", manifiestan.

Jaime Luis Arias, representante de la comunidad kankuamo, en una foto cedida a EL ESPAÑOL. EE

Sebastián Escobar Uribe, abogado del Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), acompaña a los líderes autóctonos en su gira. Explica que la apuesta de Petro por una 'paz total' es ambiciosa, ya que retoma la posibilidad de establecer negociaciones con los grupos armados que se había abandonado con su antecesor, Iván Duque. Sin embargo, el proyecto del mandatario actual deja muchos cabos sueltos, entre ellos la justicia restaurativa.

Otra desventaja es que, aunque se haya conseguido un cese el fuego bilateral con el ELN, además de esta organización paramilitar existe una miríada de grupos criminales que siguen operando. Escobar insiste en la necesidad de un sometimiento a la Justicia de estas redes, ya que, en los últimos meses, han incrementado los enfrentamientos entre el ELN y el Cártel del Golfo o las disidencias de las FARC.

Según la Cruz Roja, el cese de hostilidades con el principal cuerpo armado de Colombia no ha traído mejoras significativas al problema de fondo: en el país sigue habiendo siete conflictos armados simultáneos. Y ninguno de ellos se extinguirá hasta que se ponga sobre la mesa un acuerdo de paz multilateral que implique transformaciones integrales.