Los legisladores levantan sus manos mientras votan durante una sesión para aprobar la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los legisladores levantan sus manos mientras votan durante una sesión para aprobar la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luis Cortes Reuters

América

El plan de AMLO contra la separación de poderes en México avanza ante una oposición debilitada

De ser aprobada la propuesta, en 2025 todos los ministros, magistrados y jueces serán elegidos a través de una elección popular. 

5 septiembre, 2024 02:35

Doce horas de discusión. Manifestaciones ciudadanas. Gritos en favor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Un cambio de sede hacia un recinto deportivo. Todo eso incluyó el debate de la reforma a la Justicia propuesta por la formación Morena, hoy en el gobierno. 

Se trata del cambio a la judicatura más profundo en 30 años. Su principal motivación: que desde 2025 en adelante todos los jueces federales, entre ellos los ministros de la Corte Suprema, sean elegidos a través del voto ciudadano. Una medida, dicen sus críticos, que atenta contra la independencia judicial y la separación de poderes

Con el voto favorable de los diputados, la euforia se hizo notar en los pasillos. "¡Viva!" se escuchaba desde el hemiciclo. Ricardo Monreal, jefe de la bancada oficialista, señaló que "el pueblo está harto de la dictadura del birrete y de la toga, de la critocracia (gobierno de los jueces)". Los aplausos retumbaban. La oposición, minimizada ante el espectáculo mayoritario, se ensimismaba y aguantaba el calvario.

Los resultados fueron aplastantes. 359 parlamentarios defendieron la propuesta, versus 135 que dijeron 'No'. Hubo cero abstenciones. De esa manera, el Deportivo de la Magdalena Mixhuca en la Ciudad de México, fue testigo de una de las políticas más trascendentales en la actual administración y la última en la vida pública de AMLO. 

Sheinbaum, que ha manifestado en repetidas ocasiones su intención de continuar la obra de su antecesor, no se ha restado del debate. "Más democracia, más justicia, más libertad. La reforma al Poder Judicial no afecta ni nuestras relaciones comerciales, ni las inversiones privadas nacionales, ni extranjeras. Por el contrario, habrá más y mejor Estado de derecho y más democracia para todas y todos", publicó en su perfil de X. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto con sus aliados, el Partido de Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), llevan tiempo advirtiendo sobre los efectos que tendría la iniciativa. Si bien coinciden los bloques en que el sistema judicial debe tener una actualización, no creen que lo propuesto por el gobierno conduzca a una mejora. También cuestionan que todos los jueces sean incluidos en la misma denuncia de "corrupción". "Algo que no se merecen los jueces es una condena general, una condena abstracta, una condena a todo el Poder Judicial. No es cierto que todos los jueces son corruptos", dijo el diputado del PAN, Germán Martínez. 

¿Qué dice la reforma?

En febrero López Obrador presentó un conjunto de 20 reformas, las cuales tenían en común la necesidad de reformar la Constitución. Entre ellas, está la reforma judicial. Con una contundente mayoría en el parlamento, AMLO siempre se mostró seguro de su éxito. El Senado, último paso para su legislatura, debería ser un mero trámite. 

De aprobarse, el año próximo se realizará una elección para renovar a ministros, magistrados y jueces. Los miembros actuales de estos órganos también podrán ser candidatos, sin embargo, son varias las condiciones establecidas. Entre ellas, tener un título profesional y una licenciatura en derecho con un promedio mínimo entre 8,0 y 9,0 en las áreas relacionadas con el cargo de postulación. 

Todos los aspirantes deben contar con cinco años de experiencia y antes de entrar en la papeleta, tendrán que redactar un ensayo de tres cuartillas donde expliquen las razones de su postulación e incluyan cartas de referencia de cualquier persona en su entorno que apoye su idoneidad para desempeñar la labor.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Efe

Opuesto es el sistema que rige actualmente, donde los ministros son propuestos por el presidente a través de una terna y 2/3 de los senadores deben revalidar la decisión. En el caso de los magistrados y jueces, todos son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora será la gente, en todos los casos, la única responsable. 

La soberanía popular no sólo incidirá en el nombramiento, sino también en la sucesión del poder al interior de la Suprema Corte. Según señala el dictamen, la presidencia del ente "se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcance mayor votación". Los ministros, antes encargados de elegir al máximo líder, desde el año entrante en adelante serán meros espectadores.

El espacio de trabajo también sufrirá cambios. Si hasta la fecha son dos las salas que dispone el tribunal, de ser aprobada la reforma todas las sesiones serán en el pleno y tendrán la obligación de ser públicas en todos los temas que se discutan. Por su parte, la pensión vitalicia será eliminada de raíz y las remuneraciones se ajustarán al tope máximo para el presidente del país, que sería de unos 8.000 dólares mensuales

Ataques y defensas

A la oposición y a un segmento ciudadano, se han sumado organizaciones que han alertado sobre las consecuencias de la reforma. Las propuestas allí incluidas, dice el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, "constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México". 

Otra crítica persistente es el efecto de la reforma en la separación de poderes. Para muchos especialistas en la materia, la política de AMLO pone en serio riesgo uno de los principios más importantes de una democracia. La intención del presidente, dicen, es acaparar el mayor poder posible, al ser su sucesora una aliada a sus ideas.

Un grupo de manifestantes se oponen a la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Un grupo de manifestantes se oponen a la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). France24

Para las fuerzas de gobierno, la propuesta se hace cargo del reclamo popular. Sólo con la aprobación de la reforma, México podría contar con una institución de justicia que sea verdaderamente independiente del poder y de los intereses privados. En esa misma dirección se ha manifestado AMLO: "Los verdaderos empresarios quieren un Estado de derecho. Los especuladores quieren un Estado chueco, ellos son los que no quieren una reforma para limpiar la corrupción al Poder Judicial", afirmó. 

Más enfática aún fue Lilia Aguilar, diputada del Partido del Trabajo (PT), quien negó que la medida afecte los derechos laborales. Lo hizo respondiéndole a la presidenta de la Suprema Corte, a quien acusa de esparcir mentiras. "Ministra Norma Piña, es usted una desalmada, una mujer cruel y deshumanizada (...) En realidad, usted manda gente a defender sus privilegios". Así las cosas, los pronósticos vaticinan un triunfo del gobierno. La oposición, en tanto, deberá, de nuevo, lidiar con el fracaso.