El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin, mantienen una reunión bilateral en la cumbre de líderes del G20 en Osaka, Japón, 28 de junio de 2019 Reuters
Trump borra las huellas de los crímenes de Putin al ordenar que EEUU deje de investigar los secuestros de niños en Ucrania
La Casa Blanca desmantela el proyecto de la Universidad de Yale para rastrear a los menores ucranianos raptados por el Kremlin en los territorios ocupados.
El Laboratorio de Investigación Humanitaria colabora con los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) en la causa que investiga al presidente ruso.
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Donald Trump no muestra ningún interés en documentar los presuntos crímenes de guerra cometidos por la Rusia de Vladímir Putin en el marco de la invasión de Ucrania. Es algo que quedó demostrado cuando, en febrero, la Casa Blanca bloqueó los fondos públicos destinados al Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, un departamento encargado de recabar pruebas sobre el secuestro a manos de las autoridades rusas de 20.000 niños ucranianos de los territorios ocupados.
La medida, que asesta un duro golpe a las aspiraciones de Volodímir Zelenski de retornar a los menores a su país, coincidió con las negociaciones en curso entre la Administración Trump y el entorno del presidente ruso para poner fin a la guerra en Ucrania. Una batería de contactos bilaterales cuyo último episodio tuvo lugar ayer, de momento sin demasiado éxito.
Según adelantó la pasada semana el diario británico The i Paper, el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, más conocido por sus siglas en inglés como DOGE, tomó la decisión de suspender la financiación del proyecto, que coopera con los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) encargados del caso que investiga los presuntos crímenes de guerra rusos en el marco de la denominada “operación militar especial”.
En marzo de 2023, el Tribunal de La Haya emitió órdenes de arresto contra Putin y su comisaria para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, por la deportación y el traslado ilegal a Rusia de menores ucranianos. Sólo unos meses después de que diera comienzo la invasión a gran escala, las autoridades rusas agilizaron los trámites para que las familias rusas pudieran adoptar niños ucranianos.
La propia Lvova-Belova, una mujer que encarna los valores ultraconservadores de los que hace gala el Kremlin, decidió adoptar a un niño ucraniano secuestrado en Mariúpol. Algo de lo que incluso ha presumido en eventos públicos.
Ucrania denuncia la intención de eliminar todo rastro de su identidad nacional. Rusia, en cambio, sostiene que los traslados buscan alejar a los menores de la primera línea de combate. El trabajo denodado del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale, que forma parte del Observatorio de Conflictos, un programa que cuenta con el respaldo del Departamento de Estado, ha servido sin embargo para desmontar este extremo.
Desde que empezara a investigar en mayo de 2022, el departamento ha publicado trece informes que han servido a los fiscales del Tribunal de La Haya para acusar a seis funcionarios rusos de crímenes de guerra en Ucrania, entre los que figura el propio Putin.
El último, publicado a finales del pasado año, demuestra que el Kremlin financió el traslado de 314 niños ucranianos a hogares de acogida en los territorios ocupados. Un trabajo que Zelenski quiso agradecer. “Ciento cuarenta y ocho niños ya figuran en las bases de datos rusas de colocación de niños, 42 de los cuales ya han sido adoptados, colocados bajo tutela o asignados a custodios rusos. Otros 166 niños han sido colocados con familias rusas. El informe demuestra al mundo entero el alcance de las acciones de Rusia para borrar la identidad ucraniana y lo sistemática que es su política al respecto”, escribió el mandatario ucraniano en la red social X.
El Laboratorio de Yale trabaja con fuentes abiertas. Los investigadores han podido contar con los servicios de la empresa de software de cartografía geográfica Esri, la Iniciativa Smithsonian de Rescate Cultural, PlanetScape Ai. Pero la congelación de fondos de Musk merma de forma significativa las capacidades del Laboratorio. Entre los proyectos que la Casa Blanca ha desmantelado figura una base de datos que contabilizaba las deportaciones de menores ucranianos a territorio ruso, según adelantó ayer The Washington Post.
El Departamento de Estado no ha concretado en qué estado se encuentran esas bases de datos, que contienen expedientes detallados, fotos, nombres y otros metadatos relacionados con niños ucranianos adoptados y acogidos por Rusia, explica el diario estadounidense. Una documentación que, antes de que la Casa Blanca cortara la financiación, estaba en proceso de ser transferida a la Europol.
“La Administración Trump, ya sea por su incompetencia o por su intención, ahora ha puesto en duda la validez de tres años y 26 millones de dólares de pruebas de crímenes de guerra financiadas por los contribuyentes”, declaró uno de los investigadores al Post.
Según el director de la Oficina de Ayuda Exterior del Departamento de Estado, Peter Marocco, encargado de cortar los fondos del Laboratorio, cuyo nombre también aparece en el desmantelamiento de USAID —un proceso ahora impugnado por los tribunales—, el proyecto ha costado 13 millones de dólares de dinero público. Trece millones que, entre otros asuntos, permitieron a los investigadores acceder a imágenes por satélite, datos biométricos y otras herramientas para identificar las ubicaciones e identidades de los menores ucranianos secuestrados. Capacidades que, según la información de The Washington Post, han perdido.
El exsecretario de Estado, Antony Blinken, consideraba el trabajo del Laboratorio como una herramienta crucial para “captar y sacar a la luz pruebas de fuentes abiertas sobre los crímenes de guerra perpetrados por Rusia y otras atrocidades que se están cometiendo en Ucrania”. Una hipótesis que compartió Oona Hathaway, catedrática de Derecho de la Universidad de Yale, quien puso de relieve la capacidad de los investigadores para “proporcionar pruebas de apoyo para un caso más amplio de genocidio” ante el Tribunal de La Haya.
No obstante, ni Estados Unidos ni Rusia reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ni Washington ni Moscú han suscrito el Estatuto de Roma. Es más, el propio Trump sancionó a principios de febrero a Karim Khan, fiscal de la CPI, por solicitar la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, uno de sus más estrechos aliados.
