“La legislación de derechos humanos prohíbe la discriminación por nacionalidad”, ha afirmado el responsable de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra'ad al Hussein, en referencia a las controvertidas restricciones migratorias impuestas por la Administración Trump. “La restricción de Estados Unidos es también mezquina y desperdicia recursos necesarios para la lucha antiterrorista”.

Hussein, quien alertó antes de las elecciones de que Trump podía suponer una amenaza para los derechos fundamentales en el mundo, es la última voz en alzarse contra la orden ejecutiva rubricada por el presidente estadounidense el viernes pasado. 

El decreto para "proteger a la nación de terroristas extranjeros" frena la entrada de personas procedentes de Irak, Siria, Irán, Somalia, Libia y Yemen durante tres meses. También suspende por 120 días el programa de acogida de refugiados de EEUU, del que veta indefinidamente a los sirios, y establece un límite de 50.000 asilados para 2017.

Por otro lado, la medida promete trato prioritario a los solicitantes de asilo que pertenecen a minorías perseguidas en sus países de origen como los cristianos en Siria, según el ejemplo utilizado el domingo por Trump en una entrevista con la CBN.

El Ejecutivo ha matizado que la prohibición no incluye a aquellos ciudadanos que posean una green card, que reconoce su estatus como residentes permanentes de EEUU, después de que una jueza bloqueara partes de la orden ejecutiva. Los demandantes eran dos inmigrantes iraquíes respaldados por la ONG American Civil Liberties Union, que ya adelantó a EL ESPAÑOL que llevaría a cabo acciones legales si consideraba que Trump se excedía en el cargo.

La aplicación de la orden ejecutiva provocó la detención de numerosos pasajeros provenientes de países de mayoría musulmana en los aeropuertos de EEUU, mientras que a otros directamente se les impidió subir al avión. Refugiados, estudiantes extranjeros e incluso un antiguo colaborador de EEUU en Irak se han visto afectados por la medida.

Asimismo, ha desencadenado un aluvión de críticas y protestas multitudinarias que todavía no ha cesado. A golpe de bolígrafo, Donald Trump ha enfadado a activistas, multinacionales, fiscales, congresistas o jefes de Estado, como la canciller alemana Angela Merkel o el presidente francés François Hollande -aunque la Unión Europea ha eludido condenar el veto. 

La Canadá de Justin Trudeau se ha ofrecido como refugio para los afectados por las acciones de Trump. Este lunes, sin embargo, un ataque a una mezquita de Quebec se ha zanjado con seis muertos.

Mientras tanto, el Gobierno iraquí ha pedido a Trump que revise la medida al tiempo que el Parlamento de Bagdad exigía a su Ejecutivo que actuase con reciprocidad. 

Ante la presión, Trump se ha lanzado a Twitter a defender sus actos para "hacer que EEUU sea seguro de nuevo". Ha aseverado que sólo 109 personas de un total de 325.000 fueron detenidas y que el caos aeroportuario se debió a una caída del sistema de la compañía Delta.

"Si la restricción se hubiera anunciado con una semana de antelación, el mal hubiera corrido a entrar en nuestro país durante esa semana. ¡Hay muchos malos ahí fuera!", se ha justificado.

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