El Jefe de la Policía de Filipinas, Ronald de la Rosa, ha anunciado ante una comisión del Senado que más de 1.900 personas han muerto en el país desde principios de julio. El nuevo presidente, Rodrigo Duterte, había prometido una campaña contra la droga en la que usaría la violencia si era necesario.
De la Rosa ha aclarado que 756 de las muertes se produjeron en operaciones policiales. El resto fueron llevadas a cabo por “grupos de vigilantes”, que no han sido identificados ni explicados. No obstante, el policía ha declarado que no hay órdenes directas de disparar a matar puesto que sus agentes no son “carniceros”.
Además, el dirigente policial ha asegurado que más de 670.000 personas se han entregado a las autoridades y que la Policía ha detenido a más de 11.000 personas por su relación con las drogas. "La campaña revela la magnitud del problema, persuade a personalidades de la droga a entregarse e intensifica la acción policial con el resultado de reducción del crimen", ha manifestado.
Estas medidas cuentan con “el reconocimiento y el apoyo” de la ciudadanía, según el jefe de la Policía. De hecho, Duterte goza de una popularidad del 91% en las últimas encuestas y, durante la audiencia, varias decenas de partidarios del presidente desplegaron pancartas con el mensaje: “Bato [apodo de Duterte] estamos contigo en la lucha contra las drogas”.
De la Rosa ha añadido que gracias al compromiso del presidente con la campaña y la aportación ciudadana también se está favoreciendo la “limpieza interna” en la Policía, ya que cerca de 70 agentes han sido detenidos por su relación con el narcotráfico.
La comisión ante la que ha declarado el jefe de la Policía está formada por familiares de víctimas y presidida por la senadora Leila de Lima. De Lima ha denunciado que la campaña policial es una “excusa para agentes y otros elementos para cometer asesinatos con impunidad”.
Duterte ya protagonizó una limpieza similar cuando fue alcalde de Dávao durante 22 años, unas de las ciudades más pobladas del sur del país. Aunque la Policía local negó que existieran unos “Escuadrones de la muerte de Dávao” que llevarán a cabo casi 1.000 asesinatos, tanto HRW como la ONU o la Comisión Filipina para los Derechos Humanos encontraron pruebas de que estas cuadrillas existían y que varios dirigentes policiales y agentes del Gobierno estaban involucrados.
Sin embargo, "el Donald Trump filipino" negó cualquier conocimiento de estos escuadrones, aunque en 2009 aseguró que algunos criminales son “un objetivo legítimo de asesinato”. Durante la campaña presidencial, el dirigente prometió matar a 100.000 criminales en los primeros seis meses de su mandato para acabar con el narcotráfico y advirtió que aconsejaba abrir negocios funerarios si alcanzaba la presidencia.
Duterte llegó al poder el 30 de junio y en agosto confesó que odia "matar a seres humanos", pero que tiene que "hacer algo con el crimen y las drogas". Además, el presidente prometió medallas a quien matara a narcos.
Debido a estas políticas, el presidente ha sido duramente criticado por la ONU. Por su parte, Estados Unidos ha declarado sentirse “profundamente preocupado” por el aumento de las muertes en el país.
Duterte no se ha asustado y ha respondido al organismo internacional que se trata de una medida necesaria y, por lo tanto, “le dan igual” los derechos humanos. En esta misma línea, el pasado domingo amenazó con sacar a Filipinas de la ONU, pero su ministro de Exteriores aseguró el lunes que no abandonarán la organización.