Cuando el extécnico de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que filtró documentos clasificados Edward Snowden pidió en 2013 asilo al presidente ruso, Vladímir Putin, era uno de los críticos más apasionados del sistema de espionaje indiscriminado del Gobierno estadounidense a sus ciudadanos. Tres años después, Snowden denuncia que el sistema de control a los ciudadanos que se está consolidando en Rusia no tiene nada que envidiar a la de su país natal.

Putin firmó en julio una serie de leyes antiterroristas que refuerzan a partir de 2018 la vigilancia de los servicios especiales de todo tipo de comunicaciones. Las nuevas normas obligan a las empresas de internet y de las redes sociales a almacenar el rastro digital de sus usuarios: los mensajes, llamadas y datos de los usuarios durante seis meses para transferirlos a las “agencias gubernamentales correspondientes” en caso de que sea necesario.

“Putin ha firmado una nueva ley represiva que viola no sólo los derechos humanos sino el sentido común. Es un día oscuro para Rusia”, escribió Snowden en Twitter. El personaje más buscado por la Justicia estadounidense cuyo paradero actual se desconoce, aunque en su momento Rusia le dio asilo, no oculta que sus palabras podrían costarle mucho. “Sí, tengo miedo, pero esto no me detuvo en criticar la Casa Blanca y no me detendrá aquí”, indicó.

Las nuevas modificaciones han sido promovidas por la diputada oficialista, Irina Yarovaya, y el senador Víctor Ozerov. Antes de llegar a manos de Putin, la iniciativa recibió el visto bueno de la Duma (Cámara Baja) y del Consejo de la Federación (Senado). La versión oficial es que todas estas medidas pretenden blindar de posibles atentados el Mundial de Fútbol de 2018, que se celebrará en once ciudades rusas.

Sin embargo, muchos expertos consideran que desde el punto de vista de la lucha antiterrorista la nueva ley no tiene ningún sentido. “Es imposible analizar semejante flujo de información en tiempo real. Para prevenir atentados es mucho más eficaz infiltrar agentes en organizaciones terroristas”, dijo a EL ESPAÑOL un excoronel del KGB (servicios especiales) de la época soviética.

Por su parte, defensores de los derechos humanos denuncian que con la entrada en vigor de las leyes antiterroristas, se cumpliría el sueño dorado de los servicios especiales rusos de tener acceso gratuito a cualquier tipo de información personal de cualquier ciudadano.

“Las modificaciones crean en Rusia un sistema de vigilancia propio del Gran Hermano que afecta a la privacidad de millones de personas que no tienen nada que ver con el terrorismo. Existe un alto riesgo de que el Gobierno utilice las nuevas normas para erradicar cualquier tipo de críticas al poder en Internet, el único espacio común donde los rusos actualmente pueden expresar su desacuerdo con las autoridades”, considera Tanya Lokshina, investigadora sobre Rusia de Human Rights Watch.

Los críticos de las nuevas leyes sostienen que además de ser un ataque contra la oposición en internet, representan una amenaza a las empresas del sector de comunicaciones que estarán obligadas a gastar miles de millones de euros en almacenamiento de datos. El director de la empresa de telefonía móvil rusa Megafon, Serguei Soldatenkov, advirtió que su compañía tendría que gastar 200.000 millones de rublos (2.800 millones de euros) para financiar las estructuras necesarias. Esta suma equivale a su beneficio anual de cuatro años.

“Esta ley matará financieramente la industria de las telecomunicaciones” en Rusia, afirmó, proponiendo que el Gobierno introdujera una nueva tasa en el sector para construir las infraestructuras necesarias.

Rusia controla actualmente a más de 220 potenciales terroristas suicidas, informó esta semana Alexandr Bórtnikov, director del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB, antiguo KGB), en una reunión de seguridad presidida por Putin.

Los expertos que defienden las leyes antiterroristas aseguran que las empresas de internet y de telefonía móvil exageran su posible impacto negativo. “La puesta en marcha de las nuevas normas estará en manos del Gobierno que claramente no está interesado en arruinar el sector de comunicaciones”, dijo a EL ESPAÑOL Guerman Klimenko, asesor de Putin para temas de internet. El propio Putin había pedido al Gobierno que velara por la puesta en marcha de la ley y que tomara las medidas para evitar consecuencias “indeseables”.

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