Bruselas aplaza a 2025 las reformas urgentes para la supervivencia del euro

Bruselas lo fía todo a que no habrá una nueva crisis financiera antes de 2025. La que estalló en 2007-2008 a punto estuvo de hacer saltar por los aires la eurozona debido a sus fallos estructurales, en particular su incapacidad de asistir a los países con problemas específicos. Sólo las palabras mágicas en 2012 del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, evitaron la catástrofe y restauraron un equilibrio precario: el drama de Grecia, por ejemplo, sigue sin resolverse.

Desde entonces, economistas y políticos han puesto reiteradamente sobre la mesa las soluciones necesarias para estabilizar de forma definitiva el euro, como un Tesoro europeo, un ministro de Economía federal, un presupuesto común o eurobonos. El consenso es casi unánime: sin estas reformas, la eurozona no sobrevivirá a la próxima tormenta financiera. Pero Alemania (junto con otros países como Holanda o Finlandia) bloquea estas medidas porque teme convertirse en el pagador permanente de los excesos de los países del sur.

La Comisión Europea ha vuelto a reabrir el debate este miércoles con la publicación de una hoja de ruta para completar la unión económica y monetaria. Un documento de 40 páginas que forma parte de la reflexión sobre el futuro de la UE tras el brexit. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario se limita a plantear pistas para el debate, la mayoría mil veces presentadas y discutidas, y aplaza las propuestas y las decisiones concretas al periodo entre 2020-2025.

"Por lo que se refiere al euro, la cosa es simple: el statu quo no es una opción. Hay que avanzar", ha proclamado el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. A su juicio, "sólo revirtiendo las divergencias económicas y sociales en la zona euro podremos derrotar al peligroso populismo que se alimenta de ellas".

Sucedáneo de eurobonos

La gran esperanza en la Comisión es que el nuevo presidente francés dé un impulso a estas reformas. Emmanuel Macron llevaba en su programa electoral medidas como el ministro de Economía federal o el presupuesto común para la eurozona. También el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respalda iniciativas como los eurobonos. En Bruselas confían en que la profesión de fe europeísta que está haciendo la canciller Angela Merkel en campaña se traduzca en un desbloqueo del debate tras las elecciones alemanas de septiembre.

No obstante, Berlín veta incluso las medidas a corto plazo incluidas en la hoja de ruta que ha presentado este miércoles el Ejecutivo comunitario. Las más importantes son dos. En primer lugar, la creación de un sistema europeo de garantía de depósitos bancarios. Una iniciativa cuyo objetivo es evitar fugas de depósitos como la ocurrida en España durante la fase más aguda de la crisis. Bruselas presentó ya una propuesta legislativa en noviembre de 2015, pero el debate apenas ha avanzado por la oposición de Alemania. Ahora plantea que se adopte una decisión antes de 2019 y que entre en vigor entre 2020 y 2025.

Tampoco hay acuerdo sobre una garantía pública para el nuevo Fondo Europeo de Reestructuración Bancaria, que estará dotado con 55.000 millones de euros. La filosofía es que en el futuro deben ser los propios bancos y no los contribuyentes los que financien los rescates. Por eso, este fondo está siendo prefinanciado por las propias entidades. Pero no se ha previsto ninguna solución para los casos en que se quede vacío, por ejemplo tras una crisis. Esta laguna debe resolverse lo antes posible para dar credibilidad al fondo, según Bruselas. Berlín cuestiona que este aval público sea necesario.

Una de las prioridades para la Comisión es romper el círculo vicioso entre bancos y Estados, que casi llevó a España a la quiebra en 2012. La solución más fácil, según la mayoría de los expertos, sería la emisión de eurobonos con una mutualización de riesgos entre todos los países de la eurozona. Pero la canciller Merkel ha dicho que esto no va a ocurrir mientras ella viva.

Por ello, el Ejecutivo comunitario plantea un sucedáneo que podría ponerse en marcha a corto plazo: títulos respaldados por deuda pública de la eurozona (o SBBS, nuevas siglas para la jerga comunitaria). Se trata de empaquetar y vender conjuntamente bonos de los diferentes países de la eurozona. Pero no hay ninguna mutualización de riesgos, cada Estado debe seguir cubriendo la parte que le corresponde.

¿Qué presupuesto para la eurozona?

El resto de reformas incluidas en la hoja de ruta de la Comisión se aplazan al periodo 2020 y 2025. Aquí la medida clave es el presupuesto federal, cuya función sería responder a las crisis asimétricas, es decir, aquellas que sólo afectan a uno o varios países y no al conjunto de la eurozona. Y pese a los múltiples estudios realizados desde 2012, Bruselas se limita a esbozar tres alternativas sin decantarse por ninguna.

La menos ambiciosa sería un sistema de protección de la inversión, que permitiría financiar desde la UE los proyectos de infraestructuras o de formación de los países en crisis. En segundo lugar, Bruselas plantea que el presupuesto de la eurozona adopte la forma de un seguro europeo de desempleo. Pero admite que esta solución exigiría una convergencia previa de las políticas de mercado laboral de los diferentes países. La tercera opción es una hucha en la que se acumularían fondos de forma regular y que se rompería en caso de crisis, aunque sólo podría gastarse el dinero acumulado.

El propio Ejecutivo comunitario admite que las tres ideas se quedan cortas respecto a lo que debería ser un auténtico presupuesto de la eurozona, que debería ser más amplio y que "podría ser un objetivo a más largo plazo". Es decir, para después de 2025.

Otras medidas a largo plazo que propone Bruselas son la creación de un Tesoro de la eurozona, un Fondo Monetario Europeo o un presidente a tiempo completo para el Eurogrupo que acumule también las funciones del comisario de Asuntos Económicos. También vuelve a poner sobre la mesa la idea de auténticos eurobonos, aunque ya no los llama así sino "activos europeos seguros". Todo ello, resalta la Comisión, exigirá fijar nuevos objetivos de convergencia económica y social.