Las trabas a las que se enfrenta en Bélgica la euroorden contra Puigdemont

La extradición de Carles Puigdemont desde Bruselas a España no puede darse por segura. La orden de detención y entrega que la juez Carmen Lamela cursará previsiblemente este viernes contra el expresidente catalán y los cuatro miembros de su antiguo Gobierno que le acompañan en el 'exilio' se enfrenta a una navegación complicada en Bélgica, el único país de la UE que ha mostrado cierta simpatía con los secesionistas catalanes.

Ninguno de los tres tipos penales de los que se acusa a Puigdemont -sedición, rebelión y malversación- figura en la lista de 32 delitos para los que la euroorden establece una entrega casi automática, en la que sí están por ejemplo el terrorismo, la trata de seres humanos o el tráfico de drogas. Y Bélgica concede mucha relevancia a cualquier alegación de que se vulneran los derechos humanos, como las que tiene previsto presentar el abogado de Puigdemont, Paul Bekaert.

Lo primero que tiene que hacer el juez belga que convoque a Puigdemont es preguntarle si acepta o no la extradición. Si la respuesta fuera afirmativa, se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días. Pero el expresidente catalán ya ha dejado claro que se opondrá a la euroorden. Considera que sus exconsejeros que se quedaron en Barcelona han sido encarcelados "por sus ideas". "El clan furioso del 155 nos quiere en la cárcel. El clamor sereno de los catalanes es de libertad", ha escrito en su cuenta de Twitter. 

En este caso de oposición a la euroorden, el tribunal debe determinar si decreta o no prisión provisional mientras se tramita la solicitud de entrega. El principal criterio es el riesgo de fuga, que según la juez Lamela ya ha quedado acreditado con la huida de Puigdemont a Bruselas. Pero es improbable que un juez belga envíe a la cárcel al expresidente catalán.

"El señor Puigdemont no es un bandido, ni un traficante de drogas o un terrorista. Ofrece todas las garantías de que estará presente en el procedimiento de ejecución (o de no ejecución) de la euroorden emitida por las autoridades españolas", explica a EL ESPAÑOL Denis Bosquet, abogado bruselense especializado en derecho penal y en la euroorden.

Dado que ninguno de los tres delitos de que se acusa a Puigdemont figura en la lista de la euroorden (la malversación no puede equipararse a corrupción, que sí está, según el abogado), la justicia belga debe verificar que también están tipificados en Bélgica como condición previa para tramitar la entrega. El único sobre el que no hay ninguna duda es precisamente el de la malversación, castigado penalmente tanto en Bélgica como en España.

El delito de sedición como tal no existe en el derecho belga, que sí recoge una infracción similar denominada "coalición de funcionarios". La gran diferencia es que la pena es muy inferior, un máximo de seis meses de cárcel frente a 15 años en España. Ello podría llevar al juez a plantearse la cuestión de la proporcionalidad, relata Bosquet. En cuanto a la rebelión, el código penal de Bélgica la define como resistencia a la autoridad policial. "No hay un delito de rebelión contra la autoridad política o el Estado", apunta el especialista.

Si la justicia belga sólo admite uno o dos de los tres delitos imputados por la juez Lamela a la hora de extraditar a Puigdemont, el expresidente catalán únicamente podrá ser juzgado en España por esos delitos. 

Pesan las imágenes de violencia del 1-O

El siguiente obstáculo para la euroorden contra Puigdemont en Bélgica se encuentra en los posibles motivos tasados para denegarla. Este procedimiento simplificado de entrega, que funciona desde el año 2004, se basa en la confianza mutua de que todos los países de la UE disponen de sistemas judiciales justos y de garantías legales plenas. Por eso, la norma europea no incluye expresamente el riesgo de vulneración de los derechos humanos como causa para rechazar la extradición. Se da por supuesto que se respetarán. 

Sin embargo, Bélgica hizo una transposición ultragarantista de la euroorden a su legislación nacional y sí prevé este motivo. “Si se demuestra que la extradición del señor Puigdemont podría impedir por ejemplo la celebración de un juicio justo o que su situación se vería agravada por sus opiniones políticas, la justicia belga puede decir que hay un riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales y denegar la entrega”, señala Bosquet. 

¿Cuál es la probabilidad de que suceda esto, de que la justicia belga rechace la euroorden contra Puigdemont? “Es imposible de decir, depende de múltiples variables”, responde el abogado. No obstante, señala que los acontecimientos de las últimas semanas en la crisis catalana, y en especial las imágenes de violencia y represión durante el referéndum del 1-O, van a pesar en la decisión de la justicia belga. 

“Hay un contexto que envuelve todo este tema al que no se puede ser insensible y que podría considerarse un ataque a los derechos fundamentales de Puigdemont”, apunta Bosquet. “La justicia belga podría condicionar la entrega, pedir explicaciones a las autoridades españolas, solicitar garantías de que habrá un juicio justo, que no será simplemente una venganza del Estado central por un intento de independencia”, señala.