Los flecos pendientes del acuerdo del 'brexit' que ultiman la UE y Londres

Nada está acordado hasta que todo está acordado. Es el mantra al que recurren los dirigentes comunitarios para poner en cuarentena las informaciones que sostienen que ya se ha alcanzado un pacto preliminar entre Bruselas y Londres sobre la factura del brexit. Reino Unido estaría dispuesto a pagar entre 45.000 y 55.000 millones de euros, muy cerca de los 60.000 millones que le reclaman sus socios europeos, según ha publicado la prensa británica. "Aún no estamos ahí", ha asegurado el negociador europeo, Michel Barnier, al ser preguntado por el supuesto acuerdo. El Gobierno de Theresa May tampoco confirma que haya fumata blanca, aunque varios ministros, entre ellos el euroescéptico Boris Johnson, confirman su disposición a aumentar su oferta financiera.

Reino Unido quiere empezar a negociar cuanto antes los detalles de su futuro acuerdo comercial con la UE que entrará en vigor cuando abandone el bloque en 2019, así como el periodo transitorio de adaptación. Su objetivo es frenar la salida de empresas que abandonan territorio británico por la incertidumbre del brexit. Pero los 27 exigen resolver primero los tres temas del divorcio antes de hablar del futuro: los derechos de los ciudadanos, la factura de salida y la frontera de Irlanda.

La UE le ha dado a May de plazo hasta el próximo lunes 4 de diciembre para preparar nuevas concesiones en estos tres capítulos. Tras meses de bloqueo, el ambiente en Bruselas es de optimismo y por eso se ha programado una cuidadosa coreografía de reuniones.

El mismo lunes, la primera ministra británica almorzará en Bruselas con Barnier y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para traerles su oferta final. A continuación, el 6 de diciembre, el colegio de comisarios y los 27 examinarán si ha habido "progresos suficientes" en el divorcio. Si la respuesta es positiva, los líderes de la UE aprobarán pasar a la segunda fase del brexit, las discusiones sobre el futuro, durante la cumbre del 14 y 15 de diciembre. Pero las negociaciones todavía pueden descarrilar porque quedan muchos flecos pendientes.

La factura de salida

De principal escollo para cerrar un acuerdo de divorcio, se ha convertido en el primer punto de acuerdo. Reino Unido se pliega a las exigencias de los 27 y acepta una factura de hasta 60.000 millones de euros para saldar sus cuentas. Al inicio de las conversaciones, el negociador británico, David Davis, llegó a sugerir que quizá era la UE la que debía dinero a Londres. En septiembre, May ofreció a sus socios 20.000 millones de euros. En las últimas horas, la cesión ha sido completa y Londres asume los números de Bruselas. Las cifras todavía pueden bailar, ya que en realidad lo que tiene que pactarse es un método de cálculo.

Estos compromisos financieros se explican por la peculiar estructura del presupuesto de la UE, que no se acuerda anualmente sino para periodos de siete años. Las cuentas vigentes, que se pactaron en 2013 por unanimidad -es decir, con el voto a favor de Londres- cubren el periodo 2014-2020, pero los fondos pueden seguir gastándose hasta 2023. Además, la UE todavía arrastra compromisos de pago pendientes de presupuestos anteriores. A ello hay que sumar el coste de las pensiones de los eurofuncionarios. Reino Unido tiene que pagar su ronda de copas aunque quiera irse del bar antes de hora, según la metáfora que repite Juncker.

La frontera con Irlanda

Constituye en estos momentos el principal obstáculo para un divorcio acordado y no se avista ninguna solución factible que contente a todas las partes. El Gobierno de Dublín exige a Reino Unido garantías concretas de que no erigirá una frontera dura, un nuevo muro de separación que divida la isla. Está en juego la supervivencia del precario acuerdo de paz en el Ulster. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, se muestra convencido de que no necesitará esgrimir su veto porque cuenta con el apoyo del resto de socios europeos frente a Londres. "La solidaridad que existe hacia Irlanda y nuestros problemas específicos a la hora de evitar una frontera dura es muy fuerte", ha dicho Varadkar este miércoles.

May asegura compartir el objetivo de que no haya controles fronterizos en Irlanda, pero hasta ahora no ha precisado cómo hacerlo, más allá de apostar por avances tecnológicos indeterminados que Bruselas tacha de "pensamiento mágico". Para los 27, la única solución viable pasaría por situar a Irlanda del Norte bajo tutela de Bruselas. El Gobierno de Belfast seguiría aplicando las reglas del mercado interior, lo que haría innecesarios los controles aduaneros en la isla. Mientras, el resto de Reino Unido seguiría su propio camino y sí tendría frontera dura con la UE. Londres rechaza este plan por considerar que pone en riesgo la integridad territorial del país.

Los derechos de los ciudadanos

El brexit supondrá un vuelco en la vida cotidiana de los 3,3 millones de ciudadanos de la UE que ahora viven en Reino Unido (de los cuales 100.000 son españoles) y de los 1,2 millones de británicos que residen en el continente (300.000 en España). Bruselas y Londres se han comprometido a garantizar sus derechos adquiridos, y en particular el derecho a quedarse. Los avances en este capítulo fueron importantes durante los primeros meses, pero desde septiembre el diálogo ha entrado en punto muerto.

"Vemos con gran preocupación que las negociaciones sobre este tema están estancadas, y que incluso algunos progresos se han revertido", ha avisado este miércoles el portavoz de la Eurocámara para el brexit, Guy Verhofstadt. A Bruselas le preocupa en particular la gran cantidad de burocracia que Londres pide a los ciudadanos europeos para obtener la residencia permanente. Otras cuestiones sin resolver son el derecho a la reunificación familiar o la portabilidad de las prestaciones sociales.

A Reino Unido le ha indignado que la UE no garantice a sus ciudadanos el derecho a seguir votando en las elecciones municipales. Pero la principal discrepancia se sitúa en quién debe actuar de garante de estos derechos. Los 27 ven irrenunciable que este papel lo ejerza el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), pero Londres sostiene que la justicia británica debe recuperar su plena soberanía.