La letra pequeña de la separación que han firmado May y Juncker

El acuerdo de divorcio que han sellado este viernes la primera ministra británica, Theresa May y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, supone una victoria casi total de la Unión Europea frente a las tesis de Londres. Pese a su resistencia inicial, May ha cedido y se ha acabado plegando a las exigencias de los 27 en todos los temas de la separación. En particular, acepta pagar una factura de salida de hasta 45.000 millones de euros y reconoce un estatus especial para Irlanda del Norte, que quedará vinculada a la UE, salvo si se encuentra otra solución para evitar una frontera dura en la isla.

"No he entrado en esta negociación con la idea de hacer concesiones, sino de lograr un compromiso dinámico", ha dicho el negociador de la UE, Michel Barnier. Cuando se le ha preguntado qué demandas británicas ha aceptado, la única que ha sabido citar es que Londres no tendrá que pagar los gastos del traslado de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

La primera ministra británica partía de una situación de debilidad política extrema. No sólo porque perdió la mayoría en las elecciones anticipadas de junio y depende del apoyo de los unionistas del DUP. O porque su gabinete está fracturado entre los partidarios de un brexit blando, como el titular de Finanzas Philip Hammond, y los que abogan por una ruptura radical, como el ministro de Exteriores, Boris Johnson. Sino sobre todo porque el tiempo corre en su contra. Era su última oportunidad de frenar la fuga de empresas que se marchan de Reino Unido por la incertidumbre del brexit. Esta es la letra pequeña del acuerdo de divorcio.

El derecho a quedarse de los ciudadanos

Se trata de los 3,3 millones de europeos que residen en Reino Unido (entre ellos 100.000 españoles) y de 1,2 millones de británicos que viven en el continente (300.000 en España). El acuerdo de divorcio preserva sus derechos adquiridos, en particular el derecho a quedarse de por vida en sus actuales condiciones, y prohíbe cualquier discriminación basada en la nacionalidad.

La fecha de corte se ha fijado en el momento en que Londres saldrá de la UE: el 29 de marzo de 2019. E incluso podría ampliarse hasta 2021, para cubrir la transición de dos años que pide May, según ha sugerido Barnier. Al principio de las negociaciones, los británicos querían que la fecha de corte fuera el referéndum del brexit, el 23 de junio de 2016.

Reino Unido reconoce además el derecho a la reunificación familiar después del brexit para esposos, hijos, padres o abuelos, algo que también rechazaba. El derecho a quedarse cubre a todos los hijos, incluso a los bebés postbrexit. Los ciudadanos conservarán el derecho a la sanidad, las pensiones y las prestaciones familiares. Y Londres se compromete a crear un procedimiento muy sencillo para que los europeos accedan al nuevo estatuto de asentados, que no podrá costar más de 70 libras (80 euros).

Sobre la controvertida cuestión de quién velará por los derechos de los europeos residentes en Reino Unido, la UE y Londres han alcanzado una solución intermedia. Los tribunales británicos serán los que decidan. Pero estarán obligados a tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE). Y durante un periodo de 8 años podrán preguntar directamente al TJUE por su interpretación. Reino Unido creará una autoridad independiente con la tarea específica de velar por los derechos de los europeos.

La factura de salida

El acuerdo de divorcio no incluye ninguna cifra sobre la cantidad que deberá pagar Reino Unido, sólo una metodología de cálculo. Tampoco Barnier ha querido desvelar los números. Pero los expertos coinciden en que Londres se ha comprometido a pagar entre 40.000 y 45.000 millones de euros. Es decir, muy cerca de lo que Bruselas reclamaba desde el principio para saldar las cuentas.

También en este capítulo, el Gobierno de May ha cedido considerablemente. Al principio del diálogo, el negociador británico, David Davis, llegó a sugerir que era la UE la que debía dinero a Reino Unido. En su discurso de septiembre en Florencia, la propia May ofreció 20.000 millones, pero los 27 lo consideraron insuficiente. Finalmente, acepta pagar todo lo que le pedía Bruselas, salvo el traslado de la EBA y la EMA. Por supuesto, la factura de salida deberá abonarse en euros.

El desglose de los 45.000 millones de euros es el siguiente: entre 22.000 y 23.000 millones corresponden a compromisos financieros asumidos por la UE a 28 pero que todavía no se han pagado; entre 17.000 y 18.000 millones son para cubrir los gastos de 2019 y 2020, ya que el presupuesto de la UE se pacta para periodos de 7 años y el actual, aprobado por Londres, va de 2014-2020; y entre 2.000 y 4.000 millones para los pasivos, sobre todo las pensiones de los eurofuncionarios.

La frontera con Irlanda

Es el asunto más sensible porque está en juego el Acuerdo de Paz del Viernes Santo en el Ulster de 1998. Un proceso de paz que podría descarrilar si vuelve a erigirse una frontera dura, un muro de separación en la isla de Irlanda. Desde el principio de la negociación, tanto Dublín como Londres se comprometieron a una "frontera invisible" que no obstaculizara el tránsito de personas y mercancías. Reino Unido sostiene que esto puede hacerse mediante la tecnología, pero Bruselas tachó esta propuesta de pensamiento mágico.

También aquí se han impuesto las tesis de la UE. Salvo que se encuentre otra solución a tiempo (y la carga de la prueba será para May), Irlanda del Norte deberá mantener una "armonización reglamentaria" con el mercado único y la unión aduanera. Un estatus especial en la UE mientras el resto de Reino Unido la abandona por completo. Es decir, que la frontera se desplazaría en la práctica al mar de Irlanda. Los unionistas del DUP vetaron el lunes este acuerdo. Ahora la aceptan porque contempla la escapatoria de que pueda encontrarse una alternativa antes de 2019.