Los líderes europeos chocan por el recorte del presupuesto tras el 'brexit'

Ni la elección de los altos cargos, ni el reparto de sedes de las agencias comunitarias, ni siquiera las cuotas de refugiados. Los debates más divisivos en la Unión Europea, los que generan más tensiones y enfrentamientos más virulentos entre los países miembros, son los que tienen que ver con el dinero. En concreto, las negociaciones cada siete años del presupuesto plurianual comunitario. El actual marco financiero -que comprenden el periodo entre 2014 y 2020- entra ya en su recta final. Y las hostilidades entre contribuyentes netos y beneficiarios de las ayudas europeas han vuelto a desatarse en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada este viernes en Bruselas, en la que se ha discutido por primera vez sobre el futuro presupuesto 2021-2027.

Esta vez, el acuerdo será si cabe todavía más difícil. Por un lado, la marcha de Reino Unido, segundo contribuyente neto tras Alemania, deja un agujero en las arcas comunitarias de hasta 14.000 millones de euros al año. Por otro, la UE pretende asumir nuevas tareas, en particular en materia de control de fronteras y defensa. ¿Cómo se cubre la brecha del brexit?. ¿Hay que reducir el tamaño del presupuesto comunitario tras la marcha de Reino Unido?. ¿Con qué dinero se pagan las nuevas políticas?. ¿Tiene sentido que las ayudas agrícolas y regionales sigan acaparando tres cuartas partes del gasto de la UE?. ¿Habría que desviar parte de estos fondos a otras partidas con más potencial de futuro como la innovación o las becas Erasmus?

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete -la británica Theresa May no estaba invitada- no se ponen de acuerdo a la hora de contestar a estos interrogantes. Es mas, sus respuestas son a menudo contradictorias, según se ha puesto de relieve en la cumbre de este viernes. La reunión ha servido únicamente para que empiecen a configurarse los diferentes bandos que se enfrentarán los próximos meses. En el pasado, las líneas divisorias estaban muy claras: contribuyentes contra beneficiarios. El brexit y el nuevo Gobierno de Gran Coalición en Alemania complican esta vez la ecuación.

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, se ha comprometido a presentar su primer borrador de presupuestos el próximo 2 de mayo y quiere que los jefes de Estado y de Gobierno cierren un acuerdo antes de las elecciones europeas de mayo de 2019. Pero los líderes europeos han rebajado este viernes su ambición y avisan de que necesitarán más tiempo. Las cuentas se aprueban por unanimidad y necesitan ser después ratificadas por la Eurocámara.

El primer ministro austriaco Sebastian Kurz conversa con Juncker UE

Los irreductibles de la austeridad: Austria, Holanda, Dinamarca y Suecia

En este bando se encuentran Austria, Holanda, Dinamarca y Suecia. "Los que se oponen a incrementar el presupuesto de la UE no son muchos pero están muy determinados", ironiza un alto funcionario. Debido al brexit, se han quedado sin su principal aliado, Reino Unido, que ejercía de líder del grupo con su exigencia constante de recortes. Su principal reivindicación es que el marco financiero de la UE no puede superar el actual umbral del 1% del PIB comunitario. "Cuando Reino Unido se vaya de la UE, el presupuesto debería reducirse en consecuencia", sostienen. Si Bruselas quiere gastar más en inmigración o defensa, tendrá que recortar las ayudas a la política agrícola común (PAC) o los fondos estructurales.

"Lo que no queremos es que se exija cada vez más y más a los países contribuyentes netos, ya que éstos ya aportan mucho", ha dicho este viernes el joven canciller austríaco, Sebastian Kurz, que se erige en el nuevo jefe del grupo. "Ya damos mucho a la UE y nuestro compromiso es que no vamos a dar todavía más", asegura el primer ministro holandés, Mark Rutte. "La UE no será más rica cuando Reino Unido se marche. Por lo tanto, nuestro punto de partida es que debemos mantener el presupuesto dentro del 1% del PIB", ha coincidido su homólogo danés, Lars Lokke Rasmussen.

La canciller Merkel y el primer ministro belga, Charles Michel UE

Los que se han cambiado de bando: Alemania y Finlandia

Alemania es el principal contribuyente neto al presupuesto de la UE. Entre 2014 y 2016 aportó de media 13.600 millones de euros al año a las arcas comunitarias. Por eso, tradicionalmente se alinea con el bando de los apóstoles de los recortes, aunque en el último momento de las negociaciones flexibiliza su postura para lograr un compromiso. Esta vez es distinto. El acuerdo de Gran Coalición entre la CDU de la canciller Angela Merkel y los socialdemócratas contempla aumentar la aportación alemana a la Unión. Berlín cambia de bando y se sitúa con los países que apuestan por aumentar el marco financiero de la UE. Bruselas ha propuesto pasar del 1% a hasta el 1,2% del PIB comunitario.

Eso sí, Merkel plantea sus condiciones. En el futuro, sólo podrán beneficiarse de las ayudas comunitarias los países que acepten acoger a refugiados y que cumplan los estándares europeos en materia de Estado de derecho. Un recado dirigido a los Gobiernos euroescépticos de Hungría y Polonia. El otro país que se ha pasado del bando de los austeros al de los expansivos es Finlandia. El primer ministro, Juha Sipilä, alega que su país obtiene grandes beneficios del mercado interior y la política comercial de la UE. Por eso está dispuesto a poner más dinero. Pero a cambio pide recortes en la política regional y más fondos en I+D y seguridad.

El presidente Mariano Rajoy, durante la cumbre informal de Bruselas UE

Los que defienden la PAC y los fondos estructurales: España y Francia

En este bando figuran de forma preeminente España, Francia y Portugal. Para ellos lo más importante es salvaguardar las grandes partidas tradicionales, la PAC y los fondos estructurales, antes que modernizar la estructura del presupuesto de la UE. Alegan que las subvenciones agrícolas siguen siendo imprescindibles para garantizar la seguridad alimentaria, la calidad y el desarrollo sostenible en el mundo rural; mientras que las ayudas regionales ayudan a la convergencia y a combatir las bolsas de pobreza incluso en los "países ricos". No descartan aumentar su contribución a las arcas comunitarias, aunque se muestran cautos sobre esta cuestión.

España se encuentra en una situación especial porque en el próximo periodo presupuestario se convertirá en contribuyente neto a las cuentas de la UE. Es decir, por primera vez pagará más de lo que recibe. Durante el periodo 2014-2016, su saldo neto anual se situó en 2.400 millones de media. En el nuevo marco plurianual, el Gobierno de Mariano Rajoy aspira a maximizar los beneficios que pueda obtener de las ayudas europeas. "Es clave, y así lo he defendido, asegurar dotaciones suficientes para la política agrícola común y de cohesión, muy importantes para la UE y España", ha dicho Rajoy al término de la reunión.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk UE

Los que quieren parar el golpe: Polonia y Hungría

El último grupo lo forman los países del Este -en particular los del grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia)-, que en la actualidad son los principales beneficiarios de las ayudas comunitarias. Su prioridad en la negociación es minimizar las pérdidas y parar cualquier golpe que llegue de Bruselas o Berlín. En particular, se oponen a que se les impongan nuevas condiciones para beneficiarse de los fondos europeos: ni la obligación de acoger a refugiados ni el respeto al Estado de derecho.

"Veo enormes problemas relacionados con la aplicación de ese concepto político, porque podría conducir a limitar los derechos de los Estados miembros protegidos por el Tratado", dijo el pasado lunes en Bruselas el ministro polaco de Asuntos Europeos, Konrad Szymanski. Su primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha reclamado también mantener las ayudas agrícolas y regionales. Y reclama estudiar las nuevas fuentes de ingresos que ha propuesto la Comisión, como el impuesto de sociedades, para reducir las contribuciones nacionales. Pero este enfoque tampoco suscita simpatías entre el resto de socios, que no quieren centralizar los ingresos en Bruselas.