Cuatro escollos que amenazan con bloquear el debate presupuestario en la UE

En lo único en lo que coinciden los Gobiernos de la UE es en que la negociación del nuevo presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027, el primero tras el brexit, será "compleja y difícil". Así lo han repetido los ministros de Asuntos Europeos de los 28 durante la primera discusión pública celebrada este lunes sobre las cifras propuestas por la Comisión. Un debate que sólo ha servido para poner de relieve los numerosos puntos de conflicto entre los países contribuyentes y los beneficiarios netos de las ayudas europeas, entre el Norte y el Sur o entre el Este y el Oeste. El comisario de Presupuestos, el alemán Günter Oettinger, ha pedido un acuerdo a tiempo para las elecciones europeas de mayo de 2019 con el fin de generar confianza entre los ciudadanos. Pero lo alejado de las posiciones hace casi imposible cumplir este calendario.

Para cuadrar las cuentas tras la salida de Reino Unido, que dejará un agujero presupuestario de hasta 14.000 millones de euros al año, Bruselas propone un pequeño aumento en el próximo marco financiero: desde el actual 1,03% del PIB comunitario hasta el 1,11%, cifra que representa un desembolso de 1,28 billones de euros en siete años. Sin embargo, plantea recortes en las dos principales partidas, las subvenciones a la agricultura (5%) y los fondos regionales (7%). El objetivo es dejar espacio a un incremento del gasto en las nuevas prioridades: inmigración, seguridad, defensa, I+D y Erasmus. Pero las propuestas de la Comisión no han contentado a ningún Estado miembro. Estos son los cuatro principales escollos que han emergido en el debate.

El tamaño total del presupuesto

El ligero incremento del gasto que plantea el Ejecutivo comunitario ha indignado al grupo de los contribuyentes netos, que lo tachan de "inaceptable". "Una UE más pequeña implica un presupuesto más pequeño y, como consecuencia del brexit, el marco financiero posterior a 2020 debe ajustarse a la baja", ha reclamado el ministro holandés de Finanzas, Stef Blok. Además de Holanda, los países que han exigido que el tamaño total del presupuesto no supere el 1% del PIB comunitario son Finlandia, Dinamarca, Suecia, Chipre y Austria. Estos Gobiernos se quejan de que su contribución a las arcas de la UE aumentará de forma desproporcionada debido al brexit.

En el extremo contrario, Portugal, Grecia o Hungría se han quejado de que las propuestas de Bruselas son poco ambiciosas y se han posicionado en sintonía con la Eurocámara, que pide subir el gasto al 1,3% del PIB. Países como Francia, España o Eslovaquia se declaran dispuestos a aportar más al presupuesto de la UE. Pero la gran novedad esta vez es que Alemania se ha cambiado de bando. Ya no está con los halcones de la austeridad sino que acepta "hacer una mayor contribución financiera", ha dicho el ministro de Asuntos Europeos, Michael Roth. Eso sí, reclama a cambio reformar el presupuesto para hacerlo más moderno y eficaz.

Los recortes a las ayudas agrícolas y regionales

Contra los recortes en los fondos regionales se han levantado todos los nuevos Estados miembros salvo Chipre: Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Malta y Rumanía. Bulgaria no ha expresado su posición porque ocupa la presidencia de turno de la UE, pero previsiblemente se sitúa en el mismo bando. Estos países han defendido la eficacia de la política de cohesión a la hora de acelerar la convergencia económica. Y han pedido que no se les penalice por el fuerte crecimiento económico que han experimentado en los últimos años. De acuerdo con sus cálculos, el tijeretazo real que plantea Bruselas será muy superior al 7% y podría llegar en algunos casos al 40%, por lo que exigen que cualquier reducción de ayudas sea paulatina. "Los recortes en cohesión y agricultura son excesivos", ha dicho también la representante de Portugal, Ana Paula Zacarías, que ha sido secundada por Grecia.

En cambio, Francia, España e Irlanda se han quejado sólo de la reducción del gasto en agricultura, lo que indica que según sus cálculos quedan bien en el reparto de fondos regionales. "No podemos aceptar este recorte radical, que hace que la política agrícola común asuma una parte desproporcionada del coste de la salida de Reino Unido", sostiene la ministra francesa, Nathalie Loiseuau. En contraste, los contribuyentes netos piden que el tijeretazo en agricultura y cohesión sea todavía mayor. "Para financiar el incremento del gasto en migración, seguridad e investigación, debemos reducir el gasto en fondos estructurales y agricultura", reclama el ministro de Exteriores danés, Anders Samuelsen.

La vinculación de los fondos al respeto del Estado de derecho

Por primera vez, la Comisión propone que se congelen los fondos comunitarios a aquellos países que ponen en riesgo el Estado de derecho, en particular la independencia del poder judicial. En el punto de mira están Polonia y Hungría, cuya deriva autoritaria preocupa en Bruselas. Esta condicionalidad ha sido respaldada explícitamente durante el debate por Francia, Alemania, Grecia o Suecia. "Es muy razonable que los Estados miembros defiendan los valores comunes y respeten el Estado de derecho como requisito previo para recibir apoyo de la UE", ha dicho la ministra sueca, Ann Linde.

Como cabía esperar, los países aludidos se han revuelto contra este nuevo mecanismo de condicionalidad. "La propuesta de vincular los fondos al Estado de derecho nos parece una masiva usurpación de poder por parte de la Comisión Europea, que deja demasiada discreción en sus manos" para ejercer presión política, ha protestado el secretario de Estado polaco para la UE, Konrad Szymanski. "Tenemos muchas preocupaciones sobre esta propuesta por su base legal, su proporcionalidad y los criterios utilizados, que son bastante vagos", ha coincidido el representante húngaro, Olivér Várhelyi.

Los nuevos impuestos para financiar la UE

Las nuevas fuentes de ingresos propios para la UE propuestas por Bruselas se han topado con una recepción gélida de los ministros. La Comisión plantea crear una tasa al plástico de 0,80 euros por kilo no reciclado, así como dedicar el 3% del impuesto de sociedades y el 20% de los ingresos del sistema de comercio de emisiones de CO2 a financiar el presupuesto de la UE. Ningún país ha apoyado estas medidas por considerar que podría tratarse de una invasión de competencias nacionales. Es más, Hungría, Malta y Chipre han rechazado expresamente que el impuesto de sociedades se convierta en ingreso propio de la UE. En el otro extremo, Francia o Grecia han pedido que la nueva tasa digital que ha propuesto el Ejecutivo comunitario para que Google, Apple o Facebook paguen más impuestos se utilice para cubrir parte del agujero del brexit.