El exministro de Defensa José Azeredo Lopes ha sido declarado por la Justicia portuguesa como "formalmente investigado" por su actuación durante el robo de armas del depósito militar de Tancos, ocurrido en junio de 2017 y que provocó su dimisión el pasado octubre.
La figura de "formalmente investigado" ("arguido", en portugués) implica que el exministro forma ya oficialmente parte del proceso judicial abierto para dilucidar quiénes fueron los responsables del hurto de explosivos y municiones de Tancos, por el que hay ya otras 22 personas, la mayoría militares, constituidas como "arguidos".
La Fiscalía considera que hay sospechas de que el exministro haya presuntamente cometido los delitos de "prevaricación" y "denegación de justicia" al supuestamente haber entorpecido la investigación del robo, según avanza la prensa lusa, un señalamiento que Azeredo Lopes califica de "inexplicable".
"Siendo cierto que (ser "arguido") me garantiza más derechos procesales, es absolutamente inexplicable teniendo en cuenta los hechos relativos a mi implicación en el proceso, que fue solo de tutela política", afirma en un comunicado remitido a medios locales.
El exministro, que afirma que pasar a ser investigado por este caso le "disgusta" y "abruma" porque "es socialmente destructivo", se dice convencido de que será totalmente liberado de cualquier responsabilidad porque, asegura, no hizo nada "ilegal o incorrecto".
Azeredo Lopes fue objeto de numerosas críticas por supuesto descontrol -llegó a decir en sede parlamentaria que no sabía si se han recuperado todas las armas- y, tras su dimisión en octubre, llegó incluso a ser señalado como conocedor de la trama elaborada por militares para hacer reaparecer lo robado.
El caso de Tancos, que se remonta a junio de 2017, está considerado como uno de los mayores escándalos de los últimos años en Portugal y golpea especialmente el prestigio de sus Fuerzas Armadas, reverenciadas desde la Revolución de los Claveles.
La polémica está motivada en primer lugar por la magnitud de lo robado del depósito militar, explosivos y municiones valorados en 34.000 euros, pero también por la presunta implicación de militares.
La Fiscalía sospecha que la recuperación del armamento, conseguida cuatro meses más tarde a apenas veinte kilómetros del almacén del que fue sustraído, fue un montaje elaborado por varios militares para proteger al presunto autor del robo, un exsoldado con el que guardaban amistad.