La justicia europea ve ilegal la negativa de Polonia, Hungría y Chequia a acoger refugiados

Polonia, Hungría y República Checa incumplieron sus obligaciones en tanto que Estados miembros de la UE al negarse a acoger a ningún refugiado durante la crisis migratoria de 2015-2016. Así lo ha dictaminado este jueves la abogada general del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE), Eleanor Sharpston, que propone que se les condene por este comportamiento ilegal. A su juicio, los tres países no pueden escudarse en el orden público y la seguridad interior para rechazar una medida válida de la UE con la que no están de acuerdo.

El litigio se remonta a septiembre de 2015, cuando la UE aprobó repartirse a 160.000 demandantes de asilo procedentes fundamentalmente de Siria para aliviar la presión que sufrían Italia y Grecia. Este sistema de cuotas obligatorias fue un rotundo fracaso ya que sólo se reubicó a 34.705 personas y provocó una fractura sin precedentes entre el Este y el Oeste. Eslovaquia y Hungría impugnaron sin éxito su legalidad: el TJUE dictaminó en 2017 que el mecanismo era necesario y proporcionado.

Pese a ello, Polonia, República Checa y Hungría se negaron a cumplir sus respectivas cuotas obligatorias. Por este motivo, la Comisión les denunció ante el Tribunal de Justicia por considerar que habían incumplido sus obligaciones de asistir a Italia y a Grecia mediante la acogida de demandantes de asilo.

En su dictamen de este martes, la abogada general desestima el principal argumento que esgrimieron los tres países para rechazar las cuotas obligatorias: que ponían en riesgo el mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior.

El dictamen resalta que el mecanismo sí permitía a los Estados miembros rechazar la reubicación de un solicitante de asilo, pero "sólo cuando existieran motivos razonables para considerar que dicha persona constituye un peligro para la seguridad nacional o el orden público".

"Habría sido perfectamente posible para los tres Estados miembros demandados preservar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos mediante la negativa a admitir a determinados solicitantes", alega la abogada general. "Sin embargo, el derecho de la Unión no permite a un Estado miembro ignorar sin más sus obligaciones", resalta.

A juicio de Sharpston, "el interés legítimo de los Estados miembros en preservar su cohesión social y cultural puede defenderse eficazmente por otros medios menos restrictivos que la negativa unilateral y absoluta a cumplir con sus obligaciones derivadas del derecho de la Unión".

La fractura migratoria sigue sin solución

Los Gobiernos de la UE deben respetar en todo momento "el deber de cooperación leal y el principio de solidaridad". "El respeto del Estado de derecho implica el cumplimiento de las obligaciones legales  que incumben a cada uno. Desobedecer esas obligaciones porque resulten inoportunas o impopulares en un caso concreto constituye un paso peligroso hacia el desmoronamiento de la sociedad ordenada y estructurada gobernada por el Estado de derecho", concluye el dictamen.

Las opiniones de la abogada general no son vinculantes, pero los jueces suelen seguir  sus recomendaciones en un 80% de los casos. El fallo definitivo se publicará en los próximos meses.

Sin embargo, es muy improbable que la sentencia definitiva del Tribunal de Luxemburgo logre poner orden en la política migratoria de la Unión. Los Gobiernos de los Veintisiete han enterrado sigilosamente el sistema de cuotas permanentes y obligatorias que propuso el presidente saliente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, pero todavía no han encontrado alternativas viables.

El mecanismo temporal para repartirse a los migrantes rescatados en alta mar que pactaron Alemania, Francia, Italia y Malta apenas ha logrado adhesiones. Sólo se han sumado Irlanda, Luxemburgo y Portugal. España lo ha criticado porque no cumbre al Mediterráneo Occidental y no piensa participar. Y el bloque del este, liderado por Polonia, Hungría y República Checa, sigue negándose a acoger a migrantes o demandantes de asilo. La presidenta electa de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha prometido empezar de cero con nuevas propuestas en los próximos meses.