Pagadores contra beneficiarios: la guerra por el presupuesto de la UE, en su fase decisiva

Después de año y medio de tregua por el brexit y la renovación de altos cargos comunitarios, la guerra por el presupuesto plurianual de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 entra la semana que viene en su fase decisiva. La hora de la verdad ha llegado. Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete emprenden la recta final de las negociaciones en la cumbre que se celebra en Bruselas el 12 y 13 de diciembre. Un debate que se prevé muy tenso por el choque entre los países ricos contribuyentes a las arcas comunitarias (Alemania, Holanda, Dinamarca, Austria y Suecia) y los principales beneficiarios por su menor nivel de renta (Polonia y los países del Este, pero también España, Portugal y Grecia).

Las hostilidades entre los dos bandos se han reanudado con la primera propuesta de compromiso con cifras que acaba de presentar la presidencia finlandesa de la UE. Helsinki -que en teoría debe ser un árbitro neutral pero en realidad está en el bando de los pagadores- ha propuesto un presupuesto a largo plazo de 1,087 billones de euros para 2021-2027, cifra que equivale al 1,07% del producto interior bruto comunitario. Se trata de un tijeretazo de 47.000 millones de euros respecto a la propuesta original de la Comisión (que equivalía al 1,11% del PIB).

Pero lo más sorprendente son los capítulos en las que Finlandia concentra los recortes. Se trata de todas aquellas partidas que Bruselas consideraba prioritarias para modernizar el presupuesto y hacer frente a los nuevos retos de futuro. En particular, los fondos para seguridad y defensa se desploman un 39,6%; el dinero para migración cae un 24%; las ayudas para I+D, desarrollo y digitalización disminuyen un 8,7%; y la dotación destinada a política exterior baja un 5,2%. El nuevo presupuesto para la eurozona, que ya tenía una asignación raquítica de 17.000 millones para 7 años, ahora se reduce hasta 12.903 millones.

En contraste, el tijeretazo no es tan pronunciado para las políticas tradicionales de la UE, de las que se beneficia particularmente España. El dinero para fondos regionales baja un 4,6% respecto a la propuesta de Bruselas (que ya incluía un tajo del 7%) y la cantidad para política agrícola común y medio ambiente incluso sube un 2,9%. Estas dos partidas continúan acaparando el 66% del gasto de la Unión. 

Del lado de los ingresos, Helsinki propone dos nuevos recursos propios de la Unión Europea. En primer lugar, un 20% de los ingresos del sistema europeo de comercio de emisiones. Y además una nueva tasa sobre el plástico no reciclado equivalente a 80 céntimos por kilo.

La propuesta de compromiso finlandesa tiene la virtud de no haber contentado a nadie. Pese a todos los recortes, todavía está muy lejos del límite del 1% del PIB comunitario que postulan Alemania y el resto de contribuyentes netos. Y ha enfurecido no sólo a los beneficiarios netos del presupuesto de la UE, sino también a la nueva presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, que ve su programa en peligro, y a la Eurocámara, que quiere aumentar el gasto hasta el 1,3% del PIB.

"Estoy preocupada por los fuertes recortes que hay en este plan en comparación con la propuesta de la Comisión", se ha quejado Von der Leyen. Unos tijeretazos que según ha destacado afectan a políticas clave de la agenda estratégica que se ha marcado la UE para los próximos años. "Por ejemplo Frontex, por ejemplo defensa, por ejemplo fondos para la digitalización o para hacer más verde nuestra economía", lamenta la nueva presidenta de la Comisión.

"Por tanto, quiero discutir esto con mis colegas en el Consejo Europeo la semana que viene. Es hora de que trabajemos juntos para garantizar que podamos cumplir los objetivos que hemos acordado", ha anunciado Von der Leyen.

"Nosotros hemos venido defendiendo un presupuesto comunitario suficiente que refleje las prioridades políticas y la ambición que tenemos para la construcción de una Europa más fuerte", sostiene Calviño. España apuesta por un umbral más elevado que el 1,11% que propuso Bruselas y da prioridad a las ayudas agrícolas para acelerar la transición ecológica del campo así como a los fondos estructurales, sin descuidar tampoco partidas como las destinadas al programa Erasmus, a digitalización o a defensa.

Mucho más crítico ha sido el primer ministro portugués, António Costa, que ha escrito un hilo en Twitter en tres lenguas (portugués, inglés y francés) en el que reclama que el plan finlandés sea "claramente rechazado". "En lugar de tender puentes entre la propuesta de la Comisión (1,11%) y de la Eurocámara (1,3%), en lugar de acercarse a la posición de la mayoría de Estados miembros, es una propuesta de confrontación", ha denunciado.

Por su parte, el Parlamento Europeo considera que la agenda estratégica de Von der Leyen sería "imposible de poner en marcha" con las cifras de Finlandia, que "condenarían a la UE al fracaso". "El 1,07% significa que no hay bastante dinero para el Pacto Verde Europeo, no hay bastante dinero para alcanzar los objetivos del acuerdo de París y ciertamente no hay bastante dinero para investigación e innovación", ha dicho uno de los negociadores de la Eurocámara, el verde alemán Rasmus Andresen.

La guerra total entre contribuyentes netos y beneficiarios de las ayudas europeas se repite cada siete años cuando se negocia el presupuesto plurianual. Pero esta vez es diferente por el adiós de Reino Unido. El brexit dejará un agujero de hasta 14.000 millones de euros en las cuentas comunitarias, al que hay que sumar el aumento del gasto por las nuevas prioridades. Ante este panorama, Alemania teme que se dispare la factura que debe pagar a la UE y por ello exige limitar el presupuesto el 1%.

Los jefes de Estado y de Gobierno se habían marcado como objetivo llegar a un acuerdo en la cumbre de la semana que viene. Pero las posturas siguen tan alejadas que ya nadie en Bruselas lo cree posible. De hecho, Von der Leyen le ha pedido al nuevo presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que asuma las riendas de la negociación y busque un pacto a principios de 2020. Cualquier retraso adicional podría significar una interrupción de las ayudas a agricultores, comunidades autónomas, investigadores o estudiantes Erasmus a partir de 2021.