La UE acepta excluir a Gibraltar del acuerdo comercial con Reino Unido como pide España

Los ministros de Asuntos Europeos de los 27 han aprobado este martes por unanimidad su posición de partida, sus líneas rojas a la hora de negociar el nuevo acuerdo de libre comercio con Reino Unido que regirá las relaciones entre Bruselas y Londres tras el brexit. De entrada, el plan de negociación excluye expresamente a Gibraltar del ámbito de aplicación del futuro pacto comercial, tal y como había pedido el Gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, reconoce a España el derecho de veto a la hora de determinar el estatus futuro del Peñón en sus relaciones con la UE.

"Cualquier acuerdo entre la Unión y Reino Unido negociado sobre la base de estas directrices de negociación no incluirá a Gibraltar", señala en su artículo 167 el texto aprobado por los ministros. Eso significa que la posición de la Roca dependerá totalmente de las negociaciones bilaterales entre España y Reino Unido. La UE no descarta crear una mesa específica con Londres sobre Gibraltar para abordar las cuestiones de competencia exclusiva comunitaria, pero lo hará sólo si lo autoriza España, que deberá además dar luz verde a cualquier acuerdo al que se llegue.

El plan negociador refleja así el acuerdo que cerró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el resto de líderes europeos en noviembre de 2018. Entonces, España amenazó con vetar el pacto de divorcio con Reino Unido por considerar que no contenía garantías suficientes sobre Gibraltar. Para evitar el bloqueo, los Veintisiete aprobaron lo que Sánchez calificó de "triple blindaje" sobre el Peñón, un compromiso político que ahora se refleja en el mandato negociador.

En todo caso, el Gobierno de Sánchez descarta absolutamente utilizar este derecho de veto para forzar una negociación con Londres sobre la soberanía de Gibraltar. En el ministerio de Asuntos Exteriores sostienen que sería un cul de sac, un callejón sin salida. "El objetivo es una zona de prosperidad compartida en el conjunto del Campo de Gibraltar, intentar ganar soberanía regulando, disciplinando nuestra relación con Gibraltar por esa vía y no poniendo la bandera en el Peñón", explican fuentes diplomáticas. Tampoco el anterior Gobierno de Mariano Rajoy planteó la cuestión de la soberanía en las negociaciones del brexit.

Sánchez no reclamará la soberanía

En este sentido, el Gobierno presume del Tratado Fiscal que acaba de firmar con Reino Unido sobre Gibraltar, "el primero después del Tratado de Utrecht" por el que se cedió la soberanía del Peñón. "Gibraltar era el mayor agujero de competencia desleal y este Tratado le está costando caro ya a Reino Unido y Gibraltar: se introduce transparencia, se clarifican los criterios para saber si una empresa está en Gibraltar o no. Estamos ya ganando soberanía sin llamarlo soberanía, recuperando soberanía fiscal a lo grande", sostienen las fuentes consultadas.

España y Reino Unido seguirán negociando en los próximos meses sobre la base de este Tratado y de los memorandos firmados sobre tabaco, cooperación policial y aduanera, medio ambiente y derechos de los ciudadanos que aparecen en el Tratado de Retirada. El Gobierno de Sánchez ha pactado con la Comisión que "de momento no habrá mesa de Gibraltar a nivel de la UE hasta que España no dé una señal de que esto es necesario".

"Igual nunca es necesario. La negociación empieza entre Reino Unido y España y si se tocan competencias comunitarias tendrá sentido que haya una mesa en la UE (sobre Gibraltar)", apuntan las fuentes.

En el texto aprobado este martes, la Unión Europea le ofrece a Reino Unido un acuerdo de libre comercio con cero aranceles y cero cuotas. Pero exige a cambio a Londres que no rebaje los estándares sociales, medioambientales y en materia de competencia y ayudas públicas y garantice cero dumping contra las empresas comunitarias. Una exigencia que el Gobierno de Boris Johnson ya ha rechazado porque su prioridad es cortar amarras con las reglas de la UE.

La primera ronda de diálogo entre Bruselas y Londres comenzará la semana que viene. Las dos partes sólo tienen 10 meses, ya que Johnson ha descartado pedir una prórroga al actual periodo de transición, que concluirá el 31 de diciembre de 2020.