El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante una reunión del Consejo Europeo
Bruselas lleva al TJUE la 'Ley de Soberanía' de Orbán por considerar que vulnera derechos fundamentales
La norma húngara atenta contra la privacidad, la libertad de expresión y asociación, el secreto profesional o la presunción de inocencia.
3 octubre, 2024 17:05La Comisión de Ursula von der Leyen da un paso más en su pulso (hasta ahora infructuoso) contra la deriva autoritaria del Gobierno ultra de Viktor Orbán en Hungría, que ostenta este semestre la presidencia de turno de la UE. Bruselas ha decidido este jueves llevar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) la denominada 'Ley de Protección de la Soberanía Nacional' de Hungría por considerar que atenta contra derechos fundamentales como la libertad de expresión e información, la privacidad, la libertad de asociación, el secreto profesional o la presunción de inocencia.
Orbán sostiene que el objetivo de esta norma, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2023, es combatir las injerencias extranjeras que supongan una amenaza para la soberanía de Hungría. Pero las ONG y la oposición han denunciado que se trata de una herramienta para acallar a las voces críticas. La Ley crea una Oficina de Protección de la Soberanía, dotada de amplios poderes de investigación y un estricto sistema de vigilancia y sanciones.
Esta Oficina dispone de una discreción muy amplia a la hora de investigar, en particular en el acceso a la información, y puede intervenir "de manera intrusiva". La Ley exige una amplia publicidad sobre las investigaciones individuales y sus resultados, lo que tendrá consecuencias negativas para las entidades afectadas, incluido "un efecto estigmatizador". Los amplios poderes de la Oficina afectarán "de manera desproporcionada" a ONGs, medios de comunicación y periodistas, según Bruselas.
En febrero de 2024, El Ejecutivo comunitario envió una carta de emplazamiento a Hungría, primera fase de un procedimiento de infracción, en la que expresaba sus preocupaciones. En mayo de 2024, tras considerar insatisfactoria la respuesta de Orbán, Bruselas mandó al Gobierno de Budapest un dictamen motivado en el que reiteraba que la Ley vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Carta de la UE, las libertades fundamentales del mercado interior y la legislación comunitaria en materia de protección de datos.
En respuesta a este dictamen motivado, Hungría alegó que la Ley de Defensa de la Soberanía no infringe el derecho de la UE y que las preocupaciones planteadas eran infundadas.
Tras evaluar detenidamente la respuesta final del Gobierno de Orbán, la Comisión mantiene la mayoría de los problemas identificados, que no se han corregido. En concreto, Bruselas se ratifica en que la norma vulnera varios derechos fundamentales: el derecho al respeto de la vida privada y familiar, la libertad de expresión e información, la libertad de asociación, el derecho al secreto profesional y la presunción de inocencia, que implica el derecho a no autoincriminarse.
El Ejecutivo comunitario también considera que la Ley viola varias libertades fundamentales del mercado interior, la directiva de comercio electrónico, la directiva de servicios y la legislación de la UE en materia de protección de datos. Por todos estos motivos, Bruselas ha decidido denunciar a Hungría ante el TJUE.
Se trata del último de los frentes que la Comisión de Von der Leyen ha abierto contra el Gobierno de Orbán por su deriva autoritaria. El TJUE ya impuso a Hungría el pasado junio una multa de 200 millones de euros por incumplir la ley europea de asilo. La sanción sigue aumentando a razón de 1 millón de euros diario y Budapest se niega a pagar, por lo que el Ejecutivo comunitario ha empezado a descontarle el importe de los fondos estructurales asignados a Hungría.
