La justicia internacional como moneda de cambio: Francia y EEUU 'inmunizan' a Netanyahu a cambio de paz en Líbano

El acuerdo de inmunidad para Netanyahu fue clave en la negociación mediada por Estados Unidos, con un papel destacado de Francia. El 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant y Mohammed Deif, comandante militar de Hamás y arquitecto del ataque del 7 de octubre de 2023 contra civiles israelíes. La decisión del tribunal de La Haya complicó las conversaciones diplomáticas, lideradas por el enviado estadounidense Amos Hochstein durante más de un año.

El alto el fuego, anunciado el 24 de noviembre, incluye el retiro de las fuerzas israelíes del sur del Líbano, la reubicación de las armas de Hezbolá al norte del río Litani y la creación de un comité de supervisión liderado por EE.UU.

Tres días después, el pasado miércoles, Francia anunció que respetaría sus obligaciones internacionales pero consideraría la inmunidad de Netanyahu, facilitando el desbloqueo de las negociaciones. Por su parte, la Administración de Joe Biden también otorgó inmunidad diplomática a Netanyahu, argumentando que no era viable mediar mientras se amenazaba con arrestar a un líder clave. Además, avanzó en la venta de un paquete de armas a Israel por 680 millones de dólares, lo que ha generado críticas frente a la crisis humanitaria en Gaza.

Estos acuerdos marcan un precedente en el uso de la justicia internacional como herramienta diplomática.

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Francia, tradicionalmente defensora de los derechos humanos, ha argumentado que las inmunidades otorgadas a líderes de Estados no miembros de la CPI, como Israel, son consistentes con el Artículo 98(1) del Estatuto de Roma. Sin embargo, esta interpretación ha sido rechazada previamente por la propia CPI en casos como los de Omar al-Bashir y Vladimir Putin. Según Leila Sadat, exasesora especial de la CPI, “el Artículo 27 del Estatuto fue diseñado para eliminar la inmunidad de los jefes de Estado ante tribunales internacionales, y el Artículo 98 no debe leerse como una excepción”.

La postura de Francia contrasta con la de países como Italia o el Reino Unido, que han afirmado que cumplirán con sus obligaciones de arrestar a Netanyahu si ingresa a sus territorios. Esto refleja la falta de unidad en la UE, donde algunos Estados priorizan la justicia internacional mientras otros optan por enfoques estratégicos, debilitando la posición colectiva de Europa en la arena internacional. Josep Borrell, alto representante de la UE, enfatizó esta semana que los Estados miembros están obligados a respetar y ejecutar las decisiones de la CPI. Como escribió el analista estonio Dmitri Teperik, “las divisiones internas de Europa y su falta de coherencia en Gaza han debilitado su capacidad de actuar como modelo democrático”.

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La perspectiva árabe

Las reacciones en Oriente Medio ante las órdenes de arresto y el alto el fuego revelan la animadversión hacia Israel en la región. Líbano, asfixiado por los ataques israelíes contra Hezbolá, aplaudió la decisión de la CPI, considerándola un paso hacia la justicia para las víctimas de los ataques indiscriminados en Gaza. Irak y Jordania han respaldado esta iniciativa, mientras Irán intensificó su retórica, calificando la orden como una victoria moral contra su enemigo histórico. El ayatolá Alí Jamenei incluso exigió la pena de muerte para Netanyahu y Gallant, reflejando la particular visión iraní de la justicia.

Respuesta más tibia ha tenido Egipto, en contraste, que destacó la importancia de respetar las decisiones de los tribunales internacionales, pero sin comprometerse explícitamente. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos reiteraron su apoyo al pueblo palestino y expresaron preocupación por Gaza, evitando comentar directamente sobre la CPI. Siria, aunque crítica hacia Israel, ha centrado su discurso en denunciar la ocupación. Cabe destacar que solo Jordania, Túnez y Palestina son miembros del Estatuto de Roma, reflejando la falta de respeto por el derecho internacional en la región.

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Legalidad y moralidad

El uso de una orden de arresto de la CPI como moneda de cambio plantea preguntas legales y éticas. Según William Schabas, profesor de derecho penal internacional, “la referencia a la inmunidad estatal en el Artículo 98(1) está limitada a la protección de actividades gubernamentales en el extranjero y no debe extenderse a líderes acusados de crímenes internacionales”.

Desde una perspectiva moral, este precedente podría socavar la credibilidad de la CPI y su capacidad de actuar como un tribunal imparcial, especialmente si otros Estados comienzan a adoptar enfoques similares. En esta misma línea, Bruno Cotte, magistrado honorario de la CPI, señalaba en Le Monde esta semana que “la eficacia de la CPI depende del apoyo de los Estados para ejecutar sus decisiones”.

La instrumentalización de la justicia internacional en negociaciones como la de Israel y Hezbolá demuestra la necesidad urgente de que la UE adopte una postura coherente. Sin un enfoque común, Europa corre el riesgo de socavar sus valores fundamentales y perder influencia en una región clave, un vacío que pueden aprovechar Rusia e Irán, como ya sucedió en la guerra de Siria. Al mismo tiempo, el uso pragmático de Macron y Biden de la inmunidad ha logrado, de momento, un alto el fuego necesario.