Irán desata la inteligencia artificial para "maximizar la represión" e imponer a las mujeres el uso del hiyab
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní frena la ley de hiyab para evitar "conflictos innecesarios"
La ley busca poner fin a la falta de uso del velo, un gesto de desobediencia civil que han adoptado numerosas iraníes tras la muerte de Mahsa Amini.
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha instado al Parlamento a detener el proceso de notificación al gobierno e implementación de la controvertida ley de castidad y el hiyab, que impone severas penas a las mujeres que no usan el velo islámico, tras fuertes críticas en su contra. Así ha informado Alireza Salimi, miembro de la Junta Directiva del Parlamento.
Sin embargo, el mandatario reformista, que preside el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, expresó entonces sus reservas acerca de la nueva norma y consideró que provocaría "conflictos innecesarios" en la dividida sociedad de la República Islámica y "alienar" a parte de la población.
La ley busca poner fin a la falta de uso del velo, un gesto de desobediencia civil que han adoptado numerosas iraníes tras la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien puesto el hiyab en septiembre de 2022, cuyo fallecimiento provocó fuertes protestas.
Mujeres vestidas con burka y hiyab. EFE
El presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó la semana pasada que el 13 de diciembre mandaría la ley al presidente Masud Pezeshkian para su firma y posterior implementación. Salimi dijo que en la carta enviada el mismo día al legislativo indica que el Gobierno enviará una nueva enmienda para aclarar las ambigüedades del proyecto de ley de castidad y el hiyab.
La polémica normativa establece castigos para las mujeres que violen el estricto código de vestimenta en el país, con condenas de cárcel de hasta cinco años en caso de reincidencia y multas de hasta 2.000 dólares, cantidad muy por encima de los salarios medios del país.
La falta de pago de las multas conllevarán restricciones en los servicios públicos, como la obtención del permiso de conducir o pasaportes y la confiscación de automóviles, entre otros. Muchos activistas proderechos humanos y organizaciones internacionales han criticado la ley.
Expertos de la ONU han descrito la ley como "una forma de 'apartheid' de género, ya que las autoridades parecen gobernar a través de una discriminación sistemática con la intención de someter a las mujeres y niñas".
Amnistía Internacional (AI) denunció también que la "draconiana" norma intensifica la represión y la persecución contra las mujeres por atreverse a defender sus derechos.
