Puede que las próximas elecciones ya hayan sido convocadas, pero eso no significa que el Gobierno de Pedro Sánchez ya esté cerrando; la pretensión del ejecutivo es aprobar de manera “express” una serie de leyes, antes de que la futura composición del Congreso lo dificulte o incluso no lo permita. Como es de imaginar, se trata de una serie de leyes con un gran valor electoral; como la nueva reforma hipotecaria o leyes de violencia de género y educación.

Excepto una. Hay una ley que probablemente ningún candidato mencione en la próxima campaña; y que incluso algunos del PSOE harán como que no existe. Pero la nueva Ley de Propiedad Intelectual no solo existe, sino que tiene el potencial de ser una de las más importantes para el futuro, no solo de Internet, sino de la comunicación libre. Es la evolución de la llamada “ley Sinde”, que el anterior ejecutivo socialista estableció; y que, sorpresa, no ha dado los resultados que organizaciones como la SGAE querían en la lucha contra la “piratería”.

La ley Sinde, llamada así por la otrora Ministra de Cultura, implementó un nuevo mecanismo para borrar contenido de Internet y cerrar páginas web; en el que la figura del juez es poco menos que anecdótica. Es la Sección Segunda, compuesta de funcionarios del Gobierno, la que debe decidir si una página web vulnera la propiedad intelectual de artistas y creadores.

Como eso de que un funcionario sea capaz de “secuestrar” publicaciones sin rendirle cuentas a nadie no es muy constitucional, una de las medidas que el gobierno de Zapatero introdujo fue la presencia de un juez en el proceso. Un juez que no puede decidir si el contenido censurado es realmente piratería; y sólo atesta que el proceso es legal. Por lo tanto, una mera figura decorativa, más para evitar posibles denuncias al Tribunal Constitucional que otra cosa.

Cómo la nueva Ley de Propiedad Intelectual permitirá cerrar webs

Pero incluso eso es demasiado para organizaciones como la SGAE (que pronto puede ser intervenida) y las grandes multinacionales del negocio de la cultura. Y ahí es donde entra la nueva reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual, fruto de la alianza entre el PSOE, el PP y Ciudadanos; son estos tres partidos los que han dejado de hablar de Cataluña durante cinco minutos para centrarse en otorgar un nuevo poder al Gobierno: cerrar páginas web sin necesidad de un juez.

La reforma supone la modificación del artículo 195.6b de la Ley de Propiedad Intelectual, e incluye los supuestos en los que la Sección Segunda, dependiente del Ministerio de Cultura, no necesitará autorización ni la presencia del juez para ejecutar el cierre y la eliminación de contenido de una página web. La ley se centra en agilizar el proceso de cierre, especialmente en webs que se considera que “reiteran la conducta vulneradora”; es decir, si continúan ofreciendo contenido pirata después de la primera decisión de la Sección Segunda.

La Sección Segunda podrá ordenar el cierre de una web sin necesidad de un juez si:

• La web ha subido el mismo contenido por el que ya fue condenada.
• El propietario de la web retira voluntariamente el contenido y luego lo vuelve a subir.

Cerrar páginas webs sin un juez abre una peligrosa Caja de Pandora

Lo que el Ministerio ve como “agilizar” el proceso, también se puede ver como abrir la Caja de Pandora. Al saltarse los juzgados, el Gobierno establece un peligroso precedente, que puede desembocar en medidas cada vez más extremas para censurar cualquier tipo de contenido en la red. Ese es el gran miedo de quienes están en contra de esta nueva ley: que sea la primera de muchas, y no siempre con la piratería como objetivo.

No es la primera vez que el problema de la piratería se usa como “excusa” para implementar censura en Internet. A nivel europeo, la nueva revisión de la ley de copyright incluye el polémico Artículo 13, que obligará a las webs a implementar filtros que censuren automáticamente el contenido que suben los usuarios. Y de la misma manera que en España, los legisladores europeos prometen que es sólo para evitar que se suban películas piratas; pero la realidad es que los filtros tienen el potencial de ser usados para controlar la libertad de expresión. Al fin y al cabo, es algo que ya se está haciendo con las leyes actuales.

Es muy probable que, con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos, la nueva Ley de Propiedad Intelectual pase por el Congreso sin problemas; la votación está planeada para el próximo 21 de febrero.