En 2017 Apple admitió que estaba realizando una práctica cada vez más común en la industria: obsolescencia programada. ¿Cómo? Estresando iPhones más antiguos con actualizaciones de software, degradando por el camino la batería y haciendo en general que los dispositivos fueran más lentos para forzar a sus usuarios a que compraran un nuevo modelo.
Esto, como es lógico, provocó un gran enfado entre los usuarios de iPhone y desembocó en una serie de demandas por parte de estos. Apple se vio forzada a ofrecer reemplazos de baterías con descuentos especiales, y hoy se han empezado a notar las consecuencias para la empresa de Cupertino. La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión del Fraude (DGCCRF) ha impuesto a Apple una multa de 25 millones de euros, o unos 27.4 millones de dólares por esto.
La sanción se cimenta en la mala práctica de Apple al no informar a sus consumidores sobre el hecho de que actualizar el software de sus móviles los haría más lentos. Sin embargo, estos 27 millones de dólares demuestran ser calderilla para una práctica que tiene muchos peros en su haber.
Apple paga calderilla para evitar acusaciones
iPhone con una Battery Case.
La multa no será la única consecuencia. El DGCCRF impone a Apple a implementar en su sitio web francés un aviso hablando del asunto, y haciendo entender a sus consumidores que Apple los ha engañado. El aviso contendrá los principales detalles del caso, como la denuncia de un grupo de defensa del consumidor en diciembre del año 2017 con respecto a estas prácticas de obsolescencia programada.
La asociación Alto a la Obsolescencia Programada (HAP) presentó una demanda contra Apple basándose en una ley francesa del añó 2015. Esta prohíbe a las empresas dejar obsoletas tecnologías ya instauradas. "Esta es una victoria histórica contra las prácticas escandalosas 'ready-to-rubbish', tanto para los consumidrres como para el medio ambiente", según dijo a la AFP los cofundadores del HOP.
Las actualizaciones de iOS
iOS 13.
El organismo cita las actualizaciones de sistema iOS 10.2.1 y 11.2, las cuáles sirvieron para ralentizar los iPhones más antiguos y drenar su batería más rápido. Esta práctica se hizo para, supuestamente, provocar que los usuarios actualizaran su teléfono más rápido y fueran a por las últimas versiones de iPhone. Apple, como es lógico, no informó en absoluto de todo este asunto.
La multa tiene un carácter irrisorio no sólo por la cantida de dispositivos afectados, sino por su propia naturaleza; la condena habla del 10% de la facturación anual de Apple, y teniendo en cuenta el impacto que han tenido estas prácticas, 25 millones se antojan un coste muy bajo.
El procedimiento lo inició la Fiscalía de París el 5 de enero de 2018 basándose en la denuncia de la asociación Alto a la Obsolescencia Programada (HAP, siglas en francés) tras las quejas de miles de usuarios de los iPhone 6, SE y 7, que habían constatado que sus aparatos iban más lentos después de esa actualización. Apple impide a sus usuarios el volver a versiones anteriores de iOS, por lo que forzaba a estos a quedarse con estas actualizaciones problemáticas.
Irónicamente, la HAP (asociación Alto a la Obsolescencia Programada) inicialmente reprochaba a Apple un delito de obsolescencia programada, pero los investigadores descartaron ese cargo durante la instrucción para orientarse hacia los problemas de información. Por lo tanto, Apple se libra de las acusaciones de obsolescencia programada vertidas sobre ella.
El grupo de la manzana reaccionó con un comunicado en el que insistió en que su objetivo "ha sido siempre crear productos seguros apreciados por los clientes, y una parte importante de eso es hacer que los iPhone duren tanto como sea posible", según EFE.