El PSOE, el partido que posee la presidencia actual de España, ha presentado una enmienda para poder cerrar webs sin orden judicial. La enmienda modificaría la Ley de Propiedad Intelectual, permitiendo eliminar el paso de la orden judicial para poder cerrar una web de Internet.
Lo peor es que la medida presentada cuenta con el apoyo tanto del PP como de Ciudadanos, que también han firmado la propuesta, por lo que tiene todas las papeletas de ser aprobada. Y es que, en realidad, la propuesta no ha sido presentada solo por el PSOE, sino también por el PP y Ciudadanos, de forma conjunto. De hecho, quien la encabeza es el PP.
Si todo sale “bien”, será aprobado en los próximos meses en el Congreso. Solamente hará falta la aprobación de la Comisión SINDE (Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual) para poder cerrar una web.
El problema de esta enmienda es que es todo es un despropósito y un total atropello a la libertad de expresión. Literalmente, y si se quisiese, se podría cerrar cualquier web que piense de forma contraria al gobierno vigente, por ejemplo, y sin dar apenas expiaciones. «Ya no habrá juez en los casos “graves” ni para controlar si el cierre afecta o no a la libertad de expresión», explica David Bravo, un abogado especializado en propiedad intelectual, a Teknautas.
La Comisión SINDE podrá cerrar webs sin orden judicial
«Desde Cultura y el Gobierno siempre se han quejado de que el proceso de cierre de webs llevaba demasiado tiempo. Con esta medida quieren agilizar todo. Pero lo que no dicen es que el problema hasta ahora no eran los tiempos, era que al final un juez siempre tumbaba o denegaba los casos», explica el jurista. Y los casos actuales no se tumban, precisamente, porque es un atropello a la libertad de expresión. Los jueces suponían un problema; ahora ya no.
La libertad de expresión, en juego con esta nueva enmienda
Todo ha sido muy silencioso; de hecho, y si Bravo no hubiera alertado por Twitter de la publicación de esta enmienda en el BOE, a día de hoy no sabríamos acerca de esta modificación. En realidad, la propuesta se pubicó en el BOE el 19 de septiembre, hace ya dos días, aunque fue publicada de manera muy silenciosa. Pero no la conocíamos hasta hace unas horas, cuando el jurista lo publicó en Twitter.
La enmienda presentada, la número 33, modificaría más específicamente el artículo 195.6 de la Ley de Propiedad Intelectual, como vemos en el BOE publicado en la web del congreso:
Concretamente, la nueva enmienda expone: «La ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa». Esto es, en palabras llanas, que no se necesitará resolución judicial para tumbar una web.
El problema es que no solo España, sino también la Unión Europea está planteándose una ley de este tipo para toda la mancomunidad.
«Bienvenidos de vuelta a 2011».
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