Carlos Rodríguez Casado

Opinión

Dictamen de la Comisión Parlamentaria sobre el estraperlo

(26 de octubre de 1935, sábado)

26 octubre, 2015 03:17

José Ángel Mañas

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Resumen de lo publicado.-El escándalo del estraperlo que tiene en la cuerda floja a Lerroux, líder del Partido Radical y ministro de Estado, acrecienta los rumores sobre una crisis en el Gobierno. La comisión parlamentaria encargada de investigar la denuncia emite su dictamen.

Dictamen parlamentario de la denuncia Strauss, publicada por El Debate en su edición de tarde:

“Vista especialmente la relación de hechos que se acompaña, la carta dirigida al señor Presidente de la República, que se da aquí por íntegramente reproducida, en razón de su mucha extensión, sin perjuicio del derecho de los señores diputados a examinarla en la Secretaría de la Cámara, así como cuantos documentos y diligencias integran el expediente, la Comisión tiene el honor de someter a la Cámara el siguiente dictamen:

Primero. Teniendo en cuenta que la comprobación de los documentos que ha sido posible llevar a cabo y las demás diligencias practicadas han evidenciado la autenticidad de aquéllos, la Comisión estima que no se trata de una relación de hechos desprovista de veracidad, y como los en ella expuestos, de ser ciertos, revestirían carácter delictivo, entiende que debe hacerse una investigación a fondo por los órganos judiciales pertinentes, actuando las jurisdicciones especiales, si llegaren a perfilarse claramente indicios de culpabilidad en diputados o ministros, o cualesquiera otras personas que gocen de fuero especial.

Segunda. Las comprobaciones efectuadas de documentos, la lectura del expediente tramitado en la Dirección General de Seguridad y terminado en el Ministerio de la Gobernación, el hecho de haber funcionado una sala de juego en San Sebastián, lo ocurrido en el mencionado Ministerio, aparte del expediente, con ocasión del mismo asunto; lo sucedido en Mallorca, en uno de cuyos lugares de turismo –Formentor- se jugó también durante algunos días con publicidad que, por vía de propaganda, tuvo eco en varios periódicos; las declaraciones recibidas y las presunciones que racionalmente cabe establecer, llevan a la convicción moral de que se han manifestado en quienes intervinieron en los hechos que se examinan, conductas y modos de actual en el desempeño de funciones públicas que no se acomodan a unas normas de austeridad y ética en la gestión y dirección de los asuntos públicos que se suponen como postulado indeclinable.

Tercero. Al proceder a precisar las personas a quienes afecta el particular del número precedente, la Comisión tiene en cuenta únicamente aquellas respecto de las cuales ha adquirido noticia de que ejercen o han ejercido funciones públicas, o bien ostentan o hayan ostentado representación parlamentaria, omitiendo, por tanto, a aquellas a quienes no concurra alguna de las tales circunstancias o las ignore la Comisión.
En su consecuencia, enumera a los siguientes señores:

Don José Valdivia.
Don Rafael Salazar Alonso.
Don Eduardo Benzo Cano.
Don Sigfrido Blasco Ibáñez Blasco
Don Aurelio Lerroux.
Don Juan Pich y Pon.
Don Santiago Vinardell.
Don Miguel Galante.
(…) “.