Junts pel Sí, la principal fuerza independentista catalana fruto de la coalición entre la Convergència de Artur Mas y la Esquerra Republicana de Oriol Junqueras, se niega en redondo a permitir que el barrio de Bellaterra se separe de Cerdanyola, localidad barcelonesa de la que forma parte. Y eso que, en referéndum, el 94% de los 3.000 vecinos de Bellaterra ha votado a favor de la segregación. Y eso, también, pese a que los partidarios de esa segregación esgrimen idénticos argumentos a los que emplea cada día Junts pel Sí para exigir la independencia de España. Los separatistas de Bellaterra justifican su reivindicación por los agravios y la desatención del Ayuntamiento, por la viabilidad económica del barrio si lograra constituirse en municipio independiente y por la ausencia de "un sentimiento de pertenencia social" a Cerdanyola. El problema del independentismo es que nunca está claro dónde termina el ámbito del derecho a decidir: ¿pueden las autoridades catalanas pretender separarse de España y prohibir a la vez que los municipios o las provincias catalanas donde la voluntad de la mayoría es seguir formando parte de España puedan segregarse de su Cataluña independiente? Y, como demuestra este caso: ¿pueden las autoridades catalanas tratar de independizarse de España apelando a una supuesta mayoría social (menos del 50% del censo), y negársela al 94% de los habitantes de un barrio?