El desafío a las instituciones del Estado que ha planteado el Gobierno catalán pone de manifiesto la existencia de un problema político de indudable envergadura que debe tener una respuesta política antes que judicial. La plurinacionalidad que se da en algunos estados compuestos es un fenómeno complejo que no debe sofocarse como si de un incendio se tratase -agua hasta que se apague- porque el recurso al sometimiento o a la imposición de la ley no hace sino exacerbar más el sentimiento soberanista y provocará un efecto llamada que hará crecer aún más sus filas.

Desde las elecciones del 27-S en Cataluña, lejos de remitir la tensión, vivimos episodios que cada vez hacen más complicada una solución pactada al no dejar de sucederse gestos que pueden calificarse como medidas de retorsión, porque a un gesto político poco amistoso de una parte le sucede como respuesta un gesto político también poco amistoso de la otra.

Apoyar la celebración de  un referéndum no significa compartir el proyecto independentista

A la vez que el independentismo catalán está anteponiendo e imponiendo su proyecto político rupturista a toda la población, incluida la que desea seguir perteneciendo al conjunto del Estado, desde la otra empalizada tampoco andan templando gaitas, pues por parte del Gobierno central y de las direcciones de los llamados partidos constitucionalistas se niega la posibilidad de reconocer otra cosa que no sea la unidad de España y la soberanía nacional, llegando incluso a afirmar que quien apoye o reconozca la posibilidad de que un territorio pueda manifestar democráticamente mediante referéndum consultivo si desea seguir perteneciendo a España significa que comparte el proyecto independentista y es partidario de la ruptura. Una lectura sesgada, reduccionista y de trazo grueso en los dos casos que lo que consigue es alimentar una confrontación interesada que no refleja la verdadera dimensión de la realidad.

Aparte de consideraciones que más tienen que ver con el posible coste electoral -que también- es probable que lo que suceda a la hora de escuchar posiciones tan incompatibles entre sí pueda tener que ver a su vez con el concepto patriótico y en cierto modo maniqueo del que se nutren ambos frentes; un aspecto en el que tiene mucho que decir la cultura política que impera y que se puede valorar al contrastar el posicionamiento que sobre el asunto tienen distintas generaciones que comparten espacio público pero no opinión. A la hora de autorizar la celebración de un referéndum consultivo hay en España una posición bien distinta entre quienes se nutrieron de la (a)cultura política que destiló el franquismo y las generaciones posteriores a 1978.

Hay que ser prácticos y no adoptar decisiones que generan  polarización y enquistan la solución

No es casual, por tanto, que en estas latitudes en las que nos movemos se estén levantando difusas e imprecisas fronteras conceptuales y diseñando nuevos marcos teóricos a partir de fundamentos narrativos acordes con las nuevas reglas de juego a fin de dar respuesta a las también nuevas demandas sociales y políticas; y todo, dentro de la indefinición y la transversalidad propia de estos tiempos.

Aceptar con normalidad la celebración de una consulta en Cataluña no supone dejar de pactar o consensuar debidamente las condiciones y términos para su celebración -quién es el sujeto objeto de esa consulta, qué mayoría reforzada sobre el censo se requeriría para tomarlo en consideración, cuál es su validez temporal, etcétera- de modo que pueda aplicarse un instrumento democrático que resuelva el grave conflicto político que actualmente mantiene una parte con el todo, y resolver de una vez por todas la duda de si un territorio del Estado quiere o no seguir compartiendo un proyecto político común de convivencia, ¿o es que acaso los gobiernos que en Canadá o en Gran Bretaña han propiciado referéndums en Quebec y en Escocia son unos independentistas que desean romper la soberanía nacional de sus respectivos países? Nada más lejos, son prácticos y se han dado cuenta que no adoptar una decisión genera una polarización sin visos de solución.

El desgaste del modelo territorial diseñado en 1978 obliga en la actualidad a abordar reformas

Si hubiera una visión estratégica en lo político a la que se sumase una voluntad conciliadora alejada de la confrontación quizá comprendiéramos que ante un problema de esta naturaleza no hay otra forma de abordar la situación que consensuando la celebración de una consulta. En la tesitura presente siempre es mejor dejar votar que encontrarnos con un desafío institucional sin precedentes o de desobediencia civil masiva, y sobre el que ya no cabría una respuesta negociada por parte del Estado capaz de desactivar el conflicto.

Es desde el discurso propio de la pedagogía política desde donde debe defenderse la celebración de una consulta y los pros y contras que tiene un resultado u otro para los intereses tanto de Cataluña como de España -y que pasa por mantener la unidad territorial que existe en la actualidad-, aunque ello implique reformas que haya que abordar por desgaste del modelo territorial diseñado en 1978.

Muchos de los que ahora están votando opciones independentistas no son ni siquiera nacionalistas

Con los datos en la mano, si se analiza objetivamente la evolución de los resultados electorales en Cataluña en los últimos años se puede llegar a la conclusión de que muchos de los electores que ahora están votando opciones independentistas en realidad no son ni siquiera nacionalistas, y que simplemente votan independentismo por el desdén con que han sido y son tratadas sus demandas por los distintos gobiernos centrales.

Ahora bien, tampoco es justo decir que todo es imputable al Estado central pues en ningún caso la falta de responsabilidad de la actual situación hay que buscarla al sur del Ebro. El mayor y más grave error que están cometiendo las formaciones que impulsan el proceso de desconexión de Cataluña con España es considerar que por razones de legitimidad democrática el pueblo de Cataluña representado en su Parlamento tiene carácter de sujeto político y jurídico soberano. Y no es así exactamente.

Nunca un poder constituido puede convertirse ni reconocerse a sí mismo como poder constituyente

Es precisamente mediante el Estatuto de autonomía, como norma institucional básica de una comunidad autónoma, y al amparo de la Constitución, como se reconoce y constituye el pueblo de Cataluña como sujeto jurídico, lo cual nos lleva a considerar que nunca un poder constituido puede convertirse ni reconocerse a sí mismo como poder constituyente. Y no es así porque no puede existir un instrumento habilitante más allá del que proporciona el propio marco constitucional. La independencia puede ser un proyecto político completamente legítimo pero solo puede alcanzarse mediante un proceso pactado, y en su caso votado, que se ajuste a la legalidad constitucional vigente.

No se trata de dar o quitar la razón a tal o cual partido sino de señalar que después de cómo han abordado Canadá y Gran Bretaña sus propias tensiones territoriales, no quedaríamos en buen lugar como país si la UE o las principales cancillerías europeas tuvieran que sugerirnos la celebración de una consulta en Cataluña cuando, encima, todo indica que no la ganarían los partidarios de la independencia.

Guárdate de los idus de marzo, le dijo a Julio César un adivino justo el día en que iba a ser asesinado por Bruto (un 15 de marzo del año 44 a. C.). Si hasta entonces los idus en el calendario romano eran señal de buen augurio, a partir de ese año se tornaron en lo contrario. Nada a priori está escrito en las estrellas, sin embargo hay momentos políticos de especial relevancia que aunque no sucedan en marzo ponen a prueba tanto a los que deben acertar como a los que no se deben equivocar. Y es que, como apuntaba Fernando de los Ríos en clave política, el que tropieza y no cae adelanta camino.

*** Miguel Ángel Yagüe Rollón es funcionario de la Escala Técnica Superior de Administradores de la Universidad Rey Juan Carlos.