¿Y si tampoco hubiera flores en otoño?

Se acabó. Lo que casi nadie deseaba pero muchos temíamos desde la noche misma del 20-D ha ocurrido: tendremos que volver a las urnas por no querer pactar nuestros representantes. Tras fracasar la última ronda con el Rey, ya no hay tiempo hasta el 2 de mayo para lograr una investidura, y parece que los partidos no van a interrumpir siquiera estos días su estéril ping-pong de reproches, con lo bien que les podría venir intentar alguna autocrítica mientras nos respetaran a los votantes el duelo de “sentir, por este orden, perplejidad, frustración e indignación”, que describió el director de EL ESPAÑOL en su última carta dominical, titulada La primavera abortada.

Se avecina pues una aburrida campaña hasta el 26-J centrada en demostrar que los otros no querían pactar. Sobre lo ocurrido en estos meses, no creo que nadie llegue al aprobado: todos anunciaron nada más conocerse los resultados qué combinación de gobierno deseaban sabiendo que de entrada no era la preferida de los otros partidos a quienes proponían incluir en su acuerdo, y ninguno varió su propuesta atrincherándose no en una jerarquía de preferencias sino en unas líneas rojas (referidas con eufemismos varios). La culpa del fracaso es esencialmente proporcional a los diputados que cada grupo parlamentario podía aportar a un acuerdo, agravada (pero esto ya es más subjetivo) por las formas con que se trató a las otras partes o la resistencia a sentarse a discutir.

Si queremos salir de este bloqueo, alguna lección tenemos que aprender. De otra manera, con los mismos candidatos que obtendrán resultados similares y aplicarán el mismo método, bien podemos encontrarnos que esta segunda vuelta no sea sino prolegómeno de una tercera a finales de año. Quizá resulte útil pensar en lo que ni siquiera se ha intentado.

Se han dilapidado cuatro meses aprobando proposiciones convertidas en publicidad partidista

Precisamente porque se sabía que la legislatura podía ser corta, era urgente que los partidos aprovecharan que las Cortes podían empezar a legislar tan solo una semana después de constituirse (en cuanto se han formado los grupos). Se han dilapidado así cuatro meses formando lentamente las comisiones y aprobando solo montones de proposiciones no de ley que se han convertido en una variante de publicidad partidista impresa en el Boletín Oficial de las Cortes.

También se han presentado algunas proposiciones de ley, celebrándose la simple toma en consideración de algunas como una relevante victoria política, a sabiendas de que no había posibilidad de que se trataran sin que cuajara una investidura. Es el caso de todas las que tienen algún impacto económico (más gasto o menos ingresos) puesto que el gobierno debe aceptarlas, y al estar en funciones no puede tomar ese tipo de decisiones que interfieren con los presupuestos generales del Estado.

Sin embargo, sí se habría podido legislar en materias sin impacto económico, entre las cuales están precisamente algunas que contribuyen al clima de desconfianza como es la ley electoral. Puesto que se requería que el Congreso decidiera abordarlas por una lectura única y trámite de urgencia es difícil imaginar que se modificaran largos textos articulados, pero ciertos cambios muy potentes dependían de modificar unas pocas frases. Es el caso de suprimir el voto rogado para los ciudadanos en el exterior que los impide votar en igualdad de condiciones y ha reducido su participación a la sexta parte, o incluso de usar el mismo sistema de reparto de escaños que se usa en el Congreso para el Senado (donde con 33% de los votos el partido ganador obtuvo un 60% de senadores).

Los partidos tienen que entender que están obligados a reunirse, especialmente ante una investidura

Ese cambio habría sido muy útil para que las Cortes que salgan del 26-J pudieran abordar una reforma constitucional ordinaria para cambiar la principal causa institucional que hace difíciles los acuerdos, que es la moción de censura constructiva. En efecto, los partidos saben que aunque se negocia una coalición o un gobierno en minoría alrededor de un pacto, lo que se inviste formalmente es un presidente, libre de elegir a sus ministros y de cumplir o no sus promesas (ante los que siempre se puedan oponer razones sobrevenidas). Su acción de gobierno podría verse entorpecida si no consigue apoyo en el Parlamento para sacar leyes ni siquiera unos presupuestos, pero para que se retire de su puesto contra su voluntad, se requeriría una moción de censura alrededor de un candidato alternativo que lograra una mayoría absoluta en el Congreso.

Esta medida tiene su sentido para favorecer la estabilidad del ejecutivo, pero no compensa si llega a impedir que se forme gobierno porque los partidos no son capaces de confiar que la palabra dada se mantendrá razonablemente durante cuatros años. Podría cambiarse por una mayoría simple para ese candidato alternativo, o mantener la modalidad actual pero añadiendo un tipo de moción no constructiva (sin presentar candidato, sino que se repetirían las elecciones) con una mayoría cualificada de tres quintos. Otros cambios más sistémicos (sistema presidencial, etcétera) requerirían sin embargo una verdadera ponencia constitucional.

También podría haber sido distinto en esta legislatura y esperemos cambie en la siguiente que los partidos entiendan que están “obligados” a sentarse unos con otros. Especialmente para la investidura, si cualquiera le pide reunirse a otro debe aceptarlo -digamos- en un par de días. Y respetarse en que cada uno elija quiénes serán sus portavoces y proponga temas que tratar (aunque desde luego será mucho más eficaz si se ponen de acuerdo en el formato y contenido a tratar). El espectáculo de acusaciones mutuas no ya sobre las “ganas” de pactar, sino hasta de reunirse de cada uno, no debe repetirse.

Hubo un loable ejercicio de PSOE y Ciudadanos de sumar parte de sus programas, pero quedó deslucido

Lo principal en cualquier caso es que se hubiese hablado de veras de proyectos para España. Hubo un loable ejercicio de PSOE y Ciudadanos de sumar parte de sus programas, pero quedó deslucido porque no se justificó su viabilidad con una siquiera sencilla memoria económica, y sobre todo porque el propio debate de investidura se dedicó menos a exponer el fondo del acuerdo que a reprochar a los demás partidos el unirse en rechazarlo.

Muestra de la falta de interés en entenderse fue también no reconocer unos y otros lo muchísimo que se parecen algunas de sus medidas estrella: el ingreso mínimo vital del PSOE unido al complemento salarial de Ciudadanos se asemeja enormemente a la renta garantizada de Podemos. Y el PP -que llegó a empezar la campaña sin programa electoral-, apenas concretó sus propuestas más que allá de asustar con el “o nosotros o el caos”, aunque se acabó sabiendo que habían mentido descaradamente sobre el déficit comprometiendo aún más la precaria recuperación económica.

Todos aseguran desear que las pensiones suban, que el Estado del bienestar se expanda, la educación se reforme, y la administración sea más eficaz… pero no han arriesgado ninguna propuesta de ruptura para un modelo socioeconómico bloqueado, ni explicado la viabilidad del mayor gasto más allá de una fiscalidad “justa” que fía todo a la lucha contra el fraude.

La dirección del PSOE no debería haber abrazado la insustancial propuesta de última hora de Compromís

Como militante del PSOE, me apena que esta ligereza en que han caído todos haya quedado ilustrada al abrazar precipitada e incoherentemente la dirección del partido la insustancial oferta de última hora de Compromís. Cuanto más parca e imprecisa sea una propuesta (lo es prometer el “cambio y el progreso” en treinta líneas, sin cifrar ni analizar su viabilidad), más fácil y menos riguroso es decir que es “compatible” con otras. Espero que los votantes no recuerden especialmente este último episodio del fracaso que -insisto- considero ha sido coral.

Se puede reconocer una mayor sensibilidad y algunos progresos concretos en regeneración democrática, aunque solo hayan prosperado aquellas ideas que cabían en un tuit. Así los escandalosos conflictos en que incurrieron algunos se han atajado con rígidas incompatibilidades que reservan aún más la política a quienes nunca han trabajado fuera de ella, en lugar de explorar soluciones más equilibradas que funcionan en otros países basadas en una mayor transparencia y declaración de intereses. Y al igual que ocurrió en anteriores legislaturas (donde por ejemplo se restringieron las donaciones de empresas a los partidos políticos pero no a sus fundaciones), se ha renunciado mediáticamente a los 250 euros mensuales del bono taxi pero no al “paro bonificado” que reciben los parlamentarios (cerca del triple del máximo que puede recibir cualquier trabajador que pierde su empleo).

Otra opción que merecería haberse explorado dado el bloqueo es la investidura de un presidente que no fuera uno de los líderes de los partidos. Hay que agradecer que Ciudadanos lo planteó pues aunque pueda haber oportunismo en que fueran quienes menos tenían que perder (y por tanto algo que ganar), peor tacticismo fue el de los demás desdeñando una posibilidad perfectamente compatible con la Constitución.

Podríamos haber nombrado un presidente con perfil conciliador, aunque fuera hasta final de año

Por supuesto, no es deseable de entrada que no se pudiera anticipar el candidato en las elecciones, pero tampoco nos imaginábamos la cerrazón a la que hemos llegado. Y no es necesario pensar en poner un “gerente” de cuyas ideas y habilidad política no se conociera nada. Si pensamos en Monti, había sido comisario europeo en dos mandatos bajo presidentes de distinto signo político. En España es el caso reciente de Almunia. O también podemos pensar en perfiles como Bono (mayoría absoluta en su comunidad autónoma durante seis legislaturas, un amplio respaldo como ministro más allá de su partido y presidente del Congreso respetado por la oposición). Se haría mal en menospreciar su legado y su valía aún hoy, o la de Solana, Borrell y muchos otros. Y no cabe duda de que podrían encontrarse en el PP, aunque estén más penalizados por ser el gobierno saliente y cada vez se confunde más la marca con su presidente Rajoy, que lo ha dirigido durante los últimos doce años.

Podríamos pues haber nombrado un presidente con un perfil de político conciliador, aunque fuera hasta final de año, para intentar aprobar los presupuestos e incluso presentar después una moción de confianza: el Parlamento habría seguido funcionando, legislando y con plena capacidad de controlar, en lugar de inmolarse y dejar seis meses más a sus anchas al actual gobierno en funciones.

Por otro lado, si los partidos no se hubieran tratado con tanta desconfianza, quizá habría sido posible abordar las consultas del Rey de otra manera. El artículo 99 de la Constitución solo indica “previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria”, es decir que es posible un mecanismo más ágil que el de ser simple fedatario de acuerdos formados previamente. Nada impide por ejemplo sondear en primer lugar a los partidos más grandes e incluso reunir a varios representantes de partidos juntos para explorar acuerdos. La propuesta de un candidato a presidente del gobierno es la única en la que se reserva al Rey iniciativa política y es fundamental que la ejerza plenamente si es preciso, como hizo Juan Carlos I durante la Transición.

Los líderes tendrían que irse la misma noche del 26-J si no consiguen un voto más que el 20-D

Por último, ya que los líderes de los partidos se permiten todos repetir cartel porque consideran que la culpa de no pactar ha sido de otros, entiendo que tendrán que asumir irse la misma noche del 26-J si no consiguen al menos un voto más que el 20-D (y eso incluye que pueda bajar la participación y quizá se tuvieran que ir todos).

Dado que Madrid es la mayor circunscripción (donde se diluye el efecto del “voto útil”) y la que todos eligen para presentarse, una manera de reflejar ese compromiso sería no ocupar el primer puesto en sus papeletas sino uno más que los escaños que tienen actualmente en esta circunscripción. Así quedaría claro que, o mejoran sus resultados, o ni siquiera se sentarán en el Congreso. No lo harán, y hay quien dirá que es una ocurrencia, pero me parece que sería un valiente gesto.

¿Y los electores podemos hacer algo? Mucho. Destacaría tres cosas: acudir a las urnas pese a todo, militar en los partidos aunque solo sea para votar cuando toca elegir programas y candidatos (el moderado coste de afilarse es poco ante lo que acaba costándonos la mala oferta política que sufrimos), y leer o releer la Constitución para conocer de primera mano las normas del juego y pensar incluso cómo nos gustaría cambiarlas.

*** Víctor Gómez Frías, profesor en ParisTech, es militante del PSOE y consejero de EL ESPAÑOL.