El presidente catalán se someterá en septiembre a una cuestión de confianza en respuesta al último escrache político de la CUP, que este miércoles ha tumbado en el Parlament los Presupuestos de la Generalitat para 2017. Con este anuncio, Carles Puigdemont gana tiempo para intentar escapar del callejón sin salida al que lo aboca la formación anticapitalista y posponer un adelanto electoral. En cualquier caso, al no permitirle aprobar las cuentas públicas, la CUP lo deja sin margen de maniobra tan sólo cinco meses después de haber apoyado su investidura. 

El presidente de la Generalitat huye hacia delante con la esperanza de que un posible cambio de tornas el 26-J propicie la llegada de un Gobierno favorable al derecho a decidir y abra un nuevo escenario en la relación entre la Generalitat y el Estado que le permita salir airoso.

Acelerar el 'procés'

Al votar contra los Presupuestos de Puigdemont y Junts pel Sí, la CUP ha dejado claro que sólo es leal a su programa de ruptura y que no duda en torpedear sus propios acuerdos y deslegitimar al mismo candidato al que dio su apoyo con el objetivo de acelerar el proceso de desconexión. La CUP ha sentenciado la legislatura en Cataluña y ha volado la precaria unidad del bloque soberanista.

Sabedores de la debilidad de Convergència, los anticapitalistas han propiciado un escenario que, en una democracia normal, hubiera exigido la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas. Al optar por una cuestión de confianza a cámara lenta, Puigdemont logra zafarse de momento del precipicio, pero no del yugo que supone estar condicionado por los diez diputados de la CUP.

Manda la CUP

No es la primera vez que Cataluña experimenta la subordinación de la mayoría del Parlament al arbitrio de la minoría. De hecho, tras las elecciones catalanas de septiembre, la CUP condicionó en sus asambleas la agenda política de Junts pel Sí; luego vetó a Artur Mas como candidato; y más tarde obligó a reformular a su gusto la declaración de independencia del 9-N. En cierto modo, la CUP ha sido coherente consigo misma al poner en evidencia la insolvencia del pacto de gobernabilidad.

Ni Convergència ni ERC podían imaginar que su socios necesarios llegarían tan lejos como para poner en la picota no ya el desarrollo de la legislatura en curso, sino también la hoja de ruta independentista, cuya evolución dependía en buena medida de la redistribución de partidas de gasto e inversiones contemplada en las cuentas de la Generalitat. El Govern se ve obligado ahora a prorrogar los presupuestos de 2015, de tal modo que ni las partidas para abrir embajadas y mantener la acción exterior, ni los programas destinados a desarrollar una Hacienda o una Seguridad Social catalanas, por citar sólo algunos ejes del procés, están garantizados.

Cataluña varada

La que estaba llamada a ser la legislatura de la desconexión parece ahora varada por la incompatibilidad de sus apoderados. Con Convergència refundándose, ERC a la espera de convertirse en la fuerza hegemónica del secesionismo y la CUP siempre dispuesta a mover el árbol de la estabilidad, difícilmente la solución a los problemas de Cataluña vendrá de manos de sus actuales gobernantes.

Es importante que esta situación de bloqueo al que el soberanismo ha llevado a Cataluña se tenga en cuenta de cara a las elecciones generales del 26-J. Apoyar a opciones políticas que, como Podemos, asumen el denominado derecho a decidir supone dar pábulo a quienes empujan a Cataluña hacia el abismo.