El régimen chavista ha vuelto a burlarse de la comunidad internacional al suspender este lunes la audiencia de apelación de Leopoldo López en el Palacio de Justicia de Caracas. La juez que debía dirimir el recurso contra la condena a 14 años de cárcel impuesta al líder opositor ha alegado "indisposición física" para postergar la vista sin concretar una fecha.
El aplazamiento se produce después de haber dilatado la tramitación del recurso más de ocho meses sin justificación; después de que el fiscal que acusó a López de instigar las revueltas de febrero de 2014 revelara el amaño de pruebas y testimonios incriminatorios; y después de que la ONU y la UE -además de Amnistía Internacional- hayan reclamado la libertad de este preso político.
Aznar y Zapatero llevan meses haciendo gestiones para intentar mejorar las condiciones de Leopoldo López, a cuya familia en Caracas también ha visitado Albert Rivera. Y si el año pasado Felipe González y el mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso empezaban a asesorar a la defensa del político venezolano, hace unos días se incorporaron a este equipo Alberto Ruiz-Gallardón y el abogado Javier Cremades.
Al exministro de Justicia la treta chavista le ha sorprendido en Caracas cuando se disponía a ver al preso más famoso de Latinoamérica. Ruiz-Gallardón acierta al advertir al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que cuando falla el Estado de derecho, también lo hace la democracia. El problema es que Nicolás Maduro carece del más elemental sentido democrático y utiliza la justicia venezolana como instrumento del aparato represor chavista. Maduro y su gobierno presionan a la comunidad internacional a través de los prisioneros políticos y sus familias.
