El acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos parece más un brindis al sol para presionar al PSOE de cara a la investidura de Rajoy que un compromiso efectivo de reformas para mejorar España. Más aún cuando Sánchez no considera la posibilidad de abstenerse, lo que condena al fracaso al candidato del PP. Podrá alegarse que no estamos ante un programa de Gobierno como el que suscribieron en su día PSOE y Ciudadanos y que también el pacto de El abrazo era una mera declaración de intenciones previa a una investidura fallida.

Sin embargo, mientras el acuerdo entre Rivera y Sánchez ponía en valor la identidad política de Ciudadanos, al hacer confluir a un partido liberal reformista con otro socialdemócrata, parece que el que este domingo han escenificado Girauta y Hernando la constriñe. Es decir, si el pacto de El abrazo alumbraba un gran espacio transversal de centro que daba carpetazo al triste tópico de las dos Españas, este de Los Toros de Guisando -en equívoca alusión de Rajoy- cuya firma Rivera ha delegado en su número dos vuelve a limitar al centro derecha el ámbito de confluencia posible para desbloquear España.

Partido bisagra

No es de extrañar por tanto el empeño de Ciudadanos en subrayar que 100 de los 150 compromisos adquiridos por el PP estaban recogidos en su anterior acuerdo con el PSOE. Hay que reconocer que, tras haber logrado acuerdos indistintamente con PP y PSOE, Ciudadanos reivindica su papel como partido bisagra, llamado a sustituir el papel que históricamente jugó Convergència.

El problema es que al asumir a Mariano Rajoy como un candidato aceptable pese a estar manchado por la corrupción, Albert Rivera pierde la virginidad política con un pacto que, de vernos abocados a terceras elecciones, lastraría quién sabe hasta dónde su discurso.

Corrupción

La ambigüedad e inconcreción con que aparecen las ses condiciones de regeneración defendidas por Ciudadanos bastan para inferir que éste no es el acuerdo que querría Ciudadanos. En materia de lucha contra la corrupción, Rajoy sólo se compromete a apartar a los cargos imputados o encausados formalmente pero no a los investigados; se niega a eliminar las diputaciones; limita la reducción del gasto de las corporaciones provinciales y de las grandes empresas en tan sólo 1.000 millones; y fía a un futuro pacto de Estado la mejora de la democracia interna en el funcionamiento de su partido. Así no se pincha la famosa burbuja política.

No es de extrañar pues que Albert Rivera haya hecho hincapié en el paquete social del acuerdo para disimular lo poco alcanzado en materia de regeneración. Ciudadanos ha tasado su apoyo a Rajoy en un aumento del gasto social de 29.000 millones para sufragar complementos salariales, un plan de choque contra la pobreza infantil, una mejora en la fiscalidad de los autónomos, y un aumento del gasto de dependencia y de los permisos de paternidad, entre otras medidas.

Factura social

El problema es que confiar en que la factura de estas políticas de marchamo socialdemócrata se pueda pagar con los 2.800 millones de euros de ingresos adicionales de la amnistía fiscal, con el recorte de sólo 1.000 millones en el mantenimiento de los pesebres públicos, en la lucha contra el fraude y en el crecimiento económico resulta, como mínimo, voluntarista. Más aún cuando el acuerdo prevé también que no habrá nuevas subidas de impuestos.

A efectos estratégicos cuesta entender por qué Rivera se ha avenido a suscribir un acuerdo con alguien como Rajoy cuando nada indica que el PSOE vaya a facilitar su investidura. En términos políticos y de Estado no cabe duda de que Ciudadanos asume el coste en imagen de su aproximación al PP y pone todo de su parte con tal de evitar la repetición de elecciones. En términos globales es verdad que sería mucho mejor un Gobierno comprometido con este programa que con el del PP. Ciudadanos habrá conseguido mejorar el estado general de la política en España si el PP asume para siempre los compromisos ahora adquiridos. Pero eso habrá que verlo para creerlo.