La decisión del Supremo de abrir una investigación a Rita Barberá por supuesto blanqueo de dinero en el grupo municipal que ella dirigía, la deja en una situación insostenible. La senadora del PP pasa a ser equiparada con los ex concejales de Valencia que están imputados por blanquear 200.000 euros mediante donaciones que posteriormente les eran devueltas en billetes de 500.
Si hasta ahora Barberá podía esgrimir para enrocarse que no estaba formalmente imputada, el auto del Supremo la aboca a asumir su responsabilidad. El Tribunal es claro: dado que ella participó en las donaciones "resultaría incoherente la llamada al resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada". Además, el auto recuerda que la ex alcaldesa ostentaba "una posición de superioridad jerárquica" sobre el resto que hace necesario escuchar sus explicaciones como investigada.
A la evidente responsabilidad política que ya empujaba a Barberá a dejar el Senado, ahora se une el hecho de que ha pasado a convertirse en un lastre muy pesado para su partido en un momento en el que el futuro de Rajoy depende de los acuerdos que pueda alcanzar con otras formaciones. Ciudadanos ya ha avisado de que no cuenten con ellos mientras Barberá siga en su escaño. Todo indica que tiene las horas contadas.
