Horas antes de que los populares valencianos promovieran en las Cortes autonómicas una iniciativa para exigir a Rita Barberá que devuelva el acta de senadora territorial, el levantamiento del secreto de sumario del caso Imelsa dejaba patente hasta qué punto la corrupción política parece incardinada en la historia de esta organización.
Las conversaciones intervenidas a un ex alto cargo de la Diputación de Valencia que según su propia confesión recaudaba comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, no sólo confirmarían la financiación ilegal del PP, sino la implicación en esta trama del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, del ex vicepresidente y diputado nacional Gerardo Camps, del exconsejero de Educación Alejandro Font de Mora y del presidente provincial del partido, Vicente Betoret, entre otros.
Francisco Camps ha negado taxativamente cualquier relación con este asunto. Sin embargo, sea cual sea el desenlace de la investigación judicial, la sombra de la sospecha ya se cierne sobre dirigentes que aún tienen importantes responsabilidades en el PP valenciano. En este sentido, y aun poniendo en valor la presunción de inocencia, el hecho de que Font de Mora y Betoret formen parte del mismo grupo parlamentario que pide la salida de Barberá del Senado para limpiar la imagen del partido resulta ilustrativo de lo difícil que es para el PP de la Comunidad Valenciana romper con un pasado no precisamente ejemplar.
De confirmarse la existencia de cinco cajas b, la lucha entre clanes por acaparar las comisiones y la conexión de la trama valenciana con otra nacional, quedaría claro que el pitufeo en Valencia, por el que será investigada Barberá, es sólo la punta del iceberg. Al PP nacional le toca ahora decidir si se adelanta en la depuración de responsabilidades políticas o si vuelve a ir a remolque de la investigación.
