La magistrada del Constitucional que ha redactado la ponencia que el Tribunal debatirá para determinar si el Parlamento catalán era competente para suprimir la fiesta de los toros en su territorio mantiene una tesis rotunda. Encarnación Roca, de origen catalán, afirma que las corridas forman parte del "patrimonio cultural común" de los españoles y que, por tanto, su regulación básica corresponde al Estado.
Sin aventurarnos a señalar cuál será el fallo del Constitucional cuatro años después de que los toros fueran prohibidos en Cataluña por decisión del Parlament, sí cabe valorar la argumentación de Roca. La juez se limita a dar argumentos jurídicos para concluir que el legislador autonómico invadió competencias reservadas al Estado.
Pero junto a esas razones habría que añadir otras de tipo moral, relacionadas con el tipo de sociedad abierta que las democracias pretenden construir, y que tienen que ver con el derecho a la libertad. Siempre hemos defendido el prohibido prohibir en el caso de los toros. La mejor forma de resover la polémica es que, quien no quiera ver el espectáculo, que no acuda a la plaza.
