Entrevista con Soledad Becerril: "Los libros de texto deberían mostrar el daño que hizo ETA"

Soledad Becerril (Madrid, 1944) aterrizó en la política con 20 años. Desde el día en que pasó a formar parte del partido liberal de Joaquín Garrigues Walker no ha abandonado el papel que asumió por la convicción de que la democracia es el único modo de convivir.

Ante sus ojos han pasado los hechos fundamentales de la España contemporánea: con las primeras elecciones libres obtuvo su primer asiento en el Congreso, la tarde del 23-F vio cómo del techo de la democracia caían algunos casquetes. Ayudó a redactar el Estatuto que reconocía a Andalucía como Comunidad Autónoma, fue objetivo de ETA y vio cómo el terrorismo mataba a su teniente de alcalde en un crimen que aún hoy le hace quebrar la voz.

Becerril fue la primera mujer en entrar al Consejo de Ministros desde la Segunda República -ocupó la cartera de Cultura con Calvo-Sotelo- y desde 2012 ejerce de Defensora del Pueblo, cometido del que por primera vez se ocupa una política, en femenino.

Este año se han cumplido 36 años del 23-F, entonces era usted diputada por Sevilla en el Congreso. España ha cambiado mucho desde entonces, pero ¿las dos Españas se han reconciliado ya?

La reconciliación está lograda. La Transición supuso el paso de la dictadura a la democracia basándonos en una Constitución con la que perseguimos y logramos la reconciliación. Esa fue la Transición. Supuso un tránsito que la sociedad española aceptó pasar y sin ningún proceso revolucionario.

Hemos visto cómo se abrían fosas y se cambiaban nombres de calles, ¿pero qué queda por hacer respecto a la memoria histórica?

Es natural que las familias de las víctimas de la Guerra Civil quieran saber dónde están sus familiares. Es humano y hay que ayudar a aquellos que deseen encontrar a sus parientes. Por tanto, los medios que la ley otorga hay que hacerlos efectivos, no sólo porque es un deseo, sino porque es un derecho.

Sin embargo, creo que en estos momentos lo importante es que esa reconciliación basada en la Constitución y en la Transición la mantengamos día a día. Que mejoremos nuestra democracia, que la revisemos, que la reformemos, teniendo presente una cuestión muy importante: que la democracia es el único sistema político que permite reformas sin tener que acudir a caudillos, sin tener que acudir a procesos revolucionarios. El nuestro es el mejor sistema político de todos los conocidos.

El Defensor del Pueblo ha publicado un estudio sobre la situación de las víctimas de ETA y sus derechos que señala que “se echa de menos una reflexión sobre el daño del terrorismo y sobre la situación de las familias y víctimas”. ¿Se han desentendido los gobiernos de las víctimas?

No, ninguno lo ha hecho. Sí es cierto que hay situaciones pendientes porque los medios que hay hoy para investigar un acto terrorista no son equiparables a los que había hace 10 o 30 años. De los años 70 y 80 aún hay más de 300 causas por atentados de los que no se ha logrado encontrar a los autores y, por tanto, no se han podido llevar a juicio. Comprendo que esas familias que han sufrido la pérdida de una persona quieran que esas causas continúen, que no prescriban. Lo comprendo porque tienen derecho a saber la verdad y eso es muy importante, el derecho a saber qué pasó, quién lo hizo y cómo sucedió.

¿Cuáles son las conclusiones principales del estudio?

Quizá la más importante sea el resultado de analizar catorce libros de texto de distintas editoriales para segundo de bachillerato en la materia Historia de España. Todos dedican una parte a los orígenes y las actuaciones de ETA, pero sólo explican lo que hacían durante el franquismo, muy escasamente hablan del terrorismo durante la democracia. Hay un desequilibrio muy grande en los libros de texto sobre ETA.

A nosotros nos parece que los libros de texto deberían mostrar a los jóvenes el daño tan terrible que ETA ha hecho a más de mil familias. Han matado a niños, a jueces, a periodistas, a concejales, a empresarios… a personas de toda índole y condición que eran simplemente ciudadanos, los mataban porque perseguían acabar con la democracia, con el Estado de Derecho. No se insiste suficientemente en esto.

ETA ya no mata, pero existe una violencia latente que hemos visto no hace mucho en Alsasua, y a raíz de los hechos tres jóvenes serán juzgados por terrorismo. ¿Es la falta de educación lo que nos ha llevado a esto?

Es muy importante que los jóvenes sepan lo que pasó, y sepan quiénes fueron las víctimas y quiénes los verdugos, y que no hay medias tintas. No se puede aceptar que haya personas jóvenes que justifiquen ese desconocimiento porque no vivieron aquellos años. Por supuesto que es un problema de educación.

¿Debería recoger estas cuestiones el gran Pacto Nacional por la Educación al que aspira el Congreso?

Sería muy bueno que dentro de ese pacto se hicieran algunas consideraciones sobre cómo lograr un mayor reconocimiento hacia las familias que han sufrido y siguen sufriendo mucho. Además, convendría que se lograra un acuerdo para tener un programa educativo y una ley de educación que estuviera en vigor durante décadas. Es un disparate estar cambiando cada pocos años de ley y por tanto cambiar los currículos y las etapas educativas.

Hace un mes se cumplió el 19º aniversario de los asesinatos de Alberto Jiménez Becerril y de su mujer, Ascen García Ortiz. Entonces era usted alcaldesa de Sevilla. ¿Qué nos queda por hacer para que de verdad triunfe después de tanta sangre derramada?

Es fundamental que ETA anuncie su disolución y que los terroristas se arrepientan de los crímenes cometidos. Hay que ponerse en la piel de las víctimas y las familias que piden que los autores de los crímenes pidan perdón. Comparto esas peticiones. Cumplir la ley es el único modo para que el Estado de Derecho se refuerce día a día.

En febrero vimos cómo el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta se colapsaba -entraron 900 inmigrantes en tres días-. Una situación que puso de manifiesto la falta de recursos para la acogida de inmigrantes y de un protocolo verdaderamente efectivo.

Para mejorar la inmigración sólo hay un procedimiento, que es actuar en el punto de origen. Hay personas que se ven obligadas, forzadas, a salir por cualquier procedimiento. Eso significa ponerse en manos de redes de traficantes que les exigen dinero y que en muchos casos les embarcan en botes de goma en condiciones infrahumanas. ¿Cómo se puede ayudar a estar personas? Principalmente en el origen de donde salen, en los países donde las condiciones de vida son tan malas que los jóvenes se ven obligados a irse.

Debemos colaborar con esos países. Pero son cosas que no son de un día para otro. Hay que ayudar para que haya instituciones y gobiernos que funcionen, que haya empleo, educación, sistema de salud suficiente... Son programas a medio y a largo plazo, pero esa es la vía y es lo más importante. Cuando eso no existe y viene la gente tenemos que ayudarles. Hay una asistencia fundamental que hacer. En Ceuta y en Melilla se les atiende en los centros de estancia temporal desde el punto de vista médico y humanitario. Tienen alimentación, tienen cobijo… Pero claro, cuando llegan tantos en una noche los centros tienen problemas.

Dice que hay que ayudarles, pero España apenas ha cumplido con un 4% de su compromiso de acogida de refugiados. Estamos a la cola de Europa. ¿Por qué?

Durante un tiempo los problemas para la acogida han estado no en España, sino en los países de transición, fundamentalmente en Grecia e Italia. Pero en los últimos meses ha aumentado el número de personas que han llegado para ser acogidas. Yo asisto a muchas recepciones de refugiados en los aeropuertos de Barajas y el Prat. Hace dos semanas llegaron 66 personas y la pasada más de 100.

Ha sido difícil para la Unión Europea la organización. Había que atender a personas que estaban en distintas ciudades, recoger a las familias, identificarlas suficientemente y emprender el viaje. Creo que ha habido, no sé si ha concluido, un problema de toda la Unión Europea.

Usted ha sido 'primera' muchas veces: primera ministra de la Democracia y primera mujer Defensora del Pueblo. ¿Es usted feminista?

Yo creo que soy la prueba de que la mujer, cuando tiene empeño y voluntad, puede alcanzar determinados puestos y profesiones. Pero es verdad que yo he tenido formación suficiente y eso siempre lo reconozco porque es importantísimo, también para las mujeres.

Las cosas han cambiado mucho. Yo estaba en el Congreso cuando éramos un 5% o menos y ahora hay un 47% de mujeres en el Congreso, y prácticamente similar en el Senado. Ahora la mujer puede alcanzar casi todas las profesiones y todo tipo de actividades.

Hay muchas dificultades en la conciliación, seguramente es una de las causas de la baja natalidad en España

Hace unos días la ministra de Igualdad afirmó que en materia de empleo queda mucho por hacer para garantizar la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Qué opinión tiene usted del techo de cristal?

En la inmensa mayoría de profesiones el techo que tiene la mujer para ascender ya no existe. Su progreso laboral está en función de su conocimiento. Puede que lo haya en algún caso, pero no es general ni mucho menos. No hay muchas dificultades en ese campo.

Y en el campo de la conciliación laboral, ¿qué queda por hacer?

Aún hay muchas dificultades en la conciliación de una vida familiar y una vida laboral. Seguramente ésta es una de las causas de la baja natalidad en España, que es un problema grandísimo que tenemos y el que vamos a sufrir en un futuro inmediato. Pero no sólo es cuestión de un horario para las mujeres, es cuestión de horarios en general, para mujeres y hombres, de tener ayudas suficientes para la educación.

Es muy importante tener ayudas y que se pueda compatibilizar el hogar con el trabajo. Si una mujer trabaja en un restaurante y tiene un niño muy pequeño y tiene que recogerlo a las cinco de la tarde, ese horario hace inviable su vida profesional. En el campo de la conciliación todavía nos queda mucho camino por recorrer.

Los primeros 53 días de 2017 han sido el peor periodo de violencia de género en 10 años, ¿cómo debemos luchar contra esta lacra?

En esta materia hay una cosa fundamental que no es la ley, ni el reglamento, ni la actuación: es la educación. Es absolutamente fundamental educar en el respeto a la persona y a la mujer, a la chica joven, a la niña… Tenemos que ser conscientes de que una ley que impida una agresión o un maltrato nunca será suficiente si no asumimos que el el respeto a la mujer es imprescindible.

Pero ante estas cifras y a corto plazo, ¿se deben revisar los protocolos de actuación?

Se pueden revisar y estoy segura de que se revisan. Las actuaciones policiales y judiciales son muy muy correctas y rápidas, pero la base de todo está en la educación.

¿Usted cree que es violencia de género o machista?

El problema no es la disquisición exclusivamente de la condición de esa violencia, sino por qué se produce, dónde está el origen o por qué no remite. Y creo que la respuesta son los valores. Uno debe aprender desde niño que hay que respetar al otro.

Según la última encuesta del CIS la corrupción es el segundo problema de España. ¿Cómo se combate?

La manera de combatir la corrupción es cumplir la ley y tener administraciones muy transparentes que den cuenta de la utilización de los bienes públicos, de las actuaciones, de dónde provienen los fondos, a quién se los han dado, en función de qué, de quiénes han sido los contratos, cuáles han sido las empresas que han concursado para una determinada adjudicación… toda esa información debe ser pública. La transparencia es un elemento fundamental en la lucha para combatir la corrupción o la tentación de la corrupción.

Habla usted de la transparencia. El otro día se hizo público que Rajoy y Puigdemont se habían reunido en secreto unas semanas atrás. ¿Comunicar este tipo de encuentros favorece a la transparencia democrática?

Que el presidente del Gobierno y un dirigente de una comunidad autónoma mantengan conversaciones de forma reservada es una cosa que no es ningún escándalo, es normal si se quiere llegar a algún tipo de acuerdo. Ahora, cuando se consigue el objetivo sí debe darse cuenta a la opinión pública. Pero que haya reuniones reservadas es el procedimiento para que lleguemos a acuerdos.

¿Nos ha demostrado el ‘caso Nóos’ que la justicia es igual para todos?

Sí, la Justicia en España actúa con independencia y según criterios profesionales.

Los referendos reducen cuestiones fundamentales a una pregunta vaga que no explica cómo puede repercutir en el país

En los últimos años Podemos ha enarbolado la bandera de la gente. De algún modo parece querer ocupar el papel de ‘defensor del pueblo’.

Yo no sé lo que pretende Podemos. Yo lo que hago es a todos los grupos darle la información debida y cuando alguno formula una pregunta contestar con los máximos datos posibles. Yo doy cuenta de todo a todos, no creo que ningún partido político trate de erigirse como defensor del pueblo, nada más que de sus ideas y sus programas.

¿Tiene sentido que haya defensores del pueblo autonómicos?

Así lo han decidido las comunidades autónomas, las asambleas o parlamentos de comunidades autónomas.

¿Le han llegado a usted quejas de ciudadanos catalanes sobre el empleo del castellano en Cataluña dirigidas a usted porque su defensor autonómico no las iba a recibir bien?

Sí, llegan quejas sobre la enseñanza del castellano en centros educativos públicos y concertados catalanes donde no se trata correctamente. Nuestra labor es dirigirnos a la autoridad educativa competente para hacerles llegar los casos.

Usted formó parte de la ponencia encargada de redactar el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Con el problema de Cataluña, la cuestión territorial llva meses en un primer plano. ¿Es usted partidaria de modificar el Título VIII de la Constitución?

Yo no opino sobre lo que deben hacer los grupos políticos ni el Gobierno. Pero la ley hay que cumplirla y la Constitución también. Nuestra Constitución reconoce que España es una nación, que no hay un Estado plurinacional y que la soberanía popular reside en la Cortes Generales. Esto es lo que yo puedo decir.

¿Hay que someter los temas importantes a votaciones populares?

Los representantes de la soberanía popular, congresistas y senadores, son los que mejor pueden transmitir la voluntad, los deseos, los problemas o las circunstancias de los ciudadanos. Por ello, son quienes tienen que tomar las decisiones, los que tienen que decir si hay que hacer una ley o no, y en qué sentido.

Los referendos, en general, reducen cuestiones fundamentales a una pregunta vaga o imprecisa que no explica la consecuencias ni cómo puede repercutir en la vida de los ciudadanos o en la vida del país. Los referendos tienen bastante de trampa.

Entonces, ¿el problema catalán se soluciona en las urnas, en los tribunales o en el Congreso?

Yo no hablo de soluciones, pero sí digo que son el Congreso y el Senado, de acuerdo con la Constitución, los que deciden y toman posición sobre los grandes asuntos del Estado español. Sólo ellos.