Mucho más que una treta: una falta de respeto al Poder Judicial

El planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez de limitar la intervención del Senado en la aprobación de Ley de Presupuestos ha suscitado el debate sobre si semejante forma de proceder, que por algunos se ha calificado de treta o triquiñuela, es respetuosa con nuestro marco constitucional y con la lealtad debida entre las instituciones y poderes del Estado.

La vía escogida para introducir esa limitación es una disposición adicional que se incluirá en una proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados relativa a la formación de los jueces en materia de violencia de género. No voy a referirme a si realmente esa forma de proceder es o no una treta o una triquiñuela. Es un debate jurídico que, desde luego, me interesa pero que esquivo por sus aristas políticas. Sin embargo, esa iniciativa legislativa da para mucho más y, en lo que me interesa destacar, constituye un rotundo ejemplo de falta de respeto del Legislativo (¿y del Ejecutivo?) para con el Poder Judicial y las competencias del Consejo que lo gobierna.

La proposición del Grupo Socialista, adicionalmente a prever la formación de los jueces en materia de violencia de género, introduce importantes modificaciones de su estatuto en aspectos tales como las condiciones de acceso a la carrera judicial, la creación de especialidades, promoción y ascenso o las condiciones de participación en los concursos para concretas plazas judiciales. En definitiva, se van a modificar aspectos nucleares del estatuto de los jueces de España y no se va a oír en ningún momento al Consejo General del Poder Judicial.

Se podrá decir que ese trámite, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, solo es estrictamente obligatorio cuando la iniciativa parte del Gobierno (anteproyectos de ley) pero no cuando la plantea un grupo parlamentario (proposiciones de ley). No lo negaré, conozco la Ley Orgánica del Poder Judicial y es así. Otra cosa completamente diferente es que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial ofrezca margen a las Cortes Generales para someter también las proposiciones de ley y que no hacerlo suponga una manifiesta violación de los estándares europeos sobre la independencia del Poder Judicial.

También se podrá decir que no es la primera vez que sucede y tampoco lo negaré, pero llegados a cierto punto no es posible persistir en el error sin caer en la contumacia: esta misma semana, el Consejo Nacional de la Magistratura de Polonia ha sido expulsado de la Red Europea de Consejos de Justicia, integrada por los Consejos de Justicia de los Estados de la Unión Europea porque, entre otras cosas, la legislación de Polonia no garantiza que ese Consejo sea oído cuando se tramite una norma, o modificación de una norma, que afecte al estatuto de los jueces.

Que el órgano de gobierno del Poder Judicial sea oído cuando de cualquier forma se altere o afecte el estatuto de los jueces constituye un estándar europeo de independencia del Poder Judicial, y desentenderse de ese estándar e ignorar a los jueces y su órgano de gobierno en la tramitación de las leyes que les afectan no es sólo una cuestión de dignidad: el papel esencial del Consejo General del Poder Judicial es velar por la independencia de los jueces y asegurarse de que ese valor esencial no se lesiona, entre otras formas posibles, mediante normas que ignoran las condiciones debidas de independencia. Para eso sirve el informe del Consejo, para detectar y, en su caso, proponer la corrección de normas contrarias a los estándares constitucionales y europeos de independencia del Poder Judicial.

Resulta realmente llamativo que en una única iniciativa legislativa puedan suscitarse tantos debates, y debates diferentes, sobre el respeto debido entre las instituciones y poderes del Estado, pero en lo que concierne al aspecto que he abordado no hay debate posible, sino sencillamente la necesaria corrección de una iniciativa legislativa intensamente desgraciada. Desgraciada como pocas.

*** José María Macías Castaño es vocal del Consejo General del Poder Judicial.