Un aplauso espontáneo, agridulce como el cardamomo, surgió el jueves entre los asistentes a la cena de entrega del premio Forbes al CEO del año, cuando el líder de los empresarios, Antonio Garamendi, mencionó a Isidro Fainé. Era el aplauso de un colectivo agraviado por lo que se percibe como una imputación judicial injusta. También el reconocimiento de un compromiso firme con la economía española, a través de Criteria, y con los sectores más necesitados de la sociedad, a través de la Fundación la Caixa.
El premiado por el jurado presidido por Andrés Rodríguez era, este año, Francisco Reynés -también León de EL ESPAÑOL 2020- en reconocimiento a su labor al frente de Naturgy. Una empresa energética en el foco de todas las miradas, desde que a comienzos de año el fondo australiano IFM anunció su OPA para hacerse con el 20% del capital.
El Gobierno debe decidir antes de que acabe julio si autoriza esta OPA sobre una de nuestras tres principales compañías suministradoras de energía, poseedora de activos tan estratégicos como la conexión gasística con Argelia. Si no lo hace deteriorará la imagen de España como país abierto a la inversión extranjera. “No podemos estar cada mañana en la portada del Financial Times por ese motivo”, me dijo hace poco una de las vicepresidentas del Gobierno.
Pero si da una luz verde sin condiciones, corre el riesgo de que IFM se concierte con los otros dos fondos, CVC y GIP, que ya suman un 40% y España pierda el control de una compañía clave, en un proceso equivalente a lo que ya ocurrió con Endesa. Con el agravante de que, mientras Endesa quedó en manos de una empresa del sector, la italiana Enel, Naturgy estaría a merced de la volatilidad que caracteriza a los fondos de inversión, siempre en pos de la pura rentabilidad.
El camino intermedio que dicta la prudencia es que el Consejo de Ministros permita la OPA con condiciones significativas. Y en esta perspectiva es en la que la determinación de Criteria, brazo inversor de la Fundación la Caixa, de seguir comprando acciones en el mercado hasta alcanzar el 30% del capital -ya supera el 25,4%- adquiere una enorme trascendencia.
“Cuando eso se supo, en la máquina de café de la Avenida de San Luis -sede central de Naturgy- hubo una sensación general de alivio”, cuenta un alto directivo de la compañía. “Desde los ejecutivos a los empleados de base, todos se dieron cuenta de que Fainé acudía al rescate y garantizaba la estabilidad de nuestra empresa”.
Es muy significativo que los tres sindicatos representativos de Naturgy emitieran comunicados de apoyo al movimiento de Fainé. Hay que tener en cuenta que los dividendos de Naturgy nutren casi la mitad del presupuesto de la Fundación la Caixa que en los últimos diez años ha invertido más de 5.000 millones -se dice pronto- en una ingente obra social que ayuda a hospitales, combate la marginación, promueve la sostenibilidad e invierte en cultura con un admirable sentido pluralista.
La apuesta de Criteria ha colocado en bandeja la solución al Gobierno. Bastaría con imponer mayorías reforzadas en la gestión de la compañía, derechos de veto sobre determinadas decisiones estratégicas o restricciones a la concertación entre los fondos para que el interés nacional quedara preservado con Criteria como accionista de referencia.
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Todo esto sucede en un momento crítico en el que la economía española necesita de empresas con credibilidad y fuerza en los mercados, para impulsar y mantener el crecimiento durante los suficientes años como para recuperar el empleo y poder afrontar el pago de nuestra abrumadora deuda. Lo peor que en este contexto podría ocurrirnos es una crisis de reputación que afectara a gran parte de nuestro Ibex 35.
De ahí el estupor con que el mundo empresarial ha recibido los autos del juez García-Castellón, instructor del caso Villarejo, atribuyendo la condición de investigados primero al propio Fainé, a Brufau y a Sánchez Galán a título personal y esta misma semana a Caixabank, Repsol e Ibderdrola Renovables en condición de personas jurídicas.
Aunque coloquialmente sigamos utilizando el más infamante término de “imputados”, no es que en sí mismo ser investigados tenga excesiva gravedad. Puede parecer hasta lógico que si alguien es señalado como responsable de algo, presuntamente delictivo, dentro de un proceso penal, se le cite a declarar con todas las garantías que otorga esa posición.
Pero no nos chupemos el dedo. Todos sabemos lo que implica la “pena de paseíllo” enfrente de las cámaras, la desestabilización anímica que se deriva de estar bajo sospecha durante meses y meses, tal vez años, el daño reputacional a los afectados dentro y fuera de España y la ventana de oportunidad que eso abre para interferir política o mediáticamente en la marcha de sus empresas, alterando su valor en los mercados.
Podría alegarse que es el precio inevitable de la acción de una justicia igual para todos. Pero esa serenidad de juicio se quiebra cuando el fundamento de los sumarios abiertos hoy contra esas grandes empresas -y algunas más que se encuentran en turno de espera- es el supuesto cohecho por contratar a la sociedad de un policía, al que el ministerio del Interior proporcionó todos los medios para fingir que había dejado de serlo.
Eso significa que fue el Estado, a través de la Dirección General de la Policía, quien tendió la trampa en la que cayeron el BBVA, Caixabank, Repsol, Iberdrola y las que vendrán. Porque fue el Estado, o al menos los altos funcionarios que reportaban a cada ministro del Interior, quien pretendía aprovecharse de los servicios que Villarejo seguía prestando como agente encubierto.
Y el colmo de los colmos es que fue también el Estado, a través del CNI, harto de la “competencia desleal” que sufría por parte del ”intruso” Villarejo, quien hizo saltar todo el tinglado por los aires, abocando a ese policía, que a la vez lo era y no lo era, a los numerosos banquillos que le esperan. Pero arrastrando a la vez a cuantos habían picado en el anzuelo urdido y plantado desde la cúpula policial.
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Esto no es una mera elucubración, sino que queda acreditado por los testimonios de los mandos policiales ante la comisión de investigación del caso Kitchen. Según Olivera, exjefe de la UDEF, Villarejo “tenía unas empresas de cobertura” y fue “con posterioridad” cuando él mismo se enteró “de que este señor no está excedente, que está en activo”. Según él, en esa etapa en la que seguía en activo y a la vez contrataba ilegalmente con el IBEX, “Villarejo no tenía despacho en la policía, ni coche oficial, ni teléfono oficial” porque “era todo privado, oculto, con unos fines autorizados por la Dirección General de la Policía”.
Según García Castaño, exjefe de la UCAO, “Villarejo tenía sus empresas… incluso los Directores Adjuntos Operativos (DAO) Linares, Díaz Pintado o Fernández Chico se reunían con él en ese despacho” de Torre Picasso, donde había implantado el grupo Cenyt. Y allí recibía los encargos de esos mandos: “Ha manejado mucho dinero de los fondos reservados que se le ha dado desde la Secretaría de Estado y desde el Ministerio”.
Según Enrique Barón, ex jefe superior de Madrid, Villarejo “fue condecorado, rodeado de los Directores Adjuntos Operativos en un acto que tenía toda la apariencia de ser privado”. O sea como corresponde a un agente secreto, alguien cuya continuidad como funcionario en activo debía ser ocultada con el mayor esmero al mundo exterior.
Respeto mucho al juez García Castellón, tanto por su impresionante trayectoria de servicio público desde que en las navidades del 94 decretó prisión provisional para Mario Conde, como por el hecho de que es el segundo español -ex aequo con Paco Salazar- que más sabe de la Revolución Francesa. Pero me parece incomprensible que esté comprando el argumento de la Fiscalía Anticorrupción de que los jefes de seguridad de las grandes empresas, al ser todos ellos antiguos policías, “tenían que saber” que Villarejo seguía en activo y que por lo tanto era ilegal contratarlo.
Leyendo sus autos impresiona constatar que está poniendo en entredicho a la que probablemente sea la mejor empresa energética del mundo, a una petrolera que destaca por su acelerada mutación hacia la sostenibilidad y a la única gran entidad financiera que ha sobrevivido al naufragio de las cajas porque “la falta de comprobación alguna sobre el servicio activo como funcionario público del señor Villarejo constituye otra omisión que requiere una explicación”. O sea, que los jefes de los jefes de los jefes de seguridad debían haber consultado el escalafón del Cuerpo General de Policía como si se tratara del Registro de Morosos. Incluso si ignoraban que existiera alguien llamado Villarejo. Así es como razonaba Fouquier-Tinville para ir obteniendo condenas y llenando sus carretas.
Viene luego el salto en el vacío de dar por buenas referencias al “jefe” o al “presidente”, en las charlas de café de Villarejo con sus ex compañeros del cuerpo, para dar por hecho que Fainé, Brufau o Galán estaban al tanto de los encargos que se hacían a Cenyt, de que Villarejo estaba detrás de Cenyt y de que recurría a métodos poco ortodoxos o abiertamente ilegales.
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Es verdad que podían estar preocupados por las maniobras eutrapélicas de Luis del Rivero, defenestrado enseguida por su chapucera gestión en Sacyr, o por las aspiraciones legítimas de un competidor a hacerse con el control de sus compañías. Pero de ahí a implicarles en la autorización de prácticas delictivas cinco escalones más abajo en la cadena jerárquica, media un trecho que no puede cubrirse mediante simples inferencias. Ni menos aún mediante pruebas tan fétidas como ese documento en papel oficial de Iberdrola, jamás remitido a nadie, que un directivo que odiaba a Galán entregó en un sobre cerrado hace 17 años a un notario que incumplió su obligación de abrirlo.
Y llegamos por último a lo que finalmente ocurrió. Porque si el resultado de esa trampa, tendida por el Estado a las empresas, hubiera sido coger in fraganti a unos traficantes de drogas, siempre cabría el debate de si el fin justificaba los medios. Pero la realidad es que más allá de las propias acusaciones de cohecho y revelación de secretos, las consecuencias de los trabajos de Villarejo, presuntos o reales, fueron prácticamente inanes.
Iberdrola Renovables ha sido imputada por una factura de 29.000€ pagada hace nueve años por la investigación del presunto alzamiento de bienes de un socio en Rumanía. Es verdad que hay indicios de que, en otras investigaciones, Villarejo incurrió en delitos de revelación de secretos al obtener de manera ilegal una serie de listados de llamadas -solo listados, no transcripciones- y que eso puede hacerse extensivo a los jefes de seguridad que le contrataron. Pero si, por utilizar el título de una famosa trilogía histórica que seguro que también habrá fascinado a García-Castellón, alguien dijera: “Bring up the bodies!”, obtendría el vacío por respuesta.
Porque aquí no hay ni cadáveres ni partes de lesiones, ni siquiera coacciones o amenazas. Tampoco desfalcos o estafas, a menos que los que contrataron a Villarejo comparen lo que pagaron con el valor real de sus servicios.
¿De qué estamos hablando entonces? Sin duda de una cultura turbia que debería erradicarse fulminantemente, estableciendo un severo régimen de incompatibilidades -remunerado si se quiere- que impida a los ex altos cargos policiales trabajar para empresas privadas. Y, por supuesto, de las trapacerías del último espécimen de la timoteca del Celtiberia Show.
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He demostrado estar dispuesto a plantar cara en solitario al presidente de la mayor compañía del IBEX cuando había pruebas fehacientes de que había incurrido en un delito de tráfico de influencias, como corroboraron los tribunales. Tampoco he parpadeado cuando el más poderoso de los banqueros de su tiempo consideraba intolerable que se interpretara de manera distinta a la suya el alcance del indulto otorgado a su consejero delegado.
En esos episodios, que tanto contribuyeron a mi destitución como director del periódico que había fundado un cuarto de siglo antes, no encontré a nadie alrededor. Tampoco pedí solidaridad alguna. Pero eso me otorga alguna autoridad para decir que, a menos que aparezcan nuevos elementos que valoraré con suma atención -sin que se me cayeran los anillos por cambiar de criterio-, este proceso penal no lleva a ninguna parte. Y que solo un Estado idiota deja inermes a sus grandes empresas cuando están siendo víctimas de una OPA lanzada no desde las antípodas sino desde sus propias cloacas.